El Tribunal Supremo resuelve las dudas doctrinales sobre si es dable acudir al procedimiento de revisión de oficio para declarar la nulidad de los convenios interadministrativos. Los argumentos aducidos serían aplicables también a los convenios suscritos con sujetos de derecho privado.
El artículo 68 de la LCSP condicionaba la admisión de determinadas empresas no comunitarias en las licitaciones públicas a la presentación de un informe de reciprocidad. A la luz de la reciente jurisprudencia del TJUE se ha procedido a una reinterpretación contra legem de dicho precepto, de modo que ya no es exigible.
La tradicional prohibición de los criterios de adjudicación con arraigo territorial se ha diluido en materia de residuos y muy probablemente se flexibilice también con ocasión de los novedosos postulados de la Economía Circular.
Los tribunales administrativos de contratación consolidan la doctrina sobre la necesaria vinculación de las características medioambientales al objeto del contrato, como requisito para poder configurarlas como criterios de adjudicación.
El Tribunal Supremo solo permite el cese en los puestos de libre designación si se prueba la inidoneidad profesional sobrevenida del funcionario en el ejercicio de sus funciones. En caso contrario, el cese será nulo con condena de reposición en el puesto.
El Tribunal Supremo confirma la nulidad de la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo a través de un contrato de servicios, por exceder de los límites que su jurisprudencia había establecido en torno a la externalización de procedimientos administrativos.
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha reinterpretado la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en su Sentencia 1493/2023, de 20 de noviembre, de modo que esta no se entiende aplicable a los supuestos en los que no se haya presentado en plazo la documentación acreditativa de los criterios de adjudicación cuando esta se exigía expresamente en los pliegos rectores (los denominados complementos de oferta).
El Tribunal Supremo veta el traslado de la tramitación de procedimientos administrativos a través de la encomienda de gestión, permitiendo solo al órgano encomendado el dictado de actos administrativos de carácter interlocutorio.
El Tribunal Supremo suaviza, en sus últimos pronunciamientos, los límites en la externalización de los procedimientos administrativos a través de encargos a medios propios.
En los últimos años, en seguimiento de los nuevos posicionamientos doctrinales y jurisprudenciales, se ha valorado proyectar determinadas modificaciones legales para atenuar los grandes inconvenientes derivados de la aplicación de las tesis monistas de la nulidad de pleno de derecho en los planes urbanísticos.
