La Resoluci\u00f3n n.\u00ba 1622\/2025 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC, en lo sucesivo), de 13 de noviembre de 2025, viene a consolidar una l\u00ednea doctrinal de los \u00f3rganos de recursos en materia de contrataci\u00f3n, que a su vez recoge el testigo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea (TJUE, en lo sucesivo). Dicha l\u00ednea ha consistido en delinear progresivamente, de forma casu\u00edstica, el l\u00edmite y alcance relativo de los principios en juego, ponderando, de un lado, los principios de transparencia e igualdad de trato y la garant\u00eda del derecho de defensa, y, de otro, el principio de confidencialidad y la garant\u00eda del secreto empresarial. <\/p>\n\n\n\n
La comprensi\u00f3n de esta doctrina del TACRC exige contextualizarla en el marco de la jurisprudencia europea que ha ido perfilando progresivamente los contornos de este equilibrio.<\/p>\n\n\n\n
El punto de partida obligado es la Sentencia del TJUE de 14 de febrero de 2008, asunto C-450\/06, Varec SA contra B\u00e9lgica<\/em>, en la que el Tribunal subray\u00f3 que los procedimientos de adjudicaci\u00f3n se basan en una relaci\u00f3n de confianza entre las entidades adjudicadoras y los operadores econ\u00f3micos. Los licitadores han de poder comunicar cualquier informaci\u00f3n \u00fatil sin miedo a que se divulguen datos cuya comunicaci\u00f3n pueda perjudicarles. Esta confianza no es solo un derecho del interesado, sino una condici\u00f3n necesaria para que sea efectiva la concurrencia competitiva.<\/p>\n\n\n\n La Sentencia del TJUE de 29 de enero de 2013, asuntos acumulados T-339\/10 y T-532\/10, Cosepuri\/EFSA<\/em>, reforz\u00f3 este planteamiento al afirmar que el principio de transparencia debe conciliarse con la protecci\u00f3n del inter\u00e9s p\u00fablico, de los intereses comerciales leg\u00edtimos y de la competencia leal, justificando la posibilidad de abstenerse de comunicar determinados datos cuando sea necesario para garantizar estas exigencias.<\/p>\n\n\n\n En la Sentencia del TJUE de 17 de noviembre de 2022, asunto C-54\/21, Antea Polska<\/em>, el Tribunal determina que la Directiva 2014\/24\/UE protege un \u00e1mbito de confidencialidad m\u00e1s amplio que el de los secretos empresariales en sentido estricto, concibiendo ambos conceptos, el de secreto empresarial y el de contenido confidencial, como c\u00edrculos conc\u00e9ntricos. Pero, al mismo tiempo, el TJUE afirma con rotundidad que los \u00f3rganos de contrataci\u00f3n no pueden limitarse a estimar de forma acr\u00edtica toda solicitud de confidencialidad que un licitador pretenda invocar. La pr\u00e1ctica consistente en aceptar indiscriminadamente tales solicitudes, sin una labor previa de filtro del concreto contenido de la informaci\u00f3n, es contraria al derecho de la Uni\u00f3n tanto como lo ser\u00eda una excesiva restricci\u00f3n de la confidencialidad.<\/p>\n\n\n\n Descendiendo a nivel nacional, en Espa\u00f1a, el principio de confidencialidad de las ofertas encuentra su regulaci\u00f3n fundamental en el art\u00edculo 133 de la Ley 9\/2017, de Contratos del Sector P\u00fablico (LCSP), que establece la prohibici\u00f3n general de divulgar la informaci\u00f3n designada por los licitadores como confidencial. Sin embargo, el legislador ha querido establecer l\u00edmites precisos a esta facultad para evitar su uso abusivo: la confidencialidad no puede extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario, ni a documentos que sean p\u00fablicamente accesibles.<\/p>\n\n\n\n Descendiendo a nivel nacional, en Espa\u00f1a, el principio de confidencialidad de las ofertas encuentra su regulaci\u00f3n fundamental en el art\u00edculo 133 de la Ley 9\/2017, de Contratos del Sector P\u00fablico (LCSP), que establece la prohibici\u00f3n general de divulgar la informaci\u00f3n designada por los licitadores como confidencial.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n El TACRC, en la resoluci\u00f3n 1039\/2025, de 10 de julio, sintetiz\u00f3 su doctrina sobre el acceso al expediente y las limitaciones derivadas de la confidencialidad en varios puntos esenciales que la Resoluci\u00f3n 1622\/2025, que aqu\u00ed nos ocupa, reitera expresamente y toma como punto de partida.<\/p>\n\n\n\n Por una parte, el car\u00e1cter confidencial no puede declararse de forma gen\u00e9rica sobre la totalidad de la documentaci\u00f3n, debiendo referirse a secretos t\u00e9cnicos o comerciales que comporten una ventaja competitiva, sean desconocidos por terceros, representen un valor estrat\u00e9gico para la empresa y afecten a su competencia en el mercado (RTACRC n.\u00ba 58\/2018, de 19 de enero).<\/p>\n\n\n\n Por otra parte, el derecho de acceso tiene car\u00e1cter instrumental, vinculado al derecho de defensa del licitador, por lo que no es imprescindible dar vista del expediente m\u00e1s que en aquellos aspectos cuya necesidad quede justificada para fundar el recurso o reclamaci\u00f3n (RTACRC n.\u00ba 741\/2018, de 31 de julio).<\/p>\n\n\n\n El derecho de acceso tiene car\u00e1cter instrumental, vinculado al derecho de defensa del licitador, por lo que no es imprescindible dar vista del expediente m\u00e1s que en aquellos aspectos cuya necesidad quede justificada para fundar el recurso o reclamaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Centr\u00e1ndonos ya en la Resoluci\u00f3n n.