{"id":4919,"date":"2026-09-02T07:29:00","date_gmt":"2026-09-02T05:29:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=4919"},"modified":"2026-08-03T10:33:34","modified_gmt":"2026-08-03T08:33:34","slug":"delimitacion-jurisprudencial-entre-servicio-publico-y-servicio-de-interes-economico-general","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/delimitacion-jurisprudencial-entre-servicio-publico-y-servicio-de-interes-economico-general\/","title":{"rendered":"Delimitaci\u00f3n jurisprudencial entre \u201cservicio p\u00fablico\u201d y \u201cservicio de inter\u00e9s econ\u00f3mico general\u201d"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo hace al hilo de la interpretaci\u00f3n de la excepci\u00f3n a la regla del doble silencio administrativo regulada en el p\u00e1rrafo tercero del <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-2015-10565\">art. 24.1 LPACAP<\/a>, seg\u00fan el cual, y en lo que aqu\u00ed importa, la falta de resoluci\u00f3n expresa del recurso de alzada interpuesto contra una desestimaci\u00f3n por silencio administrativo no tendr\u00e1 efecto positivo en aquellas ocasiones en que la estimaci\u00f3n tuviera como consecuencia la transferencia al solicitante o a terceros de facultades relativas al servicio p\u00fablico. M\u00e1s exactamente, el recurso de casaci\u00f3n tuvo su origen en la solicitud de autorizaci\u00f3n de cierre del Grupo I de la planta de ciclo combinado de Plana del Vent, presentada por Naturgy Generaci\u00f3n S. L. U.. Dicha solicitud fue desestimada por silencio administrativo, ante el que la citada mercantil interpuso el procedente recurso de alzada. El indicado recurso de alzada no fue resuelto de manera expresa, circunstancia que abri\u00f3 la litis a la cuesti\u00f3n concerniente a si la actividad de generaci\u00f3n de electricidad constituye un servicio p\u00fablico a los efectos de la precitada excepci\u00f3n a la regla del doble silencio administrativo en los t\u00e9rminos disciplinados en el aludido <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-2015-10565\">art. 24.1, p\u00e1rrafo tercero, LPACAP<\/a>. El Tribunal Supremo concluye que la actividad de generaci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica no forma parte del concepto de SP, sino que se trata de un SIEG, de suerte que el doble silencio administrativo entra\u00f1a la estimaci\u00f3n de la solicitud inicial.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En su argumentaci\u00f3n, el Tribunal Supremo parte de la evoluci\u00f3n experimentada por la configuraci\u00f3n jur\u00eddica del suministro el\u00e9ctrico desde el <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/datos\/pdfs\/BOE\/1924\/106\/A00306-00308.pdf\">Real Decreto de 12 de abril de 1924, por el que se establec\u00edan normas sobre suministros de energ\u00eda el\u00e9ctrica, agua y gas<\/a>, hasta la actualidad, en que la norma cabecera del sector es la <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-2013-13645\">Ley 24\/2013, de 26 de diciembre, del Sector El\u00e9ctrico<\/a>. En su an\u00e1lisis constata c\u00f3mo, frente al precitado real decreto de 1924, en que la actividad aparec\u00eda calificada expresamente como \u201cservicio p\u00fablico de titularidad estatal\u201d, a partir de la <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-1997-25340\">Ley 54\/1997, de 27 de noviembre, del Sector El\u00e9ctrico<\/a>, dicha consideraci\u00f3n jur\u00eddica se ve sustituida por la de \u201cservicio esencial\u201d no vinculado a la titularidad p\u00fablica, sino a un r\u00e9gimen liberalizado y por tanto abierto a la competencia tanto en la producci\u00f3n como en la comercializaci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica. Finalmente, la <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-2013-13645\">vigente LSE<\/a> incluye al suministro de energ\u00eda el\u00e9ctrica en la categor\u00eda de los SIEG (art. 2.2).<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>La clave en la delimitaci\u00f3n entre SP y SIEG reside fundamentalmente en la titularidad y la apertura a la libre concurrencia de la actividad prestacional de que se trate en cada ocasi\u00f3n.