La contratación menor en el ámbito local no es tanto la bestia a batir cuanto el animal a domesticar para garantizar su aportación positiva a la economía, eficiencia y eficacia de la entidad contratante. Su pervivencia no debiera preocupar tanto como la inaplazable necesidad de dotar de mayor seguridad jurídica a los gestores públicos para su correcta realización.