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La presente entrada tiene por objeto aclarar las diferencias entre dos figuras, afines en nuestro derecho administrativo: la contratación pública y los convenios en su regulación de régimen jurídico del sector público, partiendo de la naturaleza de sendas herramientas al servicio de las Administraciones públicas.

Para garantizar la eficacia y eficiencia mediante el contrato menor es imprescindible que su empleo respete los principios generales. Se trata de una figura caracterizada por su valor, su limitación temporal y tener por objeto prestaciones que no tengan carácter recurrente. Además, en su tramitación no se necesita un procedimiento de licitación, sino que está orientado a una adjudicación directa, por sus notas características de duración y cuantía.

Para depurar la contratación pública irregular, esto es, para habilitar un cauce que permita pagar al contratista su prestación cuando se hayan incumplido las reglas y los procedimientos de contratación pública, existen varias vías. Su viabilidad, régimen jurídico y, sobre todo, sus efectos difieren significativamente y dependen de las circunstancias del caso.

La definición legislativa de la planta local de los tribunales de recursos contractuales ha de ponderar valores constitucionales, como son la eficacia y la autonomía local. En la actualidad, la regulación que la disciplina ha preterido totalmente la autonomía local y ha dado lugar a un sistema de tutela administrativa por la vía de la multiplicación de recursos cuasijerárquicos. Por ello, se aboga por una modificación de esta en la que se incluya una capacidad originaria de los municipios, bien para constituir tribunales de recursos contractuales propios, bien para que estos puedan escoger el atribuir la resolución de los recursos especiales en materia de contratación al órgano (provincial, autonómico o estatal) que deseen, en una nueva aplicación del principio de primacía de la voluntad municipal.

De acuerdo con la legislación autonómica, las entidades locales, para articular la prestación indirecta de servicios sociales, pueden optar entre la celebración de un contrato o de un acuerdo de acción concertada, también denominado concierto social. La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de julio de 2022 (asunto C-460/20, ASADE) plantea serias dudas sobre la viabilidad de esta alternativa.