Categoría: Servicios públicos

“No existe una mejor prueba del progreso de una civilización que la del progreso de la cooperación” (John Stuart Mill)

Seguimos a vueltas con el histórico problema de la vivienda. El papel de los ayuntamientos debe ser clave, a pesar del olvido al respecto del estatal Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda.

Existe consenso en considerar que un factor determinante de las migraciones interiores está en la disponibilidad y calidad de los servicios públicos que sean capaces de ofrecer las entidades locales. Por tanto, las políticas de lucha contra la despoblación deberían incluir entre sus medidas actuaciones destinadas a garantizar el acceso a los servicios públicos esenciales.

De acuerdo con la legislación autonómica, las entidades locales, para articular la prestación indirecta de servicios sociales, pueden optar entre la celebración de un contrato o de un acuerdo de acción concertada, también denominado concierto social. La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de julio de 2022 (asunto C-460/20, ASADE) plantea serias dudas sobre la viabilidad de esta alternativa.

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, establece importantes obligaciones para las entidades locales en relación con la gestión de los residuos municipales e impone un ambicioso calendario en el que deben implantar la recogida separada de distintos tipos de residuos, así como distintos objetivos de “preparación para la reutilización y el reciclado” de las distintas fracciones.