El 31 de julio de 2023 la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado su estudio: “Gestión de los residuos municipales”, que es consecuencia del encargo realizado a esta entidad por el Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de junio de 2021 correspondiente a la tercera fase del proceso de revisión del gasto de las Administraciones públicas (Spending Review).
Dado que corresponde a los municipios, de forma independiente o asociada, prestar “[c]omo servicio obligatorio, en todo su ámbito territorial, la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos en la forma en que establezcan sus respectivas ordenanzas” [artículo 12.5.a) Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular], dicho estudio es de particular interés para las entidades locales.
El informe parte de la constatación de dos aspectos de gran relevancia: en primer lugar, que “España ha incumplido varios objetivos marcados por la Unión Europea para 2020”, por ejemplo, en relación con la reducción de la generación de residuos y el porcentaje de residuos preparados para la reutilización y el reciclado, y que “[…] corre el riesgo de incumplir los objetivos en los siguientes horizontes temporales [relativos al porcentaje de recogida separada de residuos preparados para la reutilización y el reciclaje y de residuos depositados en vertedero] y ha recibido de la Comisión Europea una alerta temprana en junio de 2023”.
España ha incumplido varios objetivos marcados por la Unión Europea para 2020, y corre el riesgo de incumplir los objetivos en los siguientes horizontes temporales.
Hace constar, también, la manifiesta imprecisión, desagregación e insuficiencia de los sistemas de información relativa a aspectos tanto técnicos como organizativos y financieros del sistema de gestión de residuos, señalando, incluso, que “[l]os datos de recogida de residuos de los que se encarga el INE son discordantes con los datos reportados de forma directa al MITERD [Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico] por las comunidades autónomas”.
Al analizar el marco normativo y estratégico en la materia dedica un apartado específico a las entidades locales. Así, en el ámbito estratégico, se constata que solamente el 10 % de las entidades locales ha aprobado programas de prevención o planes de gestión de residuos, y desde el punto de vista normativo, traslada que existe un número importante de municipios (28 % del total) sin ordenanzas municipales reguladoras del servicio y, las que existen, fueron aprobadas en su mayoría antes de la Ley 22/2011 (el 69 % de ellas) y, en general (60 %), no han sido actualizadas.
Existe un número importante de municipios (28 % del total) sin ordenanzas municipales reguladoras del servicio y, las que existen, fueron aprobadas en su mayoría antes de la Ley 22/2011 (el 69 % de ellas) y, en general (60 %), no han sido actualizadas.
Desde el punto de vista de la técnica jurídica, constata el predominio de utilización de las ordenanzas tipo, desconectadas de la planificación y el ciclo completo de la gestión de los residuos. La participación pública en su elaboración es escasa, el seguimiento de su cumplimiento y la imposición de sanciones poco frecuente, afirmándose que “el 60 % de los ayuntamientos no incoó ningún expediente sancionador de gestión de residuos, mientras que en un 28 % de casos el número total de expedientes en cada municipio no superó el centenar en todo el periodo. De facto, se ha optado por la implementación de un modelo no fiscalizador, que no ayuda a cumplir objetivos”.
El informe continúa analizando aspectos relativos a la gobernanza del sistema de gestión de residuos, sus instrumentos fiscales y de financiación, los sistemas técnicos de recogida y tratamiento, los instrumentos informativos y de concienciación y la responsabilidad ampliada del productor.
Aunque todos ellos son relevantes para las entidades locales, mencionamos solo, por limitaciones de espacio, el énfasis del estudio en que España presenta uno de los mercados de residuos más concentrados de Europa, ostentando unos pocos grupos empresariales de gran tamaño importantes cuotas de mercado, y en la baja calidad de los residuos municipales recogidos, que, en su opinión, “influye negativamente sobre la actividad de los recuperadores y limita los usos de los materiales reciclados”. Se afirma también que “[l]as entidades locales no aprovechan suficientemente la contratación pública para potenciar la reducción de la generación de residuos”, y que “[u]n porcentaje elevado de la población española está desprovista de canales informativos y comunicativos del servicio de recogida”.
España presenta uno de los mercados de residuos más concentrados de Europa.
El estudio incluye la descripción de diversas e interesantes “buenas prácticas”, haciendo especial énfasis en los sistemas de depósito, devolución y retorno (SDDR) y de recogida puerta a puerta, valorando de forma especialmente positiva su implantación en Cataluña.
El estudio finaliza con numerosas propuestas, entre las que podemos destacar, por su directa relación con las entidades locales, las siguientes:
– “Articular iniciativas autonómicas o estatales de apoyo a las entidades locales para facilitar y potenciar la redacción de los programas y planes de prevención y gestión de residuos”.
– “Fomentar un mecanismo de coordinación y apoyo o un organismo especializado en la gestión municipal de residuos, participado por el Gobierno central y los autonómicos, así como por entidades locales, que fomente la excelencia en la gestión y preste apoyo a las entidades locales en la implementación de sus competencias de gestión de los residuos municipales”.
– “Adoptar, cuando no las tenga, o actualizar, cuando no sean recientes, las ordenanzas reguladoras del servicio de gestión de residuos”.
– “Establecer mecanismos de seguimiento que aseguren el compromiso y la participación de los ayuntamientos en los casos en que la gestión de los residuos es prestada por una entidad supramunicipal”.
– “Reasignar recursos en las entidades locales para dotar de personal con mayor especialización en materias de contratación en el ámbito de gestión de residuos”.
– “Mejorar la calidad técnica de los pliegos de licitación de los servicios de recogida de residuos”.
– “Promover activamente el modelo de recogida puerta a puerta (PaP)”.
– “Crear puntos de atención presenciales o virtuales por parte de las entidades locales para la gestión de residuos, dando relevancia al proceso de difusión de dichos canales”.
– “Diseñar las campañas de concienciación ciudadana con un enfoque estratégico”.
El estudio finaliza con numerosas propuestas, entre las que podemos destacar: potenciar la redacción de los programas y planes de prevención y gestión de residuos; coordinación y apoyo; dotar de personal con mayor especialización; modelo de recogida puerta a puerta.
Más allá del indudable interés de cada uno de los “hallazgos” y “propuestas” del estudio de la AIReF analizado en esta entrada, estimamos que este debe considerarse, por su rigor y ambición, como un referente indispensable en el análisis y la implementación de la cada vez más necesaria reforma de la gestión de los residuos municipales en España.
Autor/a: Juan Quereda Sabater