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El comentario va más allá del análisis concreto de este tipo de declaraciones, ya que reflexiona, de fondo, sobre la adecuación a la legalidad de determinadas declaraciones de los plenos municipales sobre cuestiones que exceden el ámbito territorial del municipio y los intereses de sus habitantes. En otras palabras, la posibilidad de que se sometan a control judicial los conocidos como “actos políticos de gobierno”, máxime cuando pueden tener repercusión jurídica a futuro.

La necesaria discrecionalidad con la que los grupos políticos locales disponen de las aportaciones financieras de su respectiva entidad local para su funcionamiento ha estado acompañada de una innegable opacidad, lo que ha venido siendo un déficit de nuestra democracia local. Frente a esta praxis, debe subrayarse el elevado interés público en la divulgación de esta información, vinculada al mandato de rendición de cuentas.

Si se levanta una sesión del pleno y quedan asuntos sin tratar, se deben incluir obligatoriamente en el siguiente pleno, incluso si es extraordinario. El menoscabo de los derechos de los concejales que se produce si en la segunda sesión se omiten puntos pendientes, se ve acentuado cuando se trata de iniciativas de la oposición.