El derecho a una buena administración es un rasgo de la globalización jurídica, con incidencia a nivel mundial, incluyendo Iberoamérica, región donde existe como soft law una Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública, de 2013, impulsada por el CLAD y suscrita por la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, incluyendo a España, que se refiere a él repetidamente.