La UNESCO presentó en MONDIACULT 2025 el Informe Mundial sobre Políticas Culturales, que sitúa la cultura en el centro del debate sobre desarrollo sostenible. Los Gobiernos locales no pueden permanecer ajenos, pues la voz municipal se inserta en un entramado multinivel que conecta compromisos internacionales con realidades locales.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS CULTURALES
La Constitución Española sitúa la cultura en el núcleo de su arquitectura jurídica. El artículo 44 proclama que los poderes públicos “promoverán y tutelarán el acceso a la cultura”, mientras que el artículo 46 les encomienda la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico. Como recuerda Prieto de Pedro, el concepto constitucional de cultura late en el artículo 20.1.b), donde se reconoce la libertad de creación artística, literaria, científica y técnica. Y ya en su Preámbulo, la Constitución revela su concepción más profunda: la Nación española expresa su voluntad de proteger “los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”, y de “promover el progreso de la cultura”. En estas líneas fundacionales, la cultura aparece a la vez como ámbito de acción pública y como dimensión esencial de la dignidad y la convivencia.
El Tribunal Constitucional ha entendido que el acceso a la cultura constituye un derecho de configuración legal y naturaleza prestacional. En la STC 49/1984, de 5 de abril, se destacó que la cultura integra valores fundamentales para el libre desarrollo de la personalidad, y que la actuación de los poderes públicos debe garantizar condiciones efectivas de acceso. Desde una perspectiva competencial, la sentencia afirma que “la cultura es algo de la competencia propia e institucional tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas”, y que “allí donde vive una comunidad hay una manifestación cultural respecto de la cual las estructuras públicas representativas pueden ostentar competencias”, de conformidad con el artículo 149.2 CE.
Por ello, la normativa cultural se articula principalmente desde el Estado y las comunidades autónomas, que aprueban sus leyes de patrimonio cultural o histórico. Entre las iniciativas más avanzadas destaca el Anteproyecto de “Ley del Sistema Cultural Vasco”, concebido con un enfoque integral que equipara la cultura a otros sistemas esenciales, como el educativo o el sanitario, y orientado a garantizar de manera efectiva los derechos culturales.
A nivel programático, el Plan de Derechos Culturales de España aprobado por el Ministerio de Cultura en 2025 incluye medidas para garantizar el acceso igualitario a la cultura y reconoce el papel de los entes locales como garantes inmediatos, pues la proximidad administrativa convierte a los municipios en el nivel más idóneo para materializar en servicios concretos lo que la Constitución formula como mandato.
COMPETENCIAS LOCALES Y SERVICIOS CULTURALES
La Ley de Bases de Régimen Local atribuye a los municipios competencias en “promoción de la cultura y equipamientos culturales” (art. 25.2.m). Ello obliga a concretar esta competencia en ordenanzas, planes estratégicos, gestión de equipamientos o contratación pública cultural y artística.
La gestión municipal de equipamientos constituye un verdadero servicio público de proximidad, que incluye centros culturales, museos, escuelas de artes o bibliotecas. Estas últimas son uno de los servicios más utilizados por la ciudadanía, convirtiéndose en infraestructuras básicas del derecho a la cultura desde el acceso a la lectura.
La gestión municipal de equipamientos constituye un verdadero servicio público de proximidad, que incluye centros culturales, museos, escuelas de artes o bibliotecas. Estas últimas son uno de los servicios más utilizados por la ciudadanía, convirtiéndose en infraestructuras básicas del derecho a la cultura desde el acceso a la lectura.
En materia normativa local, destacan las ordenanzas que regulan el uso de los equipamientos culturales y fijan precios públicos por la asistencia a actividades culturales, estableciendo el régimen jurídico de los servicios municipales. Posibilitan su cesión para la creación y promoción artística, favoreciendo la dinamización de la vida cultural en el municipio.
Por su parte, los planes culturales locales se encuentran aún en fase incipiente. En muchos casos, la acción cultural se limita a programaciones anuales (Carnaval, Día del Libro, fiestas locales o Navidad), lo que, si bien refleja dinamismo, muestra también la ausencia de una planificación estratégica local a largo plazo.
