En una anterior contribución se analizó cómo la sentencia del TJUE de 14 de abril de 2026, asunto Obadal (C-418/24), había cuestionado la suficiencia de las respuestas previstas por el ordenamiento español frente al abuso de la temporalidad en el empleo público. El TJUE no diseñó, sin embargo, una respuesta concreta, por lo que correspondía a los tribunales españoles determinar sus consecuencias. Apenas unos meses después, las primeras resoluciones permiten identificar tendencias especialmente relevantes para las entidades locales.
El TJUE no diseñó una respuesta concreta, por lo que correspondía a los tribunales españoles determinar sus consecuencias. Apenas unos meses después, las primeras resoluciones permiten identificar tendencias especialmente relevantes para las entidades locales.
Obadal modificó el punto de partida del debate. Aunque no impuso la conversión automática del personal temporal en fijo, exigió que las medidas nacionales fueran efectivas, proporcionadas y disuasorias. La cuestión ya no consiste solo en identificar los instrumentos previstos formalmente por el ordenamiento, sino en comprobar si ofrecen una respuesta adecuada frente al abuso.
La primera reacción de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo pareció apuntar hacia una lectura continuista. El ATS 4204/2026, de 29 de abril (rec. de queja 127/2026), dictado apenas dos semanas después de la sentencia Obadal, no resolvía todavía el fondo de un recurso de casación, sino un recurso de queja interpuesto por un funcionario interino contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de no tener por preparado el recurso de casación. El litigio giraba en torno a la ausencia de una medida efectiva para sancionar y reparar el abuso de la temporalidad y a la suficiencia —o insuficiencia— del mantenimiento del empleado en su puesto hasta la cobertura reglamentaria de la plaza. Al confirmar la decisión del tribunal de instancia, la Sala Tercera afirmó que la sentencia Obadal no obligaba, por sí sola, a rectificar su doctrina consolidada sobre la temporalidad en el empleo público. Esto es, la nueva sentencia del TJUE no justificaba automáticamente reabrir el debate casacional ni implicaba, por sí misma, un cambio del modelo español.
La evolución posterior muestra, sin embargo, que el debate continúa abierto y que las distintas jurisdicciones están construyendo respuestas propias a partir del estándar fijado por el TJUE.
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha sido la primera en ofrecer una respuesta sistemática al impacto de Obadal respecto del personal laboral de las Administraciones públicas. Lo hizo inicialmente mediante la STS 475/2026, de 11 de mayo, dictada por el Pleno, ponente Juan Molins García-Atance (rec. 3543/2023), que rechaza que la jurisprudencia europea imponga automáticamente la fijeza, pero deja de considerar al indefinido no fijo una respuesta suficiente frente al abuso. A partir de ahí, articula un sistema basado en la eventual fijeza cuando el modo de acceso lo permite, la reparación de los daños, la intervención de la Inspección de Trabajo y la continuidad de la relación hasta que concurra una causa válida de extinción.
La STS 578/2026, de 30 de junio, dictada por el Pleno, ponente Sebastián Moralo Gallego (rec. 5544/2023), desarrolla esa construcción en el litigio que dio lugar a Obadal. Como la trabajadora no había superado un proceso selectivo de acceso a personal fijo, la Sala descarta la fijeza, declara el abuso y reconoce el derecho a reclamar la correspondiente indemnización, manteniéndose la relación laboral hasta su válida extinción.
Los tribunales superiores de justicia han comenzado a concretar esa doctrina. La STSJ de Aragón, Sala de lo Social, de 1 de junio de 2026 (rec. 249/2026), reconduce la respuesta extintiva a la indemnización de veinte días por año, con el límite de doce mensualidades. Por su parte, la STSJ de Cataluña, Sala de lo Social, de 3 de junio de 2026 (rec. 3626/2025), reconoce además 5000 euros por daños morales y acuerda remitir testimonio a la Inspección de Trabajo. Y la STSJ de Galicia de 21 de mayo de 2026 (rec. 314/2026) considera que la adquisición de la condición de personal fijo mediante estabilización no comporta una extinción indemnizable cuando existe continuidad real de la relación de empleo. La jurisdicción social desplaza así el debate desde la existencia del abuso hacia la determinación de una reparación efectiva.
La recepción de Obadal por la jurisdicción contencioso-administrativa presenta, por el momento, un panorama más fragmentario. La Sala Tercera del Tribunal Supremo no ha dictado todavía una sentencia de fondo que reexamine su doctrina sobre el abuso de la temporalidad tras la resolución de la Gran Sala.
