1. Desmontando mitos: los datos dicen que estamos mejor (en casi todo)
El análisis de los incendios forestales en España suele estar condicionado por percepciones alarmistas, y el reciente y trágico incendio de Los Gallardos (Almería) no ha hecho sino reforzarlas. Afortunadamente, para realizar un análisis serio y científico de ese problema tan complejo, España cuenta con una de las mejores bases de datos del mundo sobre la materia: la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF), que ofrece datos continuos y homogéneos desde 1968. Pues bien, del estudio de la EGIF se concluye que, contrariamente a lo que esperaría el ciudadano español medio, casi todos los indicadores están teniendo una evolución positiva en las últimas décadas: hay menos incendios, menos superficie quemada y menos grandes incendios forestales (GIF).
Así, desde unos 25 000 incendios anuales que había en la «década negra» de 1995-2005, la cifra se ha estabilizado en torno a los 12 000. En cuanto a la tendencia general de la superficie quemada anual —y aunque años como 2022 o 2025 han sido muy duros—, es descendente: mientras que en 1978 o 1994 se superaron las 400 000 hectáreas quemadas, la media anual del periodo 2001-2025 es de 118 000. Y el número de GIF, es decir, de los incendios mayores de 500 hectáreas, ha pasado de los 162 registrados en 1985 a una media de 30 al año. Sin embargo, hay un indicador discordante: el GIF medio. Mientras que en 1978 un gran incendio quemaba de media unas 1113 hectáreas, en 2023 esa cifra alcanzaba casi las 2200 hectáreas, y sin duda ha aumentado tras los enormes incendios de 2025: solo el incendio Larouco (Orense), que comenzó el 13 de agosto de ese año, quemó casi 38 000 hectáreas.
Es una paradoja sorprendente: todos los indicadores estadísticos sobre incendios han mejorado en las últimas décadas, excepto uno.
2. Qué ocurre si tienes éxito en la extinción, pero abandonas la gestión
Este fenómeno se relaciona con la evolución de los sistemas de extinción. En apenas 45 años, España ha pasado de un modelo tradicional, basado en las brigadas de trabajadores de la Administración Forestal auxiliados por la población local, a unos equipos altamente profesionalizados. La creación de unidades estatales como las BRIF (1992) y la UME (2005), la mejora de los sistemas autonómicos y el aumento de medios aéreos —menos de 90 en 1990, cerca de 300 en 2009—, han convertido a España en un país con operativos de extinción muy eficaces. Esto ha permitido mejorar los indicadores incluso en un contexto de despoblación rural creciente y agravamiento del calentamiento global, y conseguir una altísima eficacia en condiciones “normales”: en torno al 90 % de los incendios son extinguidos antes de alcanzar 5 ha de superficie.
Pero este éxito ha tenido efectos secundarios. La inversión masiva en operativos de extinción se hizo, en gran medida, a costa de las partidas destinadas a la gestión forestal (selvicultura, ordenación, repoblaciones): se priorizó la “cura” (extinción) frente a la “salud” (gestión forestal). Paralelamente, desde mediados del siglo XX España ha experimentado una notable expansión de la vegetación forestal: la superficie arbolada aumentó un 57,6 % entre 1965 y 2008, gracias tanto al trabajo de las Administraciones forestales como al abandono de la agricultura marginal. Es una restauración ecológica que corrige siglos de sobreexplotación, pero que exige gestión activa para evitar acumulaciones peligrosas de combustible.
La inversión masiva en operativos de extinción se hizo, en gran medida, a costa de las partidas destinadas a la gestión forestal (selvicultura, ordenación, repoblaciones): se priorizó la “cura” (extinción) frente a la “salud” (gestión forestal).
La suma de expansión forestal y abandono de gestión generó el escenario actual. Tras décadas de déficit inversor, desaparecieron empresas forestales, se perdió mano de obra especializada, se erosionó el conocimiento tradicional, se redujo la extracción de madera —mal vista por la población urbana— y se descuidaron las infraestructuras de los montes. En definitiva, nadie gestionó la vegetación que crecía, al ritmo y con la intensidad que demandaba. En este contexto, cuando surge un incendio en condiciones meteorológicas extremas, que además cada vez son más frecuentes, ese 10 % de los fuegos que superan las 5 hectáreas tiene cada vez más probabilidades de desmandarse.
