{"id":4800,"date":"2026-05-13T07:30:00","date_gmt":"2026-05-13T05:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=4800"},"modified":"2026-05-12T12:28:32","modified_gmt":"2026-05-12T10:28:32","slug":"el-derecho-a-rectificar-errores","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/el-derecho-a-rectificar-errores\/","title":{"rendered":"El derecho a rectificar errores"},"content":{"rendered":"\n

I. El surgimiento del derecho a rectificar errores<\/strong><\/p>\n\n\n\n

De inspiraci\u00f3n francesa*<\/a>, el llamado derecho al error no reconoce tanto un derecho a equivocarse sin consecuencia alguna como la posibilidad de corregir determinados errores sin que ello conlleve la imposici\u00f3n de sanciones, incluso cuando la rectificaci\u00f3n se realice tras un requerimiento de la propia Administraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

\n

El<\/strong> derecho al error<\/strong> reconoce<\/strong> la posibilidad de corregir determinados errores sin que ello conlleve la imposici\u00f3n de sanciones, incluso cuando la rectificaci\u00f3n se realice tras un requerimiento de la propia Administraci\u00f3n.<\/strong> Se concibe, as\u00ed, como<\/strong> un remedio frente a la insuficiente calidad y claridad del Derecho.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

La finalidad de este derecho es reforzar la posici\u00f3n del ciudadano en sus relaciones con la Administraci\u00f3n, reconociendo expl\u00edcitamente las dificultades que derivan de la creciente complejidad normativa y procedimental. Se concibe, as\u00ed, como un remedio frente a la insuficiente calidad y claridad del Derecho. El derecho al error parte de la premisa de que la proliferaci\u00f3n de normas, cada vez m\u00e1s numerosas y t\u00e9cnicamente m\u00e1s sofisticadas, puede conducir a incumplimientos involuntarios por parte de la ciudadan\u00eda. Desde esta perspectiva, la l\u00f3gica del mencionado derecho se presenta como expresi\u00f3n de un modelo de Administraci\u00f3n menos orientado a la sanci\u00f3n y m\u00e1s comprometido con facilitar la rectificaci\u00f3n de errores. En consecuencia, se parte de una presunci\u00f3n de conformidad de la actuaci\u00f3n de los ciudadanos con la legalidad, al tiempo que se reconoce que la complejidad inherente al ordenamiento jur\u00eddico debe ser asumida e internalizada por la propia Administraci\u00f3n.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

\n

Se parte de una presunci\u00f3n de conformidad de la actuaci\u00f3n de los ciudadanos con la legalidad.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

El derecho a rectificar errores ha suscitado una atenci\u00f3n destacada en el \u00e1mbito tributario espa\u00f1ol, donde ha sido reconocido espec\u00edficamente por la Sentencia del TSJ de Galicia n\u00fam. 709\/2023, de 28 de noviembre de 2023. Con un alcance m\u00e1s general, la reciente Ley del Parlamento de Catalu\u00f1a 9\/2025, de 13 de noviembre, ha incorporado a la Ley 26\/2010, de 3 de agosto, de r\u00e9gimen jur\u00eddico y de procedimiento de las Administraciones p\u00fablicas de Catalu\u00f1a, el nuevo art\u00edculo 22 bis, en el que se regula expresamente el derecho de las personas a rectificar errores frente a la Administraci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n

La norma catalana reconoce el derecho al error con un \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n general, no circunscrito al \u00e1mbito fiscal. As\u00ed, este derecho se proyecta sobre todas las relaciones reguladas en el art. 3 de la Ley 26\/2010, es decir, sobre las relaciones entre la ciudadan\u00eda y las Administraciones p\u00fablicas catalanas, tanto auton\u00f3micas como locales. En consecuencia, la invocaci\u00f3n del derecho al error no se limita a los tributos gestionados por dichas Administraciones, sino que tambi\u00e9n puede plantearse en \u00e1mbitos tan diversos como los servicios sociales, las pol\u00edticas de fomento o cualquier materia que forme parte de sus competencias.  <\/p>\n\n\n\n

El nuevo precepto 22 bis establece que la persona que haya infringido por primera vez una norma aplicable a su situaci\u00f3n o haya cometido errores materiales o formales al comunicar sus datos o su situaci\u00f3n no puede ser objeto de sanci\u00f3n pecuniaria ni de sanciones que impliquen la p\u00e9rdida total o parcial de una prestaci\u00f3n a la que tenga derecho.<\/p>\n\n\n\n

En cuanto a su aplicaci\u00f3n, el derecho al error puede ser invocado tanto por personas f\u00edsicas como jur\u00eddicas y se activa ante dos supuestos de hecho: (1) cuando el administrado infringe por primera vez una norma aplicable a su caso; y (2) cuando incurre en errores materiales o formales al comunicar sus datos o su situaci\u00f3n a la Administraci\u00f3n, dentro del plazo normativamente establecido. Ahora bien, para que el derecho despliegue sus efectos, es necesario que concurran dos requisitos adicionales acumulativos: en primer lugar, que la persona haya obrado de buena fe y sin \u00e1nimo de fraude en el momento de cometer el error; y, en segundo lugar, que proceda a la subsanaci\u00f3n y regularizaci\u00f3n de su situaci\u00f3n, ya sea por iniciativa propia o a ra\u00edz de un requerimiento de la Administraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

