Actualidad – Jurisprudencial
0310, 2011
Sentencia del Tribunal Supremo, de 17 de septiembre de 2012.
Declara conforme a derecho el Decreto núm. 114/2008, que regula la exigencia de conocimientos de catalán en el acceso a la función pública.
Según la sentencia «El decreto recurrido se encuadra dentro del contexto legal y reglamentario que regula la exigencia del conocimiento de la lengua catalana», incide a partir de ahí el magistrado ponente Pablo Delfont, quien justifica este requisito como consecuencia del proceso de normalización lingüística encaminado «al uso normal de la lengua catalana y a su equiparación o igualdad con el castellano, a fin de evitar la regresión o, en términos extremos, la desaparición de la misma».