{"id":4809,"date":"2026-05-27T07:30:00","date_gmt":"2026-05-27T05:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=4809"},"modified":"2026-05-25T09:05:06","modified_gmt":"2026-05-25T07:05:06","slug":"limites-para-la-aprobacion-de-modelos-normalizados-obligatorios-en-los-procedimientos-administrativos-el-dictamen-del-consejo-consultivo-de-castilla-la-mancha-n-o-22-2026-de-29-de-enero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/limites-para-la-aprobacion-de-modelos-normalizados-obligatorios-en-los-procedimientos-administrativos-el-dictamen-del-consejo-consultivo-de-castilla-la-mancha-n-o-22-2026-de-29-de-enero\/","title":{"rendered":"L\u00edmites para la aprobaci\u00f3n de modelos normalizados obligatorios en los procedimientos administrativos: el Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha n.\u00ba 22\/2026, de 29 de enero"},"content":{"rendered":"\n

SUPUESTO DE HECHO<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Un ayuntamiento de Castilla-La Mancha aprob\u00f3, por decreto de la Concejal\u00eda Delegada, un modelo normalizado de reclamaci\u00f3n para los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cuya utilizaci\u00f3n impuso como obligatoria a todos los administrados. El Decreto ten\u00eda como antecedente la Ordenanza de la Administraci\u00f3n Electr\u00f3nica del Ayuntamiento, en la que se regulaba la obligaci\u00f3n de tramitaci\u00f3n electr\u00f3nica de los procedimientos para la Administraci\u00f3n y que, en el caso del ciudadano, justificaba la necesidad de utilizaci\u00f3n obligatoria del modelo en el hecho de haberse comprobado \u201cque son muchos los casos en que las solicitudes adolecen de la falta de cumplimentaci\u00f3n de algunos de esos requisitos, lo que obliga a requerimientos de subsanaci\u00f3n y, por tanto, p\u00e9rdidas de tiempo para el ciudadano y para la Administraci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Sobre esta base, una ciudadana present\u00f3 reclamaci\u00f3n de responsabilidad patrimonial a trav\u00e9s de un abogado colegiado, por ca\u00edda en una v\u00eda p\u00fablica de la localidad, pero, al haberlo hecho presencialmente en un documento de confecci\u00f3n propia, fue requerida para subsanaci\u00f3n, consider\u00e1ndose adem\u00e1s como fecha correcta de presentaci\u00f3n de la reclamaci\u00f3n aquella en la que se produjo la subsanaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La cuesti\u00f3n se complicaba en este caso porque, aunque la primera solicitud se present\u00f3 dentro del a\u00f1o del d\u00eda de producci\u00f3n del accidente, la subsanaci\u00f3n tuvo lugar transcurrido ya este plazo, por lo que la instructora, para evitar el efecto del rechazo ad liminem<\/em> de la solicitud, tuvo que realizar una discutible elucubraci\u00f3n acerca del momento de determinaci\u00f3n de las secuelas, que en ning\u00fan caso se deduc\u00eda de la documentaci\u00f3n m\u00e9dica aportada al expediente.<\/p>\n\n\n\n

L\u00cdMITES DE APROBACI\u00d3N DE MODELOS NORMALIZADOS OBLIGATORIOS: LAS CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN N.\u00ba 22\/2026, DE 29 DE ENERO<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Primer l\u00edmite impl\u00edcito: los modelos de utilizaci\u00f3n obligatoria tienen que imponerse normativamente, no por un mero acto jur\u00eddico.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En mi opini\u00f3n parece evidente que un simple acto, incluso aunque fuera susceptible de calificarse como \u201cpl\u00farimo\u201d, posee un periodo limitado de producci\u00f3n de efectos y, en consecuencia, no podr\u00eda afectar indefinidamente a los derechos y obligaciones de la generalidad de los ciudadanos, para lo que indudablemente se exigir\u00eda una norma. Sin embargo, en este caso el Consejo no entr\u00f3 en analizar la insuficiencia normativa del Decreto de la Concejal\u00eda, ya que seg\u00fan todos los indicios constitu\u00eda la materializaci\u00f3n de una ordenanza municipal, que s\u00ed ostentar\u00eda el necesario rango normativo.<\/p>\n\n\n\n

Segundo l\u00edmite: la legalidad de la aprobaci\u00f3n de un modelo obligatorio es indisociable de la correcta motivaci\u00f3n que lo impone.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Aunque nada diga expresamente al respecto el art\u00edculo 66.6 de la LPAC, tambi\u00e9n resulta imprescindible, a nuestro juicio, que la motivaci\u00f3n que justifique la obligaci\u00f3n de utilizar modelos normalizados no infrinja ning\u00fan precepto legal. En este caso, al motivarse la ordenanza que daba cobertura al Decreto en la obligaci\u00f3n de tramitaci\u00f3n electr\u00f3nica de los procedimientos administrativos, se estar\u00eda desconociendo que tal obligaci\u00f3n solo existe para la Administraci\u00f3n y para aquellos ciudadanos que est\u00e1n obligados a relacionarse electr\u00f3nicamente con ella, en virtud de los apartados 2 y 3 del art\u00edculo 14 de la LPAC. Por tanto, como afirma el dictamen, \u201ccon la generalizaci\u00f3n del modelo normalizado obligatorio para todos se estar\u00eda ignorando el derecho reconocido por la legislaci\u00f3n estatal b\u00e1sica de que determinadas personas puedan elegir no relacionarse con la Administraci\u00f3n a trav\u00e9s de medios electr\u00f3nicos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Este era precisamente el caso de la reclamante, que, sin pertenecer a ning\u00fan colectivo de personas f\u00edsicas a las que reglamentariamente se hubiera impuesto su deber de relaci\u00f3n electr\u00f3nica con la Administraci\u00f3n, hizo adem\u00e1s uso de su abogado como mero representante, en una actividad para la que, obviamente, no era necesaria su colegiaci\u00f3n (con lo que tampoco se daba el supuesto del art\u00edculo 14.2.c de la LPAC).<\/p>\n\n\n\n