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El derecho al error<\/strong> se activa<\/strong> cuando el administrado infringe por primera vez una norma aplicable a su caso<\/strong> y<\/strong> cuando incurre en errores materiales o formales al comunicar sus datos o su situaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Cuando se cumplen estos requisitos, el administrado queda exento tanto de sanciones pecuniarias como de sanciones que conlleven la p\u00e9rdida total o parcial de prestaciones. La ley deja as\u00ed claramente establecido que la rectificaci\u00f3n del error constituye una condici\u00f3n indispensable para evitar la imposici\u00f3n de tales sanciones; la sanci\u00f3n administrativa opera supletoriamente en los casos en que no sea posible obtener la rectificaci\u00f3n o cuando se demuestre la existencia de mala fe o fraude del administrado.<\/p>\n\n\n\n

\n

La ley deja claramente establecido que la rectificaci\u00f3n del error constituye una condici\u00f3n indispensable para evitar la imposici\u00f3n de sanciones.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

II. Algunas dudas interpretativas en la aplicaci\u00f3n del derecho a rectificar errores<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    <\/ol>\n\n\n\n

    La aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica del derecho al error previsto en la ley catalana plantea diversas cuestiones interpretativas que convendr\u00eda aclarar, tanto en relaci\u00f3n con los dos supuestos de hecho que activan este derecho como con los requisitos adicionales exigidos por la norma.<\/p>\n\n\n\n

    En primer lugar, respecto del supuesto consistente en la infracci\u00f3n por primera vez de una norma aplicable al caso concreto del administrado, surge la duda sobre el alcance exacto de la expresi\u00f3n \u201cpor primera vez\u201d. Cabe preguntarse si esta referencia debe entenderse en un sentido estrictamente cronol\u00f3gico \u2014esto es, que toda infracci\u00f3n posterior, aun de naturaleza distinta, excluye autom\u00e1ticamente la buena fe y el fraude\u2014 o si, por el contrario, debe entenderse vinculada al tipo concreto de obligaci\u00f3n incumplida. La cuesti\u00f3n no es menor, pues de ella depende la presunci\u00f3n de buena fe que el precepto parece reconocer al administrado en su primer incumplimiento. Ser\u00eda conveniente aclarar si este \u201cprimer error\u201d debe apreciarse de manera aislada en relaci\u00f3n con la actuaci\u00f3n objeto del procedimiento, o si debe valorarse teniendo en cuenta el conjunto de relaciones previas del ciudadano con toda Administraci\u00f3n, y no solo con la que tramita esa situaci\u00f3n en concreto.<\/p>\n\n\n\n

    \n

    Surge la duda sobre el alcance exacto de la expresi\u00f3n \u201cpor primera vez\u201d.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

    En segundo lugar, tambi\u00e9n plantea interrogantes el supuesto relativo a la existencia de errores materiales o formales en la comunicaci\u00f3n de datos o de la situaci\u00f3n personal del interesado dentro del plazo previsto por la normativa aplicable. La norma no define ni explica la diferencia entre errores materiales y errores formales; distinci\u00f3n que puede tener bordes difusos, aunque auguro que los errores materiales ser\u00e1n aquellos que afecten a aspectos puramente f\u00e1cticos o cuantitativos, y los errores formales ser\u00e1n aquellos relativos a la omisi\u00f3n o defectuosa presentaci\u00f3n de documentos o declaraciones.<\/p>\n\n\n\n

    \n

    Tambi\u00e9n plantea interrogantes el supuesto relativo a la existencia de errores materiales o formales.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

    A estos interrogantes se a\u00f1aden otras dudas comunes a ambos supuestos de hecho. De un lado, el precepto indica que solo los<\/strong> errores susceptibles de regularizaci\u00f3n quedan amparados por el derecho a rectificar errores, lo que requiere determinar la naturaleza del error y <\/strong>precisar en qu\u00e9 casos puede considerarse efectivamente regularizable. \u00a0<\/p>\n\n\n\n

    \n

    Solo los<\/strong> errores susceptibles de regularizaci\u00f3n<\/strong> quedan amparados por el derecho a rectificar errores.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

    De otro lado, merece especial atenci\u00f3n la exigencia de que la actuaci\u00f3n del interesado haya estado presidida por la buena fe y por la ausencia de fraude. La norma exige expresamente la concurrencia simult\u00e1nea de ambos elementos, tal como revela el uso de la conjunci\u00f3n \u201cy\u201d. La apreciaci\u00f3n de la buena fe y del fraude corresponde a la Administraci\u00f3n, que puede tener en cuenta el comportamiento previo de la persona ante la propia Administraci\u00f3n. De este modo, el precepto sugiere que dicho juicio debe referirse exclusivamente a las relaciones mantenidas con la Administraci\u00f3n que tramita el procedimiento, aunque nada se indica sobre si pudiesen valorarse tambi\u00e9n actuaciones anteriores ante otras Administraciones p\u00fablicas. \u00a0<\/p>\n\n\n\n

    \n

    Merece especial atenci\u00f3n la exigencia de que la actuaci\u00f3n del interesado haya estado presidida por la buena fe y por la ausencia de fraude.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

    Autor\/a: Marta J. Mu\u00f1oz G\u00f3mez<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    \n\n\n\n

    *<\/a> La Loi n\u00ba 2018-727 du 10 ao\u00fbt 2018 pour un \u00c9tat au service d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 de confiance<\/em> introdujo el derecho al error en el art. L. 123-1 del Code des relations entre le public et l\u2019administration<\/em>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Fundamentado en el principio de confianza entre Administraci\u00f3n y ciudadan\u00eda, el derecho al error permite corregir incumplimientos involuntarios sin sanci\u00f3n, siempre que se act\u00fae de buena fe y el ciudadano regularice su situaci\u00f3n. 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