{"id":5046,"date":"2026-10-28T07:30:00","date_gmt":"2026-10-28T06:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=5046"},"modified":"2026-10-26T08:48:32","modified_gmt":"2026-10-26T07:48:32","slug":"los-limites-que-pueden-invocar-los-gobiernos-locales-ante-la-peticion-de-informacion-de-los-concejales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/los-limites-que-pueden-invocar-los-gobiernos-locales-ante-la-peticion-de-informacion-de-los-concejales\/","title":{"rendered":"Los l\u00edmites que pueden invocar los Gobiernos locales ante la petici\u00f3n de informaci\u00f3n de los concejales"},"content":{"rendered":"\n

La principal discrepancia reside en determinar si resulta de aplicaci\u00f3n generalizada el listado de l\u00edmites establecido en el art. 14 LTAIBG, pues no se cuestiona que el l\u00edmite del derecho a la protecci\u00f3n de datos (art. 15 LTAIBG) s\u00ed es de necesaria observancia.<\/p>\n\n\n\n

Se trata de un interrogante que viene recibiendo un tratamiento y un enfoque dispares por las autoridades de control de la transparencia. En ocasiones, la renuencia a aplicar los l\u00edmites del art. 14 LTAIBG tiene un fundamento directo en la propia regla de la supletoriedad establecida en la disposici\u00f3n adicional primera LTAIBG, como sucede en aquellas CC. AA. cuya legislaci\u00f3n de r\u00e9gimen local \u2014a diferencia del art. 77 LRBRL\u2014 s\u00ed aborda expresamente el tema de los l\u00edmites al acceso, fijando por lo general un sistema menos riguroso que el establecido en el art. 14 LTAIBG (salvo el caso singular de la legislaci\u00f3n canaria). Pero, en contados supuestos, algunas autoridades de control cuya normativa auton\u00f3mica en materia local no regula en absoluto el tema de los l\u00edmites se muestran reticentes a operar con el reiterado art. 14 LTAIBG, optando por seleccionar y aplicar la norma m\u00e1s favorable para salvaguardar al m\u00e1ximo el derecho de acceso de los concejales en cuanto integrante del derecho fundamental al ejercicio del cargo p\u00fablico garantizado en el art. 23.2 CE.<\/p>\n\n\n\n

A mi juicio, sin embargo, aborde o no el tema de los l\u00edmites la correspondiente legislaci\u00f3n auton\u00f3mica reguladora del r\u00e9gimen local, resulta siempre de aplicaci\u00f3n el art. 14 LTAIBG en relaci\u00f3n con aquellos l\u00edmites incardinados a la tutela de intereses jur\u00eddicos constitucionalmente relevantes (seguridad p\u00fablica \u2014art. 14.1.d) LTAIBG\u2014) y derechos fundamentales garantizados en la Constituci\u00f3n. Rep\u00e1rese, efectivamente, en que, m\u00e1s all\u00e1 de la protecci\u00f3n de datos personales, hay determinados derechos fundamentales que son claramente reconducibles al sistema de l\u00edmites contenido en el tantas veces reiterado art\u00edculo de la LTAIBG: el derecho a la tutela judicial efectiva \u2014art. 14.1.f) LTAIBG\u2014, el derecho a la propiedad privada \u2014art. 14.1.j) LTAIBG\u2014 e, incluso, el derecho fundamental a la libertad de empresa, toda vez que el secreto comercial \u2014tutelado en el art. 14.1.h) LTAIBG\u2014 se halla bajo el \u00e1mbito de cobertura del referido derecho consagrado en el art\u00edculo 38 CE. A este respecto, conviene tener presente que en la jurisprudencia del TJUE el secreto comercial se protegi\u00f3 inicialmente como principio, y luego, ya aprobada la Carta de Derechos Fundamentales de la Uni\u00f3n Europea, se considera una garant\u00eda integrante tanto del derecho a la propiedad intelectual como del derecho a la libertad de empresa, contenidos respectivamente en los art\u00edculos 17.2 y 16 de la Carta [en este sentido, la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta), de 23 de noviembre de 2016, Bayer CropScience SA\u2011NV y Stichting De Bijenstichting<\/em> (asunto C\u2011442\/14), apartado 97 y ss.]. Dada la eficacia jur\u00eddica directa que caracteriza a los derechos fundamentales, se hace evidente que ning\u00fan aplicador del derecho deber\u00eda rechazar el examen de su eventual afectaci\u00f3n arguyendo que es un l\u00edmite no previsto expresamente en la normativa que resulte m\u00e1s favorable para facilitar el acceso a la informaci\u00f3n de los cargos representativos locales.<\/p>\n\n\n\n

