Precisamente ahora, cuando vuelve a abrirse el debate sobre la necesidad de un supuesto “Pacto de Estado” contra los incendios forestales, conviene recordar una realidad que con demasiada frecuencia pasa inadvertida: ese pacto, en lo esencial, ya existe. La hoja de ruta para afrontar los incendios forestales está contenida en el documento: “Orientaciones Estratégicas para la gestión de incendios forestales en España”, aprobado inicialmente por el Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF) el 21 de noviembre de 2019 y, dada su trascendencia, ratificado posteriormente por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente el 28 de julio de 2022. Se trata, por tanto, de un documento respaldado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y por todas las comunidades autónomas, fruto del consenso entre las Administraciones públicas competentes. Este documento busca ser un marco orientativo de coordinación a escala nacional, que sirva de herramienta para reducir los incendios forestales, gestionar de forma efectiva su desarrollo y minimizar sus consecuencias. Pero este documento, hoy por hoy, está en el cajón del olvido. Así nos va (disponible en línea en https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/biodiversidad/planes-y-estrategias/orientacionesestrategicasiiff_cs28072022_tcm30-543585.pdf).
La hoja de ruta para afrontar los incendios forestales está contenida en el documento: “Orientaciones Estratégicas para la gestión de incendios forestales en España”, aprobado inicialmente por el Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF) el 21 de noviembre de 2019 y, dada su trascendencia, ratificado posteriormente por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente el 28 de julio de 2022.
Estas Orientaciones Estratégicas parten de un diagnóstico tan sencillo como incontestable: el abandono del territorio, la pérdida de aprovechamientos forestales y el cambio climático han incrementado extraordinariamente el riesgo de grandes incendios. Sobre esa base articulan cincuenta líneas de actuación dirigidas, entre otros objetivos, a gestionar de forma sostenible el territorio, reducir el riesgo de incendios, integrar esta política en el resto de políticas sectoriales, adaptar los dispositivos de extinción y reforzar el conocimiento y la participación social.
En efecto, se habla ya de la necesidad de aspirar a “incendios de décima generación”, un concepto que simboliza un salto de paradigma: incendios y emergencias gestionados con tal eficacia, conocimiento y anticipación que superen ampliamente en resultados a esos temidos fuegos de sexta generación. Uno de los primeros pasos para mejorar la gestión es entender que las emergencias modernas (incendios forestales, también inundaciones, grandes accidentes, pandemias, etc.) funcionan como sistemas complejos. Adoptar la perspectiva de sistemas complejos implica también abordar las emergencias de forma holística e integral. No basta con centrarse solo en la extinción del incendio o en el rescate inmediato; hace falta una visión de 360 grados que abarque todas las fases: prevención, preparación, respuesta y recuperación. No obstante, la realidad es que, desde los años 80, la inversión se ha centrado masivamente en la extinción, detrayendo fondos de la gestión forestal, sin darse cuenta de que el ámbito que queda desatendido es el estratégico para controlar el fenómeno. La utilidad marginal de añadir más medios de extinción es ya casi nula, porque los medios actuales funcionan bien ante incendios normales, pero se ven superados por los GIF en condiciones extremas, por lo que la única prevención posible pasa por la gestión del territorio y de nuestros montes. Y no se trata solo de recuperar los usos tradicionales agrícolas y forestales, que en muchos casos son irrecuperables por los cambios socioambientales que se están produciendo en el ámbito rural. En muchos casos, más que de recuperar usos tradicionales agrícolas y forestales, habrá que hablar de poner en valor los servicios ecosistémicos.
Por supuesto, reactivar el sector forestal no es tarea sencilla: requiere políticas a largo plazo, coordinación entre departamentos (Medio Ambiente, Agricultura, Desarrollo Rural, Protección Civil) y concienciación pública. Los beneficios no son tan inmediatos ni visibles como la foto de un avión apagafuegos en plena acción, pero a medio plazo marcan la diferencia entre un incendio que se queda en susto y otro que se convierte en tragedia nacional. En este sentido, urge integrar verdaderamente las políticas de gestión forestal con las de protección civil.