FOROS INTERNACIONALES Y PROYECCIÓN LOCAL
En el ámbito internacional, los grandes foros han situado la cultura en el centro del debate sobre desarrollo sostenible. Cumbres como la de CGLU, Ágora Cívica o MONDIACULT (UNESCO) han generado marcos de acción global que orientan las políticas locales.
No en vano, la participación en el Ágora Cívica, impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona en colaboración con otras Administraciones, recuperó el sentido clásico del ágora: espacio de encuentro, deliberación y participación ciudadana.
En este contexto, la UNESCO presentó el Informe Mundial sobre Políticas Culturales 2025, que aporta datos concluyentes: el 93 % de los Estados integran la cultura en sus planes de desarrollo sostenible, y las industrias culturales representan el 3,39 % del PIB mundial y el 3,55 % del empleo. El informe, “La cultura: el ODS ausente”, propone incorporar un Objetivo de Desarrollo Sostenible específico sobre cultura en la agenda post-2030, reconociéndola como objetivo global autónomo.
En este contexto, la UNESCO presentó el Informe Mundial sobre Políticas Culturales 2025, que aporta datos concluyentes: el 93 % de los Estados integran la cultura en sus planes de desarrollo sostenible, y las industrias culturales representan el 3,39 % del PIB mundial y el 3,55 % del empleo.
Los foros multilaterales reconocen la creciente intervención de los Gobiernos locales en la acción exterior, fenómeno avalado por la jurisprudencia constitucional (cuestión analizada en este blog). La STC 165/1994, de 26 de mayo, estableció que, aunque el Estado retiene la competencia exclusiva en materia internacional, las comunidades autónomas y los entes locales pueden desarrollar actividades de cooperación y proyección exterior, siempre bajo coordinación estatal. Destacan oportunidades como la Cumbre de Alcaldes, celebrada en el marco de la Cumbre de CGLU, que reunió a representantes municipales de diversas ciudades compartiendo estrategias locales sobre derechos culturales, o la Red de Ciudades Creativas (UNESCO), que agrupa a ciudades en torno a sectores como música, gastronomía, literatura o artes digitales. Entre ellas se encuentran municipios españoles como Sevilla (música), Bilbao (diseño), Burgos (gastronomía) o Valladolid (cine).
Estos espacios de encuentro permiten la transferencia de buenas prácticas y la posterior adaptación a la idiosincrasia normativa y cultural de cada territorio. De este modo, los aprendizajes internacionales ofrecen claves para orientar la acción cultural de los Gobiernos locales españoles.
REFLEXIONES Y RETOS DESDE LA PRÁCTICA LOCAL
Estas cumbres y foros ponen de relieve la necesidad de que los miembros de las corporaciones locales y los empleados públicos compartan experiencias de gobernanza cultural.
Las recomendaciones más inmediatas pasan por definir planes estratégicos locales de cultura, revisar las ordenanzas para garantizar el acceso a la cultura y abogar por normas reglamentarias que vayan más allá de la mera regulación de uso y gestión de los equipamientos culturales, o destinar un porcentaje mínimo del presupuesto local a cultura, con sus respectivos mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan reconocer las políticas culturales más eficaces.
Estos instrumentos solo cobran sentido si se conciben desde la gobernanza compartida, a través de los consejos sectoriales de cultura —órganos que ya existen en los municipios españoles— y de la implicación del tejido cultural local en la definición de políticas públicas.
La cultura no puede abordarse como política sectorial aislada: debe integrarse en las dimensiones sociales, educativas, urbanísticas, patrimoniales y medioambientales, configurándose como política transversal y estratégica.
La cultura no puede abordarse como política sectorial aislada: debe integrarse en las dimensiones sociales, educativas, urbanísticas, patrimoniales y medioambientales, configurándose como política transversal y estratégica.
Los ayuntamientos españoles, en diálogo con redes internacionales, están llamados a ser laboratorios de un nuevo “constitucionalismo cultural”. La agenda global ofrece marcos y compromisos, pero el verdadero desafío se juega en el plano local, donde la cultura se traduce en equipamientos, ordenanzas y servicios que garantizan a la ciudadanía su derecho efectivo a crear, participar y disfrutar de la vida cultural.
Autor/a: Yasmina E. Ramada Lahoz
imagen: «iStock.com/keira01/»