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A mi juicio, sin embargo, aborde o no el tema de los l\u00edmites la correspondiente legislaci\u00f3n auton\u00f3mica reguladora del r\u00e9gimen local, resulta siempre de aplicaci\u00f3n el art. 14 LTAIBG en relaci\u00f3n con aquellos l\u00edmites incardinados a la tutela de intereses jur\u00eddicos constitucionalmente relevantes (seguridad p\u00fablica \u2014art. 14.1.d) LTAIBG\u2014) y derechos fundamentales garantizados en la Constituci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

En resumidas cuentas, incluso respecto de aquellas CC. AA. en las que no cabr\u00eda aplicar supletoriamente la legislaci\u00f3n de transparencia por contar con una regulaci\u00f3n espec\u00edfica de los l\u00edmites en su normativa reguladora del r\u00e9gimen local, han de tenerse siempre presentes los referidos l\u00edmites del art. 14 LTAIBG, cuyo objetivo es preservar derechos fundamentales o bienes constitucionalmente garantizados. Pues su condici\u00f3n de l\u00edmites al derecho de acceso a la informaci\u00f3n no obedece a una decisi\u00f3n lib\u00e9rrima del legislador estatal, sino que constituye una exigencia derivada directamente de la Constituci\u00f3n misma.<\/p>\n\n\n\n

Por lo dem\u00e1s, en la pr\u00e1ctica, el correcto tratamiento del tema de los l\u00edmites aplicables a los concejales resulta tanto m\u00e1s problem\u00e1tico cuanto que el legislador b\u00e1sico fij\u00f3 el plazo de cinco d\u00edas naturales para atender a la pretensi\u00f3n de informaci\u00f3n, y el ROF se inclin\u00f3 por establecer la regla del silencio positivo al respecto. Se trata, con toda evidencia, de un plazo muy exiguo, que no permite abordar con un m\u00ednimo rigor jur\u00eddico los enormemente complejos problemas de acotaci\u00f3n de los l\u00edmites que plantean algunas solicitudes de informaci\u00f3n (por ejemplo, acceso a los sistemas de IA).<\/p>\n\n\n\n

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Por lo dem\u00e1s, en la pr\u00e1ctica, el correcto tratamiento del tema de los l\u00edmites aplicables a los concejales resulta tanto m\u00e1s problem\u00e1tico cuanto que el legislador b\u00e1sico fij\u00f3 el plazo de cinco d\u00edas naturales para atender a la pretensi\u00f3n de informaci\u00f3n, y el ROF se inclin\u00f3 por establecer la regla del silencio positivo al respecto.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Sencillamente, el marco normativo regulador de los l\u00edmites existente en los a\u00f1os ochenta no tiene nada que ver con la abigarrada constelaci\u00f3n jur\u00eddica hoy vigente sobre el particular. Pi\u00e9nsese, por ejemplo, que el principal l\u00edmite del derecho de acceso (la protecci\u00f3n de datos personales) ni siquiera se conceb\u00eda en aquella \u00e9poca como un derecho fundamental anclado en la Constituci\u00f3n. Ser\u00eda la Sentencia sobre el Censo del Tribunal Constitucional federal alem\u00e1n, fechada el 15 de diciembre de 1983, la que marcar\u00eda a nivel europeo un punto de inflexi\u00f3n en la elevaci\u00f3n de la protecci\u00f3n de los datos personales al rango de derecho fundamental aut\u00f3nomo, pero esta construcci\u00f3n a\u00fan tardar\u00eda en asumirse de forma gradual por nuestro Tribunal Constitucional (SSTC 254\/1993, 94\/1998 y ya plenamente en la STC 292\/2000). Por lo dem\u00e1s, la propia regulaci\u00f3n de este l\u00edmite ha ido adquiriendo mayor complejidad con el paso de los a\u00f1os, como lo pone de manifiesto el mero cotejo superficial de la Directiva 95\/46\/CE con el vigente Reglamento General de Protecci\u00f3n de Datos, cuya aprobaci\u00f3n ha supuesto materialmente la casi total europeizaci\u00f3n<\/em> de este derecho fundamental. La correcta aplicaci\u00f3n de este l\u00edmite pasa, pues, por atender a la jurisprudencia que vaya emanando del TJUE. Y algo semejante sucede con otros l\u00edmites en cuya conformaci\u00f3n participa tambi\u00e9n de modo sustancial el legislador europeo, como sucede con el secreto comercial y el derecho a la propiedad intelectual, por mencionar algunos que parecen llamados a jugar un papel significativo en las probablemente crecientes pretensiones de acceder a los sistemas algor\u00edtmicos utilizados por las Administraciones p\u00fablicas.<\/p>\n\n\n\n

