Efectivamente, los Gobiernos locales tienen la responsabilidad de definir y desarrollar un modelo organizativo y de funcionamiento que garantice la compatibilidad de los avances continuos en este mundo de la información y la comunicación con la posición diferencial que les proporcionan la proximidad y el conocimiento directo del entorno más próximo.
Es necesario, para ello, superar los sistemas tradicionales de gestión pública, desde una posición receptiva al cambio y a través de una estrategia compartida que fortalezca las capacidades y los mecanismos de cooperación. Se requieren, además, liderazgo y compromiso institucional para garantizar el funcionamiento óptimo de los servicios públicos, con soluciones o respuestas efectivas a los problemas existentes, dando alternativas posibles y viables a situaciones complejas.
Bajo estas premisas, la dirección pública profesional se convierte en factor decisivo de modernización administrativa, utilizando los términos recogidos en la exposición de motivos del Estatuto Básico del Empleado Público, para responder con solvencia a los principales desafíos que tienen las instituciones locales en la actualidad.
La dirección pública profesional se convierte en factor decisivo de modernización administrativa, utilizando los términos recogidos en la exposición de motivos del Estatuto Básico del Empleado Público, para responder con solvencia a los principales desafíos que tienen las instituciones locales en la actualidad.
Sin embargo, la limitada concepción sobre la importancia del papel directivo como intersección entre la política y la gestión repercute en su consideración como figura necesaria en el desarrollo de los procesos de modernización, transformación o innovación. La institucionalización de la función directiva y su interacción con el órgano político de gobierno es un aspecto esencial para su consolidación en el modelo organizativo de nuestras entidades locales. Marco relacional basado en criterios de integración, cooperación y mutua confianza.
Integración porque no es adecuado ni acertado generar separaciones forzadas entre las responsabilidades políticas y las directivas. El directivo público debe aportar el conocimiento experto y profesional que permita viabilizar y garantizar que las estrategias, prioridades, directrices o proyectos políticos se implementen. El grado de integración, liderazgo y visión compartida permitirá acreditar el papel y la importancia que se deben otorgar al personal directivo.
La cooperación se hace indispensable para actuar con flexibilidad y capacidad de adaptación a circunstancias complejas y a las incertidumbres que modifican tiempos y prioridades. La mutua confianza debe actuar como elemento integrador de los dos anteriores. La defensa del interés general, la ejemplaridad en el desarrollo de la actividad pública, la asunción de retos colectivos y el compromiso con el servicio público requieren que el desempeño de las funciones políticas y directivas se base en el diálogo continuo, en el respeto institucional y profesional, en la orientación común al logro y en fortalecer el papel de lo público.
Otro impedimento relevante para la inserción de la dirección pública profesional es la existencia de un modelo cultural basado en rutinas y prácticas que dificultan la modificación de las formas de hacer o la reorientación del modo de llevar a cabo la prestación de los distintos servicios públicos. Dirigir profesionalmente con experiencia y competencias acreditadas es un factor novedoso que tropieza con la realidad político-organizativa imperante.
Además, se pone de manifiesto la ausencia de marcos cognitivos sobre el papel del directivo público, en cuanto al valor que puede incorporar a la gestión pública local, a través de una dirección profesional con competencias técnicas y habilidades interpersonales. El concepto “profesional” se convierte en un factor destacado y singular para el ejercicio de la dirección pública, desde una visión y un propósito de mayor alcance que el mero desarrollo de la gestión ordinaria, la cual no dispone, en la mayoría de los casos, de una hoja de ruta que determine las actuaciones prioritarias y la gestión por objetivos.
El concepto “profesional” se convierte en un factor destacado y singular para el ejercicio de la dirección pública, desde una visión y un propósito de mayor alcance que el mero desarrollo de la gestión ordinaria, la cual no dispone, en la mayoría de los casos, de una hoja de ruta que determine las actuaciones prioritarias y la gestión por objetivos.
Al directivo público profesional le corresponde liderar los procesos de cambio o transformación, desde un enfoque que concilie el desarrollo “regular” de los procedimientos y las actividades públicas con el fortalecimiento de los sistemas de planificación, seguimiento y evaluación de los resultados alcanzados. Es preciso, por tanto, reivindicar un espacio de dirección pública desempeñado por profesionales competentes, experimentados y comprometidos con el servicio y la defensa de los valores públicos.
La persona que ocupe el puesto directivo asume funciones de mayor transversalidad, de naturaleza estratégica, de visión transformadora y de liderazgo organizacional, por lo que los procedimientos para su nombramiento, evaluación y desvinculación deben tener su propia configuración. La designación para puestos directivos requiere mayor rigor y transparencia. No puede quedar en nombramientos y ceses de forma similar al personal eventual (de confianza política y personal).
La persona que ocupe el puesto directivo asume funciones de mayor transversalidad, de naturaleza estratégica, de visión transformadora y de liderazgo organizacional, por lo que los procedimientos para su nombramiento, evaluación y desvinculación deben tener su propia configuración.
Los principios de mérito y capacidad se deben valorar atendiendo a las competencias requeridas para el desempeño del puesto directivo y a la experiencia acreditada en el ejercicio de funciones análogas o similares. Además, para comprobar la idoneidad de la persona designada, en términos de rendimiento, la evaluación se convierte en el elemento fundamental y a la vez en obstáculo, cuando se debe aplicar en un entorno cultural resistente e inflexible a estos procesos. Es un tema por abordar de manera clara y con voluntad política. Se debe superar la confianza política como exclusivo criterio para la designación del personal directivo profesional o su cese por la finalización del correspondiente periodo de mandato o la libre facultad del órgano competente, sin ajustarse a factores vinculados con el desempeño o rendimiento.
En conclusión, la dirección pública profesional es sinónimo de calidad institucional y de voluntad de fortalecer determinados principios como los de profesionalidad, gestión por objetivos y evaluación de los resultados alcanzados, con criterios de transparencia, eficiencia y puesta en valor del servicio público. Su inserción y consolidación en el entramado institucional local no tiene alternativa si se apuesta, con responsabilidad y honestidad, por alcanzar estos principios.
Este tema es objeto de desarrollo en el artículo sobre: “La posibilidad de la dirección pública profesional en los gobiernos locales. Su funcionalidad y viabilidad jurídica”, publicado en la revista Documentación Administrativa, número 11, diciembre de 2023 (https://doi.org/10.24965/da.11281).
Autor/a: J. Fernando Fariña Guillén