El Decreto-ley catalán 6/2026, de 5 de mayo, de medidas urgentes en el ámbito urbanístico y de la contratación en relación con los municipios rurales, desarrolla la Ley 8/2025, del Estatuto de los municipios rurales, mediante una reforma de alcance considerable. Entre otras medidas, la norma flexibiliza las determinaciones propias del planeamiento urbanístico general (POUM rural) y las reservas de vivienda protegida, regula los vecindarios rurales tradicionales y un inventario de edificaciones en suelo no urbanizable (SNU), generaliza la contratación conjunta de proyecto y obra y abre la posibilidad de que sociedades mercantiles públicas de la Generalitat adquieran la condición de medios propios personificados de las entidades locales. La orientación general de la reforma resulta comprensible, ya que los municipios rurales necesitan instrumentos proporcionados a su dimensión y capacidad de gestión; la cuestión es si las soluciones adoptadas logran conciliar adecuadamente la lucha contra la despoblación con la protección del territorio.
Los municipios rurales necesitan instrumentos proporcionados a su dimensión y capacidad de gestión.
El POUM rural (arts. 6, 9 y 10) puede ser una respuesta adecuada si la simplificación documental se limita a lo accesorio y mantiene intactas las decisiones sustantivas. La dificultad reside en que la norma utiliza conceptos como “baja densidad poblacional”, “escasa complejidad urbanística” y “crecimiento moderado” sin concretarlos suficientemente, con el riesgo de que dicha indeterminación termine permitiendo decisiones expansivas escasamente justificadas y favorezca la diversidad de criterios entre comisiones territoriales de urbanismo. Asimismo, también requiere cautela la sujeción general de estos POUM y de sus modificaciones a evaluación ambiental estratégica simplificada (art. 20). La ruralidad es una categoría demográfica y administrativa, no un indicador de impacto ambiental reducido, porque un municipio, siendo rural y poco poblado, puede ocupar una gran superficie, contener espacios protegidos o incluso prever transformaciones relevantes. La Directiva 2001/42/CE permite un régimen específico para planes que ordenan pequeñas zonas de ámbito local y para modificaciones menores, pero exige valorar si pueden producir efectos significativos, y la legislación estatal básica (art. 6 de la Ley 21/2013) somete a evaluación ordinaria los planes que establecen el marco para futuras autorizaciones cuando concurren las circunstancias legalmente previstas. La previsión del Decreto-ley 6/2026 no es necesariamente incompatible con este sistema, porque el procedimiento simplificado puede concluir que procede la evaluación ordinaria, pero resulta incorrecto presumir que todo planeamiento rural es, por definición, ambientalmente menor.
La ruralidad es una categoría demográfica y administrativa, no un indicador de impacto ambiental reducido.
La exención de las reservas mínimas de vivienda protegida (art. 5) merece una valoración más matizada. Muchos municipios rurales necesitan, antes que nuevas promociones protegidas, más servicios y de mejor calidad porque la vivienda por sí sola no fideliza población cuando residir en el municipio implica una pérdida sustancial de accesibilidad a servicios esenciales; además, aplicar mecánicamente porcentajes concebidos para operaciones urbanas puede hacer inviables actuaciones de escala reducida. Ahora bien, la dispensa no debería operar automáticamente por la mera elección del POUM rural. La norma exime incluso cuando el plan clasifica suelo urbanizable o incorpora nuevo techo residencial. Seguramente, habría sido más coherente permitir una reducción o sustitución motivada de la reserva según la demanda y la dimensión de la actuación, teniendo en cuenta las alternativas disponibles (rehabilitación, adquisición pública o alquiler asequible).
La vivienda por sí sola no fideliza población cuando residir en el municipio implica una pérdida sustancial de accesibilidad a servicios esenciales.
Sin duda, una de las innovaciones más problemáticas es el inventario de edificaciones en SNU (art. 7), en el que pueden incluirse construcciones que no presentan los valores que justificarían su incorporación en el catálogo de masías y casas rurales, con el fin de destinarlas a residencia habitual, actividades artesanales, transformación de productos agrarios o forestales, profesiones liberales y equipamientos sociales. También autoriza ampliaciones hasta una superficie construida resultante de 150 m². Es evidente que la norma altera la lógica de contención mantenida hasta ahora en este suelo, que inauguró la Ley de suelo de 1956. Mientras que el catálogo identifica construcciones cuya preservación o recuperación se justifica por diversas razones (arquitectónicas, históricas, etc.), el inventario parte justamente de la inexistencia de esos valores y convierte la funcionalidad de la edificación en fundamento para admitir nuevos usos y ampliaciones. Se pasa, de este modo, de proteger un patrimonio edificado singular a reactivar inmobiliariamente construcciones ordinarias emplazadas en SNU.