\u00ba 1622\/2025, de 13 de noviembre de 2025, el caso resuelto por el TACRC tiene su origen en un procedimiento de contrataci\u00f3n convocado por el Ayuntamiento de Torrevieja para la implementaci\u00f3n de una zona de bajas emisiones, financiado con fondos del Plan de Recuperaci\u00f3n, Transformaci\u00f3n y Resiliencia.<\/p>\n\n\n\n La empresa clasificada en segundo lugar impugna la adjudicaci\u00f3n alegando la vulneraci\u00f3n de su derecho de defensa.<\/p>\n\n\n\n El elemento central del recurso radica en que la adjudicataria hab\u00eda declarado como confidencial aproximadamente el 83 % del contenido de su oferta t\u00e9cnica, as\u00ed como la pr\u00e1ctica totalidad de la memoria justificativa de su oferta incursa en presunci\u00f3n de anormalidad. Incluso los \u00edndices de la memoria t\u00e9cnica y de la justificaci\u00f3n de la baja hab\u00edan sido considerados confidenciales en su totalidad.<\/p>\n\n\n\n El \u00f3rgano de contrataci\u00f3n acept\u00f3 dicha declaraci\u00f3n, se dice, sin una revisi\u00f3n cr\u00edtica de su alcance y pertinencia. Esta situaci\u00f3n imped\u00eda a la recurrente conocer las caracter\u00edsticas concretas de la oferta ganadora, examinar la razonabilidad de la oferta econ\u00f3mica anormalmente baja aceptada por la Administraci\u00f3n, y determinar si exist\u00edan incumplimientos del pliego t\u00e9cnico o una sobrevaloraci\u00f3n de los criterios sujetos a juicio de valor.<\/p>\n\n\n\n El TACRC, al resolver el recurso, hace especial hincapi\u00e9 en el papel del \u00f3rgano de contrataci\u00f3n, \u00a0al que compete analizar la documentaci\u00f3n se\u00f1alada como confidencial, sin estar vinculado por la declaraci\u00f3n del licitador ni poder aceptarla de forma acr\u00edtica. El Tribunal censura que el \u00f3rgano de contrataci\u00f3n, lejos de examinar los documentos declarados confidenciales, se limit\u00f3 a asumir acr\u00edticamente la declaraci\u00f3n de la adjudicataria.<\/p>\n\n\n\n El Tribunal censura que el \u00f3rgano de contrataci\u00f3n, lejos de examinar los documentos declarados confidenciales, se limit\u00f3 a asumir acr\u00edticamente la declaraci\u00f3n de la adjudicataria.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Procede poner estos pronunciamientos en relaci\u00f3n con la doctrina sobre el car\u00e1cter instrumental del derecho de acceso. Como dec\u00edamos antes, el TACRC ha afirmado reiteradamente que el derecho de acceso est\u00e1 al servicio del derecho de defensa, de modo que no resulta imprescindible dar vista del expediente m\u00e1s que en aquellos aspectos respecto de los cuales quede justificada la necesidad de su conocimiento para fundar el recurso.<\/p>\n\n\n\n Esta doctrina ha permitido en ocasiones desestimar recursos cuando se constata que la falta de acceso a determinada informaci\u00f3n no ha generado indefensi\u00f3n, especialmente cuando el recurrente no justific\u00f3 las razones por las que el acceso era esencial para articular su defensa.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, la Resoluci\u00f3n 1622\/2025 evidencia que esta instrumentalidad no ampara declaraciones de confidencialidad inmotivadas o desproporcionadas. Cuando se impide el acceso a m\u00e1s del 80 % de la oferta t\u00e9cnica y a la totalidad de la justificaci\u00f3n de la oferta presuntamente anormal, se vulnera el derecho de defensa del licitador que se apresta a impugnar la adjudicaci\u00f3n, pues carece de elementos para evaluar la viabilidad de la oferta adjudicataria y formular una impugnaci\u00f3n fundada.<\/p>\n\n\n\n Sobre la base de todo lo anterior, el TACRC estima el recurso, anulando la adjudicaci\u00f3n y ordenando la retroacci\u00f3n de actuaciones.<\/p>\n\n\n\n En definitiva, la RTACRC 1622\/2025 nos recuerda que el equilibrio entre transparencia y confidencialidad exige un ejercicio de ponderaci\u00f3n riguroso, motivado y proporcionado, del que son garantes tanto los \u00f3rganos de contrataci\u00f3n como los \u00f3rganos de recursos contractuales.<\/p>\n\n\n\n En definitiva, la RTACRC 1622\/2025 nos recuerda que el equilibrio entre transparencia y confidencialidad exige un ejercicio de ponderaci\u00f3n riguroso, motivado y proporcionado, del que son garantes tanto los \u00f3rganos de contrataci\u00f3n como los \u00f3rganos de recursos contractuales.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Autor\/a: Enrique Soler Santos <\/strong><\/p>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales delimita el alcance del principio de confidencialidad de las ofertas en relaci\u00f3n con el derecho de acceso al expediente: el car\u00e1cter instrumental de este \u00faltimo no ampara declaraciones de confidencialidad inmotivadas o desproporcionadas, m\u00e1xime cuando se trata de la viabilidad de ofertas incursas en presunci\u00f3n de anormalidad.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4870,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"Enrique Soler Santos","cargo-autor":"Letrado de la Comunidad de Madrid. 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