Tampoco ve correcto el Consejo el argumento, dirigido al ciudadano, de que son muchos los casos en los que, por presentarse solicitudes que no cumpl\u00edan todos los requisitos, habr\u00eda que \u201cperder mucho tiempo\u201d en tr\u00e1mites de subsanaci\u00f3n. Aqu\u00ed, el Consejo afirma haber comprobado \u201cque ni siquiera exist\u00eda causa legal para la subsanaci\u00f3n, ya que la primera solicitud conten\u00eda todas las referencias que legalmente se exigen a las reclamaciones de responsabilidad patrimonial\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Tercer l\u00edmite: la posibilidad de tener como fecha v\u00e1lida de presentaci\u00f3n de solicitud la de subsanaci\u00f3n tampoco era aplicable en este caso.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En efecto, conforme al art\u00edculo 68.4 de la LPAC: \u201cSi alguno de los sujetos a los que hace referencia el art\u00edculo 14.2 y 14.3 presenta su solicitud presencialmente, las Administraciones P\u00fablicas requerir\u00e1n al interesado para que la subsane a trav\u00e9s de su presentaci\u00f3n electr\u00f3nica. A estos efectos, se considerar\u00e1 como fecha de presentaci\u00f3n de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanaci\u00f3n\u201d<\/span>.<\/p>\n\n\n\n

Pues bien, del tenor literal anterior la conclusi\u00f3n l\u00f3gica, tras comprobar en este caso que la reclamante no estaba obligada a relacionarse electr\u00f3nicamente con la Administraci\u00f3n, era que no pod\u00eda aplicarse sensu contrario<\/em> lo dispuesto en este precepto y, por tanto, debi\u00f3 considerarse v\u00e1lida la primera fecha de presentaci\u00f3n presencial del escrito.<\/p>\n\n\n\n

Cuarto l\u00edmite: aunque hubiera sido obligatorio presentar electr\u00f3nicamente la reclamaci\u00f3n, el escrito inicial de la ciudadana habr\u00eda interrumpido la prescripci\u00f3n del a\u00f1o para el ejercicio de la acci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En efecto, habi\u00e9ndose establecido en el art\u00edculo 67.1 de la LPAC un plazo de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, resulta imprescindible acudir al art\u00edculo 1973 del C\u00f3digo Civil, en el que se contempla expresamente, como causa de interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n, la \u201creclamaci\u00f3n extrajudicial del deudor\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Pues bien, la jurisprudencia civil es un\u00e1nime al establecer que, si bien el C\u00f3digo Civil no establece forma instrumental alguna para la reclamaci\u00f3n extrajudicial interruptiva de la prescripci\u00f3n, en principio cualquier medio que permita cumplir los requisitos y garant\u00edas de la actuaci\u00f3n interpretativa es apto para tal fin. La STS (Sala 1.\u00aa) n.\u00ba 529\/2024, de 22 de abril, ha advertido a este respecto lo siguiente: \u201cPara que interrumpa la prescripci\u00f3n, la reclamaci\u00f3n ha de contener la expresa exigencia al deudor de que cumpla con su obligaci\u00f3n, no siendo suficiente la mera manifestaci\u00f3n externa de la existencia de un derecho sin el acto volitivo de una verdadera reclamaci\u00f3n a la persona obligada\u201d (FJ 2.\u00ba, p\u00e1rrafo 3.\u00ba).<\/p>\n\n\n\n

Salvando dicha exigencia sustantiva material (y la primera reclamaci\u00f3n era ya una manifestaci\u00f3n inequ\u00edvoca de intimaci\u00f3n al pago a la Administraci\u00f3n), resulta indiferente el medio utilizado. Y as\u00ed, entre las variadas formas a las que el titular del derecho puede recurrir para su reclamaci\u00f3n extrajudicial, la jurisprudencia ha reconocido eficacia a la correspondencia postal o telegr\u00e1fica, el fax, el t\u00e9lex, etc., e incluso las comunicaciones telef\u00f3nicas y las gestiones personales directas, sin otros l\u00edmites en estos \u00faltimos dos casos que los derivados de su prueba (entre otras, SSTS de 10-3-1983 y 22-12-1984).<\/p>\n\n\n\n

Autor\/a: Carlos M.\u00aa Rodr\u00edguez S\u00e1nchez<\/strong> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

A pesar de la generalidad con la que se expresa el apartado 66.6 de la LPAC al permitir a las Administraciones p\u00fablicas establecer modelos espec\u00edficos de car\u00e1cter obligatorio en procedimientos concretos, el ejercicio de esta facultad est\u00e1 condicionado a una serie de requisitos, algunos de los cuales fueron tratados en el Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha n.\u00ba 22\/2026, de 29 de enero.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4823,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"Carlos M.\u00aa Rodr\u00edguez S\u00e1nchez","cargo-autor":"Doctor en Derecho. 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