La norma altera la lógica de contención mantenida hasta ahora en este suelo.
Se pasa, de este modo, de proteger un patrimonio edificado singular a reactivar inmobiliariamente construcciones ordinarias emplazadas en SNU.
Esta dualidad puede provocar una auténtica huida del catálogo hacia el inventario. Dado que se establece un régimen más flexible, existirá un incentivo para minimizar o negar los valores preservables de una construcción y obtener mayores posibilidades de transformación. Debería impedirse que la opción por uno u otro instrumento dependa de cuál atribuye mayor aprovechamiento. El punto decisivo será qué deba entenderse por “conjunto habitado”. La norma permite destinar una construcción inventariada a residencia habitual y permanente si forma parte de uno, pero no determina aspectos como la proximidad entre edificaciones, el número de viviendas requeridas, la continuidad física o la existencia de una comunidad residencial preexistente. Una interpretación amplia, que incluya cualquier agregado disperso o la mera presencia de otra vivienda cercana, constituiría una invitación generalizada a implantar vivienda en SNU. Lamentablemente, por esta vía franca puede llegar a borrarse de un plumazo la labor legislativa y planificadora desarrollada durante décadas para contener la edificación dispersa en esta clase de suelo.
Una interpretación amplia, que incluya cualquier agregado disperso o la mera presencia de otra vivienda cercana, constituiría una invitación generalizada a implantar vivienda en SNU.
En línea con lo anterior, también sería aconsejable revisar la ampliación hasta 150 m². Se trata de un límite absoluto, no proporcional a la superficie preexistente, de manera que una pequeña construcción auxiliar podría transformarse materialmente en una vivienda de nueva planta. La futura ley debería establecer simultáneamente un máximo absoluto y un porcentaje sobre el volumen existente, además de exigir la acreditación del abastecimiento, el saneamiento, la accesibilidad y el riesgo de incendio. El suelo rural no es un espacio vacío pendiente de ocupación, sino uno de los principales activos productivos, ambientales, paisajísticos y patrimoniales de los municipios rurales, pues sostiene actividades agrarias y forestales, configura la identidad de sus habitantes y aporta buena parte del valor económico y residencial de estos territorios. Precisamente por ello, este bien colectivo no debe deteriorarse mediante medidas adoptadas con la buena intención de favorecer el arraigo, porque se puede llegar a la solución no deseada de que la dispersión residencial llegue a consumir el mismo capital territorial que pretende hacer atractiva la vida rural.
El suelo rural no es un espacio vacío pendiente de ocupación, sino uno de los principales activos productivos, ambientales, paisajísticos y patrimoniales de los municipios rurales.
En contratación, se plantea otra cuestión adicional (art. 19). La mera localización de la obra en un municipio rural pasa a figurar como supuesto habilitante para contratar conjuntamente la redacción del proyecto y su ejecución. Sin embargo, el artículo 234 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público atribuye carácter excepcional a esta fórmula y la vincula a motivos técnicos o a obras de dimensión excepcional o dificultad singular. La falta de personal municipal puede justificar la necesidad de asistencia técnica supramunicipal o contratación agregada, pero eso no convierte todas las obras rurales en técnicamente excepcionales, debiendo figurar en cada caso la motivación específica exigible en cada expediente.
Pero la revitalización rural no puede edificarse sobre la regresión en la protección del SNU, desvistiendo un santo para vestir otro.
En suma, el Decreto-ley identifica problemas reales y rompe acertadamente con un urbanismo municipal uniforme. Pero la revitalización rural no puede edificarse sobre la regresión en la protección del SNU, desvistiendo un santo para vestir otro. La futura tramitación parlamentaria debería concretar el concepto de conjunto habitado, impedir la huida del catálogo al inventario, someter las ampliaciones a límites proporcionales, reforzar la evaluación ambiental y exigir que la simplificación contractual no desplace las garantías básicas. El riesgo último de la reforma es incurrir en un pacto fáustico consistente en ofrecer a los municipios rurales una respuesta inmediata a la falta de vivienda y actividad económica a cambio de debilitar un sistema de protección del SNU construido durante décadas. El precio podría ser desproporcionado porque la dispersión residencial, una vez consolidada, resulta difícilmente reversible y genera demandas de servicios e infraestructuras que recaen precisamente sobre los municipios con menor capacidad administrativa y financiera. El campo constituye uno de sus principales activos económicos, ambientales y sociales, de tal manera que favorecer el arraigo destruyendo progresivamente ese activo resulta ser una contradicción en los propios términos.
El riesgo último de la reforma es incurrir en un pacto fáustico consistente en ofrecer a los municipios rurales una respuesta inmediata a la falta de vivienda y actividad económica a cambio de debilitar un sistema de protección del SNU construido durante décadas.
Autor/a: Judith Gifreu Font