La consolidación del derecho de acceso a la información pública constituye uno de los indicadores más sólidos de la calidad democrática de una Administración. A lo largo de los últimos diez años, la ciudadanía ha impulsado junto al Ayuntamiento de Madrid una evolución profunda en el ejercicio de este derecho. Lejos de tratarse de un fenómeno numérico, un análisis de los datos nos muestra un proceso de profesionalización progresiva del derecho a saber, tanto por parte de quienes lo ejercen como de la propia organización administrativa que debe garantizarlo. Hemos aprendido mucho todos en el proceso y eso se nota.
Desde el inicio efectivo del procedimiento de acceso a la información pública en diciembre de 2015, y hasta mayo de 2026, se han presentado más de 13 200 consultas, con una tasa de resolución cercana al 98 % y una media de concesión de la información del 76 %. Estas cifras dan cuenta no solo de un uso estable del derecho, sino también de la capacidad institucional para absorber y gestionar esta demanda sin incumplir los plazos previstos. No se observan dinámicas explosivas ni picos anómalos prolongados; por el contrario, el patrón que se consolida es el de un derecho normalizado, integrado en la relación ordinaria entre ciudadanía, sociedad civil y Administración. Solo existen algunos pequeños repuntes puntuales relacionados con asuntos muy mediáticos, o en los que los solicitantes se coordinan para pedir información sobre expedientes que les afectan.
El patrón que se consolida es el de un derecho normalizado, integrado en la relación ordinaria entre ciudadanía, sociedad civil y Administración.
De la curiosidad inicial a la rendición de cuentas real y efectiva
En los primeros años de implantación del derecho (2015-2018), las solicitudes presentaban una estructura sencilla y se usaban conceptos generales. La ciudadanía utilizaba el acceso a la información como una extensión del tradicional derecho de petición: se solicitaban copias de contratos, listados de gastos, retribuciones, organigramas o datos presupuestarios generales. El lenguaje era sencillo, poco técnico, y la información solicitada estaba delimitada. La transparencia se entendía, con carácter general, como la posibilidad de conocer lo que antes no era público. En esta época empezaron las primeras asociaciones cívicas en defensa de la transparencia.
La transparencia se entendía, con carácter general, como la posibilidad de conocer lo que antes no era público.
Con el paso del tiempo, esta dinámica inicial fue transformándose en paralelo a la publicación de información en el Portal de Transparencia y en el de Datos Abiertos municipal. En una fase intermedia de consolidación (2019-2021), las solicitudes comenzaron a ser más complejas: se pedía información desagregada, informes técnicos que sustentaban decisiones, y se encadenaban peticiones vinculadas entre sí. El derecho de acceso dejó de ser una mera vía de obtención de documentos para convertirse en una herramienta de control. Los solicitantes empezaron a citar artículos de la ley, a acotar periodos temporales específicos y a anticipar posibles causas de inadmisión, con la consecuente complejidad que ello implicaba para los gestores públicos.
El derecho de acceso dejó de ser una mera vía de obtención de documentos para convertirse en una herramienta de control.
Hoy, tras una década de puesta en marcha, el sistema muestra claros signos de madurez. Las solicitudes más recientes no solo preguntan “qué” ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, sino “por qué” lo ha hecho, con qué criterios, qué alternativas se valoraron y qué impactos se previeron. Aparecen enfoques sistémicos, comparativas entre distritos, series históricas y cruces de datos entre contratos, gasto y resultados. El lenguaje empleado es jurídico-administrativo y denota un conocimiento profundo de los límites al derecho, las ponderaciones de intereses, las resoluciones de los órganos garantes y la jurisprudencia aplicable. De hecho, en algunos asuntos, se han anticipado en las solicitudes a decisiones judiciales.
Hoy, tras una década de puesta en marcha, el sistema muestra claros signos de madurez. Las solicitudes más recientes no solo preguntan “qué” ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, sino “por qué” lo ha hecho, con qué criterios, qué alternativas se valoraron y qué impactos se previeron.