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A la luz de la STS que motiva estas l\u00edneas, la clave en la delimitaci\u00f3n entre SP y SIEG reside fundamentalmente en la titularidad y la apertura a la libre concurrencia de la actividad prestacional de que se trate en cada ocasi\u00f3n. As\u00ed, respecto del SP afirma que se caracteriza porque \u201cse ha venido considerando como una forma de intervenci\u00f3n de los poderes p\u00fablicos que se caracteriza porque \u00e9stos asumen la titularidad de una actividad, siendo una nota caracter\u00edstica de esta noci\u00f3n en su versi\u00f3n estricta (o subjetiva) que la Administraci\u00f3n Publica es titular de la actividad\u201d. En los SIEG, en cambio, se \u201ctiene en mayor consideraci\u00f3n el objeto o la prestaci\u00f3n del servicio y sus condiciones, que justifica el poder de supervisi\u00f3n o control de los Estados del funcionamiento de los mercados\u201d. En definitiva, y siguiendo con las propias palabras del TS, no cabe considerar que el concepto de SP \u201csea homologable al de servicios de inter\u00e9s econ\u00f3mico general, con caracter\u00edsticas definitorias propias, no siendo t\u00e9rminos equivalentes ni intercambiables. Estos \u00faltimos, los SIEG, no presentan la naturaleza ni las caracter\u00edsticas propias de un servicio p\u00fablico, desde un punto de vista subjetivo, al no concurrir, la nota de la titularidad p\u00fablica propiamente definitoria de estos \u00faltimos. Ni tampoco desde una perspectiva m\u00e1s objetiva, puede afirmarse que nos encontremos ante obligaciones de servicio p\u00fablico estrictamente considerada, como por ejemplo pudiera ser el bono social, en la que se define el car\u00e1cter obligatorio de la prestaci\u00f3n para quien realiza el servicio\u201d.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>No cabe considerar que el concepto de SP sea homologable al de servicios de inter\u00e9s econ\u00f3mico general, con caracter\u00edsticas definitorias propias, no siendo t\u00e9rminos equivalentes ni intercambiables.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tal vez pueda pensarse que la STS comentada incide en una delimitaci\u00f3n conceptual obvia por dem\u00e1s y totalmente asentada. En mi opini\u00f3n, sin embargo, nos hallamos ante un pronunciamiento jurisprudencial de relevancia, toda vez que ni el SP ni el SIEG cuentan con una definici\u00f3n ni, por tanto, con una diferenciaci\u00f3n n\u00edtida en el derecho positivo. En efecto, como se ocupa de precisar el TS \u2014que lo califica como concepto \u201cciertamente difuso y poco estable\u201d\u2014 y es sabido por todos, el servicio p\u00fablico es sin duda uno de los conceptos hist\u00f3ricamente m\u00e1s controvertidos del derecho administrativo desde que en el \u00faltimo tercio del siglo XIX Leon Duguit lo formulara, en t\u00e9rminos ciertamente integradores u omnicomprensivos, no referidos exclusivamente a la actividad de prestaci\u00f3n, como elemento definitorio o eje del mismo. Desde entonces, la evoluci\u00f3n y los debates sobre su significado no han cesado, siendo los principales puntos del mismo \u2014pero no los \u00fanicos\u2014 su propio contenido, la necesidad o no de titularidad p\u00fablica y, en su caso, la exigencia o no de monopolio p\u00fablico. Por otro lado, la ausencia de delimitaci\u00f3n normativa del SP no ha sido colmada satisfactoriamente por la jurisprudencia, toda vez que, si bien mayoritariamente lo ha identificado con la actividad prestacional cuya titularidad es asumida por la Administraci\u00f3n p\u00fablica \u2014planteamiento este que sigue la STS comentada\u2014, no puede decirse que dicha inteligencia del concepto sea uniforme<a href=\"#_ftn1\" id=\"_ftnref1\">*<\/a>.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Nos hallamos ante un pronunciamiento jurisprudencial de relevancia, toda vez que ni el SP ni el SIEG cuentan con una definici\u00f3n ni, por tanto, con una diferenciaci\u00f3n n\u00edtida en el derecho positivo.