Pensar que se puede dar una adecuada respuesta jur\u00eddica, en cinco d\u00edas naturales, a solicitudes de informaci\u00f3n en las que puedan verse afectados los referidos l\u00edmites, es dif\u00edcilmente imaginable incluso para las entidades locales de mayor capacidad de gesti\u00f3n. En estas circunstancias, los responsables de la transparencia en los Gobiernos locales pueden verse inclinados a entender que la respuesta m\u00e1s prudente no pueda ser otra m\u00e1s que el silencio. No es de extra\u00f1ar, por tanto, que una parte sustancial de las reclamaciones interpuestas por concejales ante las autoridades de control de la transparencia se formulen precisamente ante la falta de respuesta en plazo a sus solicitudes. \u00a0Sin embargo, atendiendo al modo en que la LPAC regula el silencio positivo, es dif\u00edcil apreciar la necesidad de admitir a tr\u00e1mite estas reclamaciones, pues la observancia estricta de lo dispuesto en la LPAC cierra el paso a una intervenci\u00f3n jur\u00eddicamente innovadora de las autoridades de control: por una parte, el reclamante ya tiene reconocido ope legis<\/em> el derecho de acceso a la informaci\u00f3n pretendida; y, por otro lado, lo m\u00e1ximo que puede conseguir una autoridad es que el ayuntamiento reclamado dicte una resoluci\u00f3n expresa confirmatoria del acto presunto, entendiendo por tal aquella que coincide en su integridad con la pretensi\u00f3n de informaci\u00f3n formulada por el concejal.<\/p>\n\n\n\n

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Pensar que se puede dar una adecuada respuesta jur\u00eddica, en cinco d\u00edas naturales, a solicitudes de informaci\u00f3n en las que puedan verse afectados los referidos l\u00edmites, es dif\u00edcilmente imaginable incluso para las entidades locales de mayor capacidad de gesti\u00f3n.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Para m\u00e1s detalles, v\u00e9ase \u201cLos l\u00edmites al derecho de acceso a la informaci\u00f3n de los cargos representativos locales\u201d, Anuario de Transparencia Local 8\/2025<\/em>, Fundaci\u00f3n Democracia y Gobierno Local, 2026<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Autor\/a: Manuel Medina Guerrero<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Entre las dudas interpretativas que desde el principio suscit\u00f3 la disposici\u00f3n adicional primera de la LTAIBG respecto del derecho de acceso a la informaci\u00f3n por parte de los concejales, una vez zanjada por el Tribunal Supremo la relativa a la competencia de las autoridades independientes para atender las reclamaciones, a\u00fan subsisten divergencias de criterio en lo concerniente a la identificaci\u00f3n de los l\u00edmites aplicables a estas solicitudes de informaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":5047,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"Manuel Medina Guerrero","cargo-autor":"Catedr\u00e1tico de Derecho Constitucional. 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