Actualidad – Local

1307,2011

Proyectos de Ley del gobierno de Catalunya

Lo que en Cataluña coloquialmente se conoce como “ley omnibus” responde a una doble voluntad del Gobierno de la Generalitat: por un lado, la de simplificar las cargas y procedimientos administrativos, que son un impedimento para la reactivación de la economía catalana; y de otro lado, el redimensionamiento a la baja del sector público de la Generalitat de Cataluña.

Este iniciativa que inicialmente contaba con unos 650 artículos, y que fue sometida al trámite de información pública el pasado mes de junio, finalmente ha sido “troceada” en tres proyectos de ley independientes, que previsiblemente serán tramitados paralelamente en vía parlamentaria. Los proyectos de ley a los que nos referimos se denominan:
 
Proyecto de ley de simplificación y mejora de regulación
: la iniciativa tiene como objetivo “reducir y clarificar la legislación” para que sea “más accesible y clara  para los ciudadanos” por este motivo se introducen  en el ordenamiento jurídico “una serie de medidas que comportan la agilización de trámites  y procesos, par conseguir “una administración pública que sea un instrumento eficaz al servicio de la ciudadanía”.
 
Proyecto de ley de agilidad y reestructuración administrativa: según su preámbulo, “la agilización de los trámites y de los procesos propios de la actividad administrativa” y “la reordenación y la racionalización administrativa del sector público de Cataluña” son dos de los objetivos que tienen que hacer posible conseguir una Administración ágil y sostenible al servicio del ciudadano y de los objetivos de desarrollo económico y social del país. En este sentido, esta iniciativa legislativa quiere ser “la primera fase de la reestructuración  de la Administración de la Generalitat y de su sector público a partir de varias medidas, todas ellas bajo el denominador común de la racionalización de las estructuras y el ahorro de costes”.

Proyecto de ley de promoción de la actividad económica:
según su preámbulo, esta iniciativa legislativa tiene como objetivo “ayudar al desarrollo de la actividad empresarial, que se configura como motor de recuperación de la crisis económica mundial. El desarrollo empresarial requiere la supresión de trámites y trabas innecesarias para iniciar una nueva actividad; supone otorgar valor añadido a los diferentes sectores como la ganadería, el turismo, el comercio. Así mismo, implica modificaciones normativas que permitan una política de apoyo a los empresarios catalanes”.