Autor: Gabriele Vestri

La aplicación de inteligencia artificial en los servicios públicos, si bien moderniza la Administración, debe regirse por garantías para proteger los derechos de la ciudadanía. Es fundamental que los algoritmos sean transparentes y auditables, permitiendo la trazabilidad de las decisiones y la revisión por un órgano independiente. La eficiencia no debe comprometer la legitimidad de la acción pública. Se deben implementar evaluaciones de impacto algorítmico para mitigar sesgos y asegurar la equidad, garantizando que la IA fortalezca los valores democráticos y el Estado de derecho.