En 2014 una Ley ordinaria, imaginada como una especie de anticipo de una reforma constitucional que nunca se produjo, transformó las provincias italianas en entes de segundo grado, despojándolas de recursos materiales y de personal. Hoy las provincias, sin dejar de ser entes constitucionalmente necesarios, no están en condiciones materiales de servir a los intereses de sus territorios.