RECURSO DE CASACIÓN
Objeto del litigio
El escenario de la controversia es una parcela ubicada en zona limítrofe entre los municipios de Sagunto y Puzol (Valencia), y resolver la posible ilegalidad o no de la obra ejecutada.
El Ayuntamiento de Sagunto formuló recurso de casación, reiterando los argumentos esgrimidos en instancias previas, contra la Sentencia 472/2023, de 29 de septiembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV (Secc. 1.ª), que desestimó el recurso de apelación 604/2021 interpuesto por el citado ayuntamiento contra la Sentencia 298/2021, de 7 de septiembre, del JCA n.º 2 de Valencia, estimatoria del procedimiento ordinario 78/2020, anulando el acuerdo del Ayuntamiento de Sagunto (9 de enero de 2020) sobre restauración de la legalidad urbanística mediante la demolición de las obras ilegales llevadas a cabo en la finca.
Frente a esta pretensión, se personó el propietario de la finca, la mercantil «Inmuebles Germanells, S.L.», que contaba con licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento de Puzol, ente local que históricamente venía gestionando dicho suelo.
Estos hechos generan una conflictividad sistemática en nuestra geografía local, manifestada en una «guerra» competencial entre ayuntamientos y en el rigorismo formal al ejercitar la disciplina urbanística. Un ejemplo fue la actuación del Ayuntamiento de Sagunto, que pretendió imponer su criterio territorial por la vía de hecho, ignorando la validez de los actos administrativos de su vecino.
Actuaciones judiciales precedentes
El litigio se desencadena cuando el Ayuntamiento de Sagunto ordena, mediante resolución, la demolición de las obras ejecutadas en un predio colindante con Puzol, considerando que la construcción se ubicaba dentro de su término municipal y que carecía de la preceptiva licencia.
Frente a esta actuación administrativa, Inmuebles Germanells interpuso recurso contencioso-administrativo que, una vez juzgado, es estimado en virtud de la Sentencia 298/2021, de 7 de septiembre, del JCA n.º 2 de Valencia, declarándose la nulidad de la resolución municipal impugnada.
Y Sagunto reacciona en contrario, formulando recurso de apelación que es desestimado por la Sentencia 472/2023, de 29 de septiembre, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV (Secc. 1.ª).
Pretensiones casacionales
El recurrente defiende que el acto impugnado es conforme a derecho, interesando la desestimación del recurso contencioso-administrativo promovido por Inmuebles Germanells. Conferido traslado a la parte recurrida para formular oposición, manifiesta su rechazo a los argumentos de contrario y solicita a la Sala que “declare no haber lugar al recurso de casación, acuerde su inadmisión y condene en costas a la parte recurrente”.
La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en clarificar la competencia urbanística en fincas limítrofes entre dos municipios:
(a) eficacia territorial de la licencia de obras concedida por un ayuntamiento;
(b) competencia para la disciplina e inspección urbanística frente a actuaciones del municipio colindante.
Contexto normativo
A juicio del Tribunal Supremo, las normas relevantes para resolver la cuestión de interés casacional (FJ 1) son los artículos 12.1, 21.1.g) y 25.2.a) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como los artículos 11.3 y 12 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, sin excluir la eventual aplicación de otros preceptos exigidos por el debate procesal.
Por su parte, el Ayuntamiento de Sagunto fundamenta el recurso en la infracción de diversos preceptos de la legislación de régimen local, urbanística, hacendística y de población y cartografía territorial, considerando que la sentencia impugnada realizó una interpretación errónea del marco competencial y normativo aplicable.
CRITERIOS DE ENJUCIAMIENTO
El pronunciamiento del Alto Tribunal se fundamenta en varias cuestiones clave para interpretar y aplicar el derecho vigente:
(a) En la delimitación de linderos, ¿prevalece el Catastro o el Registro de la Propiedad?
Si bien la finca constaba inscrita en el Registro de la Propiedad en el término de Sagunto, el Catastro situaba la totalidad de la parcela en Puzol, ayuntamiento que además prestaba los servicios mínimos (agua, luz, recogida de basuras) y giraba el IBI.
Según doctrina y el criterio de las instancias previas en cuanto a valorar la ubicación de la parcela, en este supuesto de discordancias fácticas respecto a la superficie o linderos, prevalece el Catastro sobre el Registro de la Propiedad, porque este Registro únicamente da fe de la existencia de los derechos inscritos, no de los linderos ni de la superficie de una parcela.