Las primeras respuestas de los tribunales superiores de justicia muestran, sin embargo, una mayor diversidad. Así, la STSJ de Illes Balears, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia 304/2026, de 22 de mayo (rec. 256/2022), aprecia la existencia de abuso y reconoce al funcionario interino el derecho a permanecer en la relación de empleo hasta la cobertura reglamentaria de la plaza. Por su parte, la STSJ del País Vasco, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª, Sentencia 146/2026, de 29 de abril (rec. 572/2025), admite que la respuesta articulada por la Ley 20/2021 puede resultar insuficiente a la luz del estándar fijado por Obadal, aunque desestima la pretensión por razones procesales. Posteriormente, la STSJ del País Vasco, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª, Sentencia 227/2026, de 23 de junio (rec. 142/2026), desarrolla una interpretación amplia de la compensación prevista en el artículo 2.6 de la Ley 20/2021. En una línea distinta, las SSTSJ de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sede de Sevilla, Sección 3.ª, sentencias 334/2026 (rec. 234/2024), 331/2026 (rec. 124/2024), 337/2026 (rec. 227/2024), 335/2026 (rec. 207/2024), 336/2026 (rec. 244/2024), 332/2026 (rec. 204/2024), 333/2026 (rec. 187/2024) y 338/2026 (rec. 257/2024), todas de 29 de abril, relativas a personal docente interino, rechazan que la mera prolongación de la interinidad permita apreciar automáticamente la existencia de abuso cuando concurren bolsas de trabajo, procesos selectivos y necesidades organizativas cambiantes.
Estas primeras resoluciones muestran que Obadal no está generando una respuesta jurisprudencial uniforme. La diversidad responde no solo a las circunstancias de cada litigio, sino también a la distinta configuración jurídica de las relaciones de empleo afectadas. Mientras la Sala Cuarta articula un sistema basado en la declaración del abuso, la reparación de los daños, la eventual fijeza cuando el modo de acceso lo permite y la intervención de la Inspección de Trabajo, la jurisdicción contencioso-administrativa sigue buscando una respuesta compatible con la cláusula 5 del Acuerdo Marco sin alterar los principios constitucionales y legales de acceso a la función pública.
Estas primeras resoluciones muestran que Obadal no está generando una respuesta jurisprudencial uniforme.
La consecuencia práctica es que no puede trasladarse automáticamente al personal funcionario interino la solución elaborada para el personal laboral, ni tampoco presumirse que todas las situaciones de larga duración constituyen abuso en los mismos términos. Las entidades locales deberán diferenciar el tipo de vínculo, la causa y duración de la temporalidad, la existencia de sucesivos nombramientos o contratos, el modo de acceso y las medidas efectivamente adoptadas para la cobertura de la necesidad estructural. Obadal eleva el estándar de efectividad de la respuesta nacional, pero no elimina las diferencias entre los regímenes jurídicos sobre los que ese estándar debe aplicarse.
No puede trasladarse automáticamente al personal funcionario interino la solución elaborada para el personal laboral, ni tampoco presumirse que todas las situaciones de larga duración constituyen abuso en los mismos términos. Las entidades locales deberán diferenciar el tipo de vínculo, la causa y duración de la temporalidad, la existencia de sucesivos nombramientos o contratos, el modo de acceso y las medidas efectivamente adoptadas para la cobertura de la necesidad estructural.
Con todo, conviene mantener cierta prudencia. Las resoluciones comentadas constituyen las primeras respuestas judiciales a la sentencia Obadal, pero difícilmente pueden considerarse el punto final del debate. La mayoría procede, además, de litigios relativos al empleo público autonómico, mientras que siguen siendo escasos los pronunciamientos referidos específicamente a las entidades locales. Ello no reduce su interés, pues estas decisiones empiezan a perfilar los criterios que previsiblemente orientarán los futuros conflictos en el ámbito local. Al mismo tiempo, la Comisión Europea mantiene abierto el procedimiento de infracción sobre la adecuación del sistema español al derecho de la Unión, y el Comité Europeo de Derechos Sociales deberá pronunciarse sobre la reclamación colectiva presentada contra el modelo español de empleo público temporal. Aunque ambos procedimientos tienen naturaleza y efectos distintos, pueden influir en la evolución del marco jurídico. Para las entidades locales, esto exige seguir con atención unas líneas jurisprudenciales todavía en construcción.
Autor/a: Eugènia Revilla Esteve