En esta línea ha de resaltarse que la Comisión Europea, en su “Comunicación sobre la gestión integrada del riesgo de incendios forestales” (25 de marzo de 2026), reconoce expresamente que la gestión forestal activa y sostenible constituye uno de los pilares de la resiliencia frente a los incendios, y sitúa la prevención como prioridad de las futuras políticas europeas. Por el contrario, otros instrumentos estratégicos de la Unión Europea con una incidencia determinante en el ámbito forestal parten de un enfoque basado en la gestión forestal estática y en el principio de adicionalidad, lo que, en la práctica, puede desincentivar o situar en una posición de desventaja a la gestión forestal activa y sostenible. Esta orientación se refleja, por ejemplo, en el Reglamento (UE) 2023/1115, relativo a la comercialización en el mercado de la Unión y a la exportación desde la Unión de determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal (Reglamento EUDR)[1], cuyo planteamiento resulta coherente con una parte de la filosofía que inspira la Nueva Estrategia de la UE en favor de los Bosques para 2030, uno de los pilares del Pacto Verde Europeo y estrechamente vinculada a la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad de aquí a 2030. En una línea similar se sitúa el Reglamento (UE) 2024/1991, relativo a la restauración de la naturaleza[2], que, pese a incorporar objetivos de recuperación de los ecosistemas, continúa sustentándose en una concepción donde la conservación y la adicionalidad ocupan un papel predominante frente al reconocimiento del valor de una gestión forestal activa como instrumento de conservación, adaptación al cambio climático y prevención de perturbaciones.
La comparación entre la Comunicación de la Comisión sobre la gestión integrada del riesgo de incendios forestales de 25 de marzo de 2026 y los instrumentos normativos como el Reglamento relativo a la restauración de la naturaleza o el Reglamento EUDR (2023) permite identificar la coexistencia de dos almas regulatorias en la política europea con incidencia forestal. De un lado, una aproximación predominantemente conservacionista, orientada a la protección y restauración de los ecosistemas; de otro, una lógica de gestión activa del territorio, centrada en la reducción del riesgo y la resiliencia frente a perturbaciones como los incendios. La falta de integración efectiva entre ambas perspectivas está generando una tensión normativa creciente, susceptible de traducirse en incoherencias y disfunciones prácticas en la gestión de los terrenos forestales, realmente perniciosas para nuestros montes, contribuyendo a la agravación de los riesgos que pretenden mitigar.
El enfoque estratégico y normativo forestal que impera, en muchos extremos, dificulta una gestión forestal activa sostenible, lo que es muy preocupante ante el cambio climático, que en los últimos cinco años se está constatando como catalizador de todos los problemas estructurales del ámbito rural y que no hemos sido capaces de solucionar, pudiendo llegar a poner en peligro la viabilidad a largo plazo de los montes y la selvicultura. La mejor forma de asegurar más árboles es integrarlos en una cultura forestal donde sus productos y servicios sean valorados —también económicamente— por la sociedad. El mejor aliado del árbol es el aprovechamiento forestal sostenible. Porque donde hay gestión hay vida, oportunidades, personas que permanecen en el territorio y que hacen del monte su futuro.
Cada verano reclamamos un Pacto de Estado contra los incendios forestales. Sin embargo, ese pacto ya existe desde julio de 2022 y fue aprobado por consenso entre el Estado y todas las comunidades autónomas. No necesitamos otro documento. Necesitamos aplicar el que ya tenemos. Porque la mejor política contra los grandes incendios no empieza cuando aparece el humo, sino mucho antes: en un monte gestionado, vivo y habitado. Cuidemos nuestros montes. Cuidemos España. Merece la pena.
Para más información, se puede consultar el capítulo: Rodríguez-Chaves Mimbrero, B. (2026).El problema de la competencia. Modelos de gestión de incendios en zonas rurales: panorámica autonómica. En G. G. Carranza Galaico (dir). La gestión de los incendios rurales. La sostenibilidad y los modelos de protección: entre la profesionalización y el voluntariado. Madrid: Fundación Democracia y Gobierno Local.
[1] Sobre este Reglamento EUDR se puede consultar: Rodríguez-Chaves Mimbrero, B. (2025). Una aproximación al Reglamento EUDR (2023) con especial atención a la diligencia debida. Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, 265, 209-239. https://doi.org/10.24197/x5979707 (original work published 2025).
[2] Sobre la incidencia del Reglamento relativo a la restauración de la naturaleza en el sector forestal se puede consultar: Rodríguez-Chaves Mimbrero, B. (2026). La multifuncionalidad del monte y el Reglamento relativo a la restauración de la naturaleza ¿plantando incendios? Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, 388, en prensa.