La relevancia de la prestación de servicios públicos (de calidad) en la lucha contra la despoblación [1]

Si atendemos a los anuncios y declaraciones de los responsables de los distintos niveles de Gobierno, la lucha contra la despoblación rural se ubica dentro de las prioridades de las políticas públicas y se presenta como una de las preocupaciones de la sociedad española, en general. Hay un alto consenso social y político sobre la conveniencia de frenar el proceso de despoblación y, en la medida de lo posible, revertirlo. No se cuestiona que la lucha contra la despoblación es algo que se debe hacer por tratarse de una cuestión de igualdad: se parte de la presunción de que se tiene el derecho subjetivo a vivir donde se quiera y con buenas condiciones y acceso a servicios.

Este consenso generalizado tiene un reflejo en el documento España 2050. Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo, especialmente en el Desafío 5.º (“Preparar nuestro estado de bienestar para una sociedad más longeva”) y el Desafío 6.º (“Promover un desarrollo territorial equilibrado, justo y sostenible”). El despoblamiento ya no afecta solo a la España rural; también se da en muchas ciudades medias, incluidas las capitales de provincia y las cabeceras de comarca. Si estos datos se conectan con los de envejecimiento demográfico en esos mismos municipios, claramente se puede pronosticar un agravamiento muy acusado de la despoblación de esos mismos municipios en la próxima década.

Por tanto, el discurso formal imperante es de un claro apoyo a la lucha contra la despoblación, y esto se refleja en destacadas actuaciones públicas que claramente fomentan la adopción de medidas de consolidación de la vida en el ámbito local. Pero, más allá de este “mundo de imágenes y gestos” (en palabras del profesor Fernando López Ramón), al tiempo, se adoptan medidas o decisiones que resultan incoherentes o se manifiestan como claramente insuficientes: se desarrollan políticas públicas no favorables a la consolidación de la población rural, que no fomentan los servicios en el ámbito local.  Por el contrario, incluso se trata de decisiones o medidas que dificultan el acceso a los servicios y la participación en las decisiones públicas de la población rural: la generalización del modelo de ciudad imperante, los reproches relativos a la insostenibilidad de ayudas vinculadas a la ganadería y al campo o el choque entre los objetivos o políticas medioambientales y los intereses sectoriales del desarrollo ganadero o agrícola, el cierre de centros escolares en el ámbito rural, la supresión de transportes, los reproches de una inadecuada política de prevención de los incendios forestales (también con choque con la política medioambiental), insuficientes políticas de protección del patrimonio cultural, etc. Todo ello pone en evidencia que puede existir en nuestra sociedad cambiante una tendencia al fomento de la concentración de la población en ciudades, más allá de la formalidad de la adopción de medidas de lucha contra la despoblación. Estamos ante políticas públicas que inciden sobre el ámbito local que resultan contradictorias o que no tienen que ver realmente con el reto demográfico: no todo lo rural es reto demográfico.

El discurso formal imperante es de un claro apoyo a la lucha contra la despoblación.

Los intentos de explicación de la despoblación sitúan en el nivel local los factores responsables de este fenómeno. Estos factores están vinculados a procesos demográficos (envejecimiento y baja tasa de natalidad), económicos (menor productividad y diversidad de la actividad económica en las zonas menos pobladas, pocas oportunidades laborales) y de gestión pública (limitaciones en la provisión de servicios). Existe un desequilibrio que las referidas tendencias demográficas producen entre la población activa afectada por el descenso en la tasa de natalidad y una población dependiente cada vez más amplia y con mayores necesidades de servicios y prestaciones sociales.  

En definitiva, existe consenso en considerar que un factor determinante de las migraciones interiores está en la disponibilidad y calidad de los servicios públicos: el mayor atractivo que presentan las ciudades en acceso a servicios, infraestructuras y oportunidades laborales, educativas y de ocio. Pese a los muchos avances acometidos en las últimas décadas, la diferencia entre el mundo rural y el urbano es todavía notable. Ello se debe a que a las Administraciones públicas y a las empresas les resulta más rentable ofrecer servicios en zonas densamente pobladas, donde, por unos costes fijos similares, obtienen una mayor cobertura de necesidades. Esto hace que los servicios e infraestructuras de las zonas rurales estén mucho menos desarrollados.

El envejecimiento y la disminución de población han venido acompañados de un deterioro en el acceso a servicios básicos como la educación, la atención médica, el transporte público o la banca, y han hecho que muchas personas que desean permanecer en el mundo rural se encuentren con más dificultades para lograrlo. Entre los servicios públicos relevantes para la calidad de vida se cuentan servicios esenciales de competencia propiamente local o participados por los municipios, o donde su intervención es determinante, aunque también muchos de competencia supralocal. Además, el vaciamiento de la España rural también ha acelerado el deterioro medioambiental: el difícil acceso a la tierra ha limitado la incorporación de las generaciones más jóvenes a la actividad agraria, y el abandono de muchas prácticas agrícolas y silvícolas ha aumentado la vulnerabilidad ante los incendios, la erosión del suelo o la pérdida de biodiversidad, al tiempo que ha puesto en riesgo el desarrollo de algunas actividades primarias esenciales para el conjunto del país. De forma análoga, la despoblación rural está poniendo en peligro la conservación de una parte importante de nuestro patrimonio material (iglesias, arquitectura popular, caminos, puentes) e inmaterial (dialectos, tradiciones orales, danzas, festejos, técnicas artesanales, tradiciones culinarias), con todo lo que ello supone para el bienestar de la ciudadanía y nuestra identidad cultural.

En definitiva, en la mayoría de los estudios y diagnósticos realizados sobre el problema de la despoblación se considera, entre los elementos para mantener o aumentar población de una entidad local, que es necesario que la entidad local, en función del tamaño poblacional, sea capaz de ofrecer, en cantidad y calidad, los servicios que demandan los ciudadanos. La falta de servicios o su baja calidad, los problemas de accesibilidad o el aislamiento, son elementos determinantes, junto a otros factores, del progresivo abandono que han experimentado las zonas rurales españolas. Partiendo de esta premisa, las políticas de lucha contra la despoblación (plasmadas en los últimos tiempos en los distintos planes de lucha contra la despoblación aprobados por las distintas Administraciones públicas) parece que deberían incluir, sin perjuicio de otras medidas, actuaciones destinadas a garantizar el acceso a las infraestructuras y a los servicios públicos esenciales.

Autor/a: Mónica Domínguez Martín

[1] Estudio realizado en el Proyecto I+D “Políticas y servicios públicos contra la despoblación” (PID2019-105799RB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y dirigido por F. Velasco Caballero y C. Navarro Gómez.