Actualidad – Legislativa

1506,2016

Ley 10/2016, de 7 de junio, de Reforma de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda de la Región de Murcia, y de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Re

BORM núm. 137 de 15 de junio de 2016

La Región de Murcia es una de las comunidades autónomas más afectadas a consecuencia de la crisis. Según la Encuesta de Condiciones de Vida y el informe del 2015 de la Red Española de Lucha contra la Pobreza (EAPN), los datos para la Región de Murcia son alarmantes. El 44,9% de la población murciana, unas 658.601 personas, vive en situación o riesgo de pobreza o exclusión, la cifra más alta de todas las comunidades autónomas, solo superada por la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Estas cifras evidencian que un 8,5% de la población vive en situación de pobreza severa con ingresos inferiores a 332 euros mensuales, que el 53,5% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, y que un 22% de los hogares se cataloga como hogares con baja intensidad de empleo, lo que sitúa a Murcia 5,1 puntos por encima de la media nacional.
En el ámbito de la vivienda, la Región de Murcia cuenta con uno de los peores datos en sobreendeudamiento hipotecario de España. Según informa el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desde el año 2011 se cuentan por miles las ejecuciones hipotecarias iniciadas en la Región de Murcia, alcanzando en el año 2014 uno de los niveles más altos en número de ejecuciones hipotecarias en relación al resto de las comunidades autónomas. De los 4.353 procedimientos iniciados, 1.917 se corresponden a lanzamientos efectivamente practicados por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, lo que supone una evolución respecto al año anterior del 45’4%. Por su parte, y en base a los datos aportados por el CGPJ, en la Región de Murcia el número de lanzamientos con cumplimiento positivo ascendió a 973 para el 2014, lo que significa una evolución respecto al año anterior de un 115’7%.
En el ámbito del alquiler, el número de lanzamientos practicados por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia como consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de arrendamientos urbanos es igualmente llamativo: unas 861 familias se vieron afectadas en el año 2014.

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