La transformación de la Administración no consiste simplemente en eliminar trámites o incorporar tecnología. Exige preguntarnos qué hacemos, por qué lo hacemos y qué capacidades no podemos permitirnos perder por el camino.
La Administración pública, como organización social, se ha construido dogmáticamente y se ha concretado en la práctica sobre la base de la centralidad de la persona. La definimos como un conjunto de medios humanos y materiales al servicio del interés general y la articulamos como una suma de órganos a los que se atribuyen legalmente competencias que se ejercen bajo la dirección de una persona, su titular. Con la automatización de la acción administrativa cambia su configuración, pero ¿ha de cambiar también su concepción?
Es mucho lo que se ha escrito en los últimos años sobre inteligencia artificial aplicada al sector público, también para el sector específico de la contratación. Sin embargo, no son tantas las reflexiones que se refieren al momento previo, a la decisión de automatizar. En este post se ofrecen algunas pautas que pueden servir de referencia para adoptar tal decisión.
En este artículo el autor analiza la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 84/2022, de 27 de junio, por la que, en vía de amparo, se anula toda una serie de actuaciones administrativas y procesales por vulneración del derecho de defensa, evidenciando que, con independencia del cumplimiento formal de los requisitos legales para la práctica de las notificaciones, pueden derivarse consecuencias invalidantes en el caso concreto cuando la Administración no actúa con la diligencia que le es debida.