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tampoco el concepto de SIEG cuenta con una definici\u00f3n normativa, ni en el derecho de la Uni\u00f3n ni en el derecho patrio. Por lo que se refiere al derecho de la Uni\u00f3n, en el que como se sabe se halla su origen, se hace referencia a los SIEG, significativamente y entre otros, en los <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/doue\/2010\/083\/Z00047-00199.pdf\">arts. 14 y 106.2 TFUE<\/a>. Ahora bien, los preceptos en los que se alude a los SIEG no llevan a cabo intento alguno de definici\u00f3n. Solo en algunos instrumentos de <em>soft law<\/em> es posible identificar alguna aproximaci\u00f3n a lo que se entiende por SIEG. Tal es el caso, significativamente, de la \u201c<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/ES\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:52001XC0119(02)\">Comunicaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n sobre los servicios de inter\u00e9s general en Europa<\/a>\u201d, en cuyo Anexo II se dice que SIEG \u201c[e]s el t\u00e9rmino utilizado en el art\u00edculo 86 del Tratado [vigente art. 106 TFUE] y se refiere a los servicios de mercado a los que los Estados miembros imponen determinadas obligaciones de servicio p\u00fablico en virtud de criterios de inter\u00e9s general\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sea como fuere, la STS analizada reviste el claro inter\u00e9s de que confronta ambos conceptos \u2014SP y SIEG\u2014 y de que sienta la conclusi\u00f3n, sin duda importante, de que no son equivalentes ni intercambiables. Por el contrario, aluden a realidades distintas, sin que las menciones legales a cualquiera de ellas puedan ser interpretadas en t\u00e9rminos extensivos, incluyentes de la otra. En particular, sin que quepa entender que las referencias al SP engloban tambi\u00e9n a los SIEG. Y ello pese a que, en el fondo, estos \u00faltimos son fruto de la evoluci\u00f3n de los SP hacia el mercado, de modo que las prestaciones en que se materializan puedan ser prestadas en r\u00e9gimen de libre concurrencia, si bien con sujeci\u00f3n a las potestades regulatorias en general, y de supervisi\u00f3n y control de la Administraci\u00f3n en particular.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>SP y SIEG<\/strong> <strong>aluden a realidades distintas, sin que las menciones legales a cualquiera de ellas puedan ser interpretadas en t\u00e9rminos extensivos, incluyentes de la otra.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Autor\/a:&nbsp;<strong>Antonio Ezquerra Huerva<\/strong><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"#_ftnref1\" id=\"_ftn1\">*<\/a> Para una aproximaci\u00f3n a los planteamientos doctrinales y jurisprudenciales espa\u00f1oles sobre el concepto de SP en los t\u00e9rminos no uniformes apuntados, con cita de abundante jurisprudencia, <a href=\"https:\/\/recyt.fecyt.es\/index.php\/RAP\/article\/view\/51736\/31653\">Tornos Mas, J. (2016). El concepto de servicio p\u00fablico a la luz del derecho comunitario. <em>Revista de Administraci\u00f3n P\u00fablica<\/em>, 200, 194-200<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En su reciente <a id=\"ContentPlaceHolderContenido_lsvNoticias_lnkEnlace_0\" class=\"a_ver\" href=\"https:\/\/www.poderjudicial.es\/search\/TS\/openDocument\/a17d10186784950fa0a8778d75e36f0d\/20260423\" rel=\"noopener noreferrer\">sentencia 430\/2026, de 10 de abril (rec. n\u00fam. 5634\/2023)<\/a>, el Tribunal Supremo se pronuncia acerca de la delimitaci\u00f3n conceptual entre \u201cservicio p\u00fablico\u201d (SP) y \u201cservicio de inter\u00e9s econ\u00f3mico general\u201d (SIEG), como se sabe, dos de las figuras centrales del derecho administrativo y que m\u00e1s atenci\u00f3n y debate ocasionan entre los estudiosos de la disciplina.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4921,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"Antonio Ezquerra Huerva","cargo-autor":"Catedr\u00e1tico de Derecho Administrativo. 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