Temáticas estructurales y nuevos focos de atención
A lo largo del periodo analizado se mantiene un núcleo temático estable que explica gran parte de las solicitudes: la gestión administrativa y, en particular, el uso de los fondos públicos municipales. Contratación pública, convenios, subvenciones, facturación, pagos a proveedores y ejecución presupuestaria concentran un volumen significativo de los expedientes. La motivación subyacente es clara: la fiscalización ciudadana de la gestión económica municipal. Muchas solicitudes relativas a la actividad presupuestaria se han podido resolver con enlaces directos a la información ya publicada en la web de Presupuestos Abiertos.
Junto a este grupo de materias, destacan otros ámbitos de interés creciente. Urbanismo, obras y espacio público generan una demanda constante de información, impulsada principalmente por ciudadanía directamente afectada, asociaciones vecinales y profesionales técnicos. Licencias urbanísticas, proyectos de obra pública o intervenciones en calles y plazas se convierten en objetos habituales de escrutinio. En los últimos años, además, crecen las solicitudes relacionadas con movilidad, medio ambiente y servicios urbanos, reflejando una voluntad ciudadana de conocer más y participar en asuntos relacionados con su vida cotidiana.
Las consultas sobre recursos humanos y organización municipal, así como aquellas referidas a actividad normativa y decisiones políticas, completan un mapa temático que muestra una ciudadanía interesada no solo en los resultados finales, sino también en los procesos internos de toma de decisiones.
Un solicitante que aprende y se especializa
Uno de los rasgos más significativos que se ha detectado es el aprendizaje acumulativo de quienes ejercen el derecho. Con el tiempo, disminuye la proporción de solicitantes ocasionales y aumenta la de usuarios recurrentes, que concentran varias solicitudes al año. Aparecen perfiles especializados: asociaciones sectoriales, investigadores, periodistas de datos, consultores y colectivos cívicos con un conocimiento avanzado del sistema.
Esta profesionalización del solicitante tiene efectos directos sobre la Administración. Aumentan las solicitudes que interpretan, las peticiones que exigen motivaciones extensas y las reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. La transparencia deja de ser un ejercicio pasivo de entrega de información para convertirse en un diálogo y, en ocasiones, un debate, entendido como una expresión sana de rendición de cuentas en un sistema democrático avanzado.
El recorrido analizado permite afirmar que la evolución del derecho de acceso no es lineal, sino acumulativa. Cada etapa hereda la complejidad de la anterior y la aumenta, la mejora. La Administración se reorganiza, ha de mejorar sus sistemas de información, y anticiparse a demandas recurrentes mediante publicidad activa, así como a redactar resoluciones cada vez más motivadas y técnicamente sólidas.
Al mismo tiempo, se reduce la solicitud de información ya disponible en el Portal de Transparencia o en el Portal de Datos Abiertos, lo que indica un uso más eficiente del sistema. El foco se desplaza: de los documentos a las decisiones, de los datos aislados a las responsabilidades políticas y administrativas, y, por lo tanto, abre nuevos ámbitos que serán susceptibles de publicidad activa en el futuro, como la publicidad algorítmica.
Conclusión: un derecho adulto en una democracia madura
La experiencia del Ayuntamiento de Madrid muestra que el ejercicio continuado del derecho a saber genera inevitablemente una profesionalización compartida. La ciudadanía aprende a preguntar mejor y a exigir más, y la Administración aprende a responder con mayor rigor y responsabilidad. Este proceso, considero que fortalece la transparencia y la confianza institucional.
La experiencia del Ayuntamiento de Madrid muestra que el ejercicio continuado del derecho a saber genera inevitablemente una profesionalización compartida.
Diez años después, el derecho de acceso a la información pública es un derecho adulto, ejercido por una ciudadanía cada vez más consciente de que es una condición esencial para participar, decidir y exigir una rendición de cuentas real y efectiva.
Autor/a: Ángela Pérez Brunete