Las políticas de fomento autonómicas dirigidas a los municipios deben regularse mediante un procedimiento que permita el libre ejercicio de sus competencias compartidas. En ningún caso la subvención puede degradar al municipio a la categoría de Administración instrumental de la comunidad autónoma.
Con motivo de la promulgación de la Ley de Financiación Municipal de la Comunidad Autónoma de Aragón se hace una reflexión sobre un tema tan controvertido como poco estudiado: el mandato constitucional para que las comunidades autónomas garanticen suficiencia financiera a las entidades locales
En la medida en que municipios y provincias integran un solo sistema político local, se revelan inadecuados los conceptos de coordinación y cooperación propios de las relaciones intergubernamentales. El procedimiento de concertación jurídicamente articula la asistencia de provincias a municipios, garantizando la efectividad del principio de subsidiariedad.