Según doctrina y el criterio de las instancias previas en cuanto a valorar la ubicación de la parcela, en este supuesto de discordancias fácticas respecto a la superficie o linderos, prevalece el Catastro sobre el Registro de la Propiedad, porque este Registro únicamente da fe de la existencia de los derechos inscritos, no de los linderos ni de la superficie de una parcela.
(b) Autonomía de planeamiento y prohibición de licencias supramunicipales (FJ 2)
¿Cuál es la viabilidad jurídica de proyectar una edificación sobre una línea divisoria municipal?
Si un terreno está dividido entre dos términos municipales, resulta de aplicación el planeamiento urbanístico correspondiente a cada municipio en su respectiva porción. No es legalmente admisible una licencia urbanística única que ampare una edificación situada entre dos municipios.
Si un terreno está dividido entre dos términos municipales, resulta de aplicación el planeamiento urbanístico correspondiente a cada municipio en su respectiva porción. No es legalmente admisible una licencia urbanística única que ampare una edificación situada entre dos municipios.
Cada ayuntamiento tiene potestad exclusiva sobre la fracción de terreno situado en su propio término, y no cabe extender sus potestades al municipio colindante.
(c) Deslinde obligatorio en caso de discrepancia de límites (FJ 2 y FJ 3)
La existencia de una duda real sobre el deslinde entre dos términos municipales impide considerar indubitada la competencia urbanística de cualquiera de ellos. Sin embargo, un ayuntamiento no puede imponer su criterio de forma taxativa y unilateral al colindante.
La única vía legal para solventar esta controversia es tramitar el preceptivo procedimiento legal-administrativo de deslinde y amojonamiento. Mientras no se determine formalmente, los municipios implicados no pueden atribuirse unilateralmente la competencia sobre el ámbito territorial controvertido. Si se actúa de otro modo, se incurriría en un vicio de nulidad de pleno derecho por la falta de competencia y por omisión total y absoluta del procedimiento legalmente exigible.
La única vía legal para solventar esta controversia es tramitar el preceptivo procedimiento legal-administrativo de deslinde y amojonamiento. Mientras no se determine formalmente, los municipios implicados no pueden atribuirse unilateralmente la competencia sobre el ámbito territorial controvertido.
(d) Presunción de validez de los actos administrativos(FJ 1 y FJ 2)
Uno de los excesos competenciales cometidos por el Ayuntamiento de Sagunto fue ignorar la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Puzol, considerándola nula de forma unilateral.
El Tribunal Supremo recuerda que los actos administrativos gozan de la presunción de legalidad, legitimidad y eficacia (artículo 39 de la Ley 39/2015), vinculando tanto a ciudadanos como a otras Administraciones públicas. Y una Administración carece de competencia para declarar por sí misma la nulidad de un acto dictado por otra. Si Sagunto consideraba ilegal la licencia de Puzol, su vía legal era impugnarla ante el contencioso-administrativo o instar a Puzol a su revisión de oficio.
El Tribunal Supremo recuerda que los actos administrativos gozan de la presunción de legalidad, legitimidad y eficacia (artículo 39 de la Ley 39/2015), vinculando tanto a ciudadanos como a otras Administraciones públicas. Y una Administración carece de competencia para declarar por sí misma la nulidad de un acto dictado por otra.
SENTIDO DEL FALLO: discrecionalidad territorial vs. legalidad administrativa
El Tribunal Supremo asume los razonamientos de las resoluciones de instancia y se pronuncia en los siguientes términos:
- Desestima el recurso de casación (FJ 3), considerándose que la resolución impugnada desconoce la eficacia de actos administrativos previos y licencias que eran firmes, sobrepasando la delimitación del territorio y declarándose que concurren las causas de nulidad previstas en el orden jurídico vigente.
- Impone a Sagunto condena en costas por apreciar temeridad procesal (FJ 4), al ignorar las decisiones judiciales previas y obviando de manera flagrante el principio de que la edificación estaba amparada por una licencia municipal que había adquirido firmeza.
La STS viene a recordar que la potestad de control no habilita a los ayuntamientos a modificar unilateralmente las fronteras, y que el territorio no es solo una extensión de suelo, sino la base jurídica que delimita la soberanía y la competencia local.
Autor/a: María José Molina García