El sistema de extinción, paradójicamente, parece morir de éxito. Incrementar aún más los medios de extinción no resolvería el problema, salvo creando una estructura sobredimensionada para unas pocas semanas al año, y excesiva el resto del tiempo. Desde un punto de vista económico, la utilidad marginal de aumentar la inversión en extinción se aproxima a cero, y parece bastante más urgente mejorar la coordinación entre los dieciocho dispositivos existentes en España (Administración del Estado y 17 comunidades autónomas), estableciendo estándares comunes, evaluaciones comparables y mecanismos de despliegue coordinado en episodios de simultaneidad de GIF.
Desde un punto de vista económico, la utilidad marginal de aumentar la inversión en extinción se aproxima a cero, y parece bastante más urgente mejorar la coordinación entre los dieciocho dispositivos existentes en España (Administración del Estado y 17 comunidades autónomas), estableciendo estándares comunes, evaluaciones comparables y mecanismos de despliegue coordinado en episodios de simultaneidad de GIF.
3. La despoblación rural y la desvinculación con el medio forestal: ¿un problema demográfico, o cultural?
Es un tópico repetido hasta la saciedad que la despoblación rural agrava los incendios forestales, pero los datos de la EGIF, de nuevo, lo desmienten: las zonas más despobladas de España registran, en general, una menor incidencia de fuegos, tanto en número como en superficie afectada. ¿A qué se debe esta aparente paradoja? A que la clave no es la despoblación en sí, sino la desvinculación de la población rural respecto a la gestión y los aprovechamientos forestales.
Durante las décadas de 1950 y 1960, el abandono de los montes fue más determinante que la pérdida de habitantes. La caída del uso de leñas se debió a la generalización del gas butano; el desplome de la ganadería extensiva, a su falta de competitividad frente a la intensiva; la matorralización de los alrededores de los pueblos, al abandono de los huertos, ya que comprar hortalizas era más barato y menos penoso. Estos fenómenos coincidieron con la despoblación, pero su causa principal fue la “desagrarización” del medio rural: una profunda desestructuración del espacio y la sociedad rurales que aún no ha encontrado equilibrio.
Por ello, la solución no pasa por repoblar el territorio con habitantes desvinculados del entorno, como teletrabajadores. Lo necesario es reconstruir la relación económica y social entre la población y la gestión forestal sostenible. Solo mediante el aprovechamiento ordenado de los recursos forestales y la recuperación de una presencia humana activa y constante en los montes será posible reducir su vulnerabilidad frente al fuego. Por eso zonas como Soria, que están despobladas, pero que saben vivir con sus montes y de sus montes, presentan buenas estadísticas de incendios forestales.
Solo mediante el aprovechamiento ordenado de los recursos forestales y la recuperación de una presencia humana activa y constante en los montes será posible reducir su vulnerabilidad frente al fuego.
4. Conclusión: ¿hacia un nuevo modelo, o hacia el que nunca debimos dejar?
En definitiva: la evolución del régimen de incendios forestales en España muestra que el sistema ha quedado desequilibrado. La mejora de los operativos ha permitido contener la mayoría de los incendios antes de que crezcan, pero ese éxito ha ocultado durante décadas el deterioro silencioso de la gestión forestal y la ruptura cultural entre la población y el monte.
La mejora de los operativos ha permitido contener la mayoría de los incendios antes de que crezcan, pero ese éxito ha ocultado durante décadas el deterioro silencioso de la gestión forestal y la ruptura cultural entre la población y el monte.
Ante esta situación, tal vez la respuesta no sea inventar un nuevo modelo, sino recuperar el camino que nunca deberíamos haber abandonado: el que conduzca a un territorio gestionado, con selvicultura continua, aprovechamientos ordenados, presencia humana vinculada al monte y una sociedad que entienda el monte, también, como recurso económico y responsabilidad de gestión. Una política forestal integral, estable y considerada de forma permanente como una pieza esencial de la acción de cualquier Gobierno, de cualquier color, es el único marco político, social y económico que puede integrar extinción, gestión y desarrollo rural.
Si quieres más información, puedes leer mi artículo “Una perspectiva general de la problemática actual de los incendios forestales en España”, publicado en Claves del Gobierno Local n.º 50, de la Fundación Democracia y Gobierno Local.
Autor/a: Ignacio Pérez-Soba Diez del Corral