Autor: Fernando Luque Regueiro

El artículo 68 de la LCSP condicionaba la admisión de determinadas empresas no comunitarias en las licitaciones públicas a la presentación de un informe de reciprocidad. A la luz de la reciente jurisprudencia del TJUE se ha procedido a una reinterpretación contra legem de dicho precepto, de modo que ya no es exigible.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha reinterpretado la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en su Sentencia 1493/2023, de 20 de noviembre, de modo que esta no se entiende aplicable a los supuestos en los que no se haya presentado en plazo la documentación acreditativa de los criterios de adjudicación cuando esta se exigía expresamente en los pliegos rectores (los denominados complementos de oferta).