{"id":4797,"date":"2026-05-08T07:30:00","date_gmt":"2026-05-08T05:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=4797"},"modified":"2026-05-06T16:54:43","modified_gmt":"2026-05-06T14:54:43","slug":"plazo-de-caducidad-en-procedimientos-administrativos-de-resolucion-contractual-sentencia-del-tribunal-supremo-168-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/plazo-de-caducidad-en-procedimientos-administrativos-de-resolucion-contractual-sentencia-del-tribunal-supremo-168-2026\/","title":{"rendered":"Plazo de caducidad en procedimientos administrativos de resoluci\u00f3n contractual. Sentencia del Tribunal Supremo 168\/2026"},"content":{"rendered":"\n<p><a href=\"https:\/\/www.poderjudicial.es\/search\/AN\/openDocument\/a2b90aefe49986f0a0a8778d75e36f0d\/20260306\"><strong>Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secci\u00f3n Tercera) n\u00fam. 168\/2026, de 17 de febrero (ECLI:ES:TS:2026:889)<\/strong><\/a>:<strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>RECURSO DE CASACI\u00d3N \u2013 Contextualizaci\u00f3n de la controversia jur\u00eddica<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La Sentencia del Tribunal Supremo, dictada por la Secci\u00f3n Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, resuelve un recurso de casaci\u00f3n interpuesto por \u00abRogasa Construcciones y Contratas SAU\u00bb. El mismo versa sobre la\u00a0caducidad de un procedimiento de resoluci\u00f3n contractual\u00a0en el \u00e1mbito de la Comunidad de Madrid.<\/p>\n\n\n\n<p>La citada entidad privada promovi\u00f3 un recurso de casaci\u00f3n contra la Sentencia de la Secci\u00f3n Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Procedimiento Ordinario n.\u00ba 871\/2020), que desestim\u00f3 su recurso previo contra la Orden de la Consejer\u00eda de Educaci\u00f3n y Juventud de la Comunidad de Madrid. En dicha instancia se apreci\u00f3 que no hab\u00eda operado la caducidad del plazo de ocho meses del art\u00edculo 212.8 de la Ley 9\/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P\u00fablico. Cabe rese\u00f1ar que la citada resoluci\u00f3n administrativa auton\u00f3mica, motivo de impugnaci\u00f3n, acord\u00f3 resolver el contrato suscrito con la recurrente por mora en el cumplimiento de los plazos de ejecuci\u00f3n de las obras.<\/p>\n\n\n\n<p>Mediante Auto de 28 de febrero de 2024, se admiti\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n por la Sala correspondiente del Tribunal Supremo, declar\u00e1ndose expresamente \u201cque la cuesti\u00f3n que presenta inter\u00e9s casacional objetivo para la formaci\u00f3n de la jurisprudencia consiste en determinar\u201d lo siguiente:<\/p>\n\n\n\n<p style=\"margin-left:var(--wp--preset--spacing--60)\">(i) si la tramitaci\u00f3n de un procedimiento de resoluci\u00f3n contractual de un contrato sujeto a la Ley 9\/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P\u00fablico, suscrito por la Comunidad de Madrid \u2014que no tiene regulada normativamente una duraci\u00f3n m\u00e1xima para este tipo de procedimientos\u2014, est\u00e1 sujeta al plazo de ocho meses de tramitaci\u00f3n especial regulado en el art\u00edculo 212.8 de la citada Ley contractual;<\/p>\n\n\n\n<p style=\"margin-left:var(--wp--preset--spacing--60)\">(ii) o, por el contrario, si resulta de aplicaci\u00f3n el plazo general de tres meses regulado en el art\u00edculo 21.3 de la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas.<\/p>\n\n\n\n<p>En el presente caso, la recurrente sustenta su pretensi\u00f3n impugnatoria sobre la base de la infracci\u00f3n del art\u00edculo 212.8 de la Ley 9\/2017 y del art\u00edculo 21.3 de la Ley 39\/2015, as\u00ed como de la jurisprudencia citada [la STC 68\/2021, de 18 de marzo, y la STS 138\/2024, de 29 de enero (rec. 1028\/2021)].<\/p>\n\n\n\n<p>La&nbsp;Comunidad de Madrid no se person\u00f3 en el recurso de casaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>JUICIO DE LA SALA \u2013 Fundamentos y criterios de la resoluci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El Tribunal Supremo ampara su enjuiciamiento en la STS n.\u00ba 138\/2024, de 29 de enero (rec. 1028\/2021): \u00ab[&#8230;] el procedimiento de resoluci\u00f3n contractual se considera un procedimiento aut\u00f3nomo e independiente respecto del desarrollo contractual y est\u00e1 sujeto a un plazo de caducidad propio. No debe confundirse la regulaci\u00f3n sustantiva del contrato mismo y sus causas de extinci\u00f3n con la normativa aplicable al procedimiento. Y dada la autonom\u00eda de este procedimiento de resoluci\u00f3n, la normativa aplicable a dicho procedimiento, y consecuentemente la que sirve para establecer el plazo de caducidad de este, es la prevista en el momento en que se inici\u00f3 este\u00bb (FJ 2). As\u00ed como en la STC 68\/2021, de 18 de marzo, reafirmando que el art\u00edculo 212.8 de la Ley 9\/2017 \u00ab[&#8230;] se trata de una norma de naturaleza auxiliar y procedimental que no puede ser considerada b\u00e1sica. La regulaci\u00f3n relativa a la duraci\u00f3n de la tramitaci\u00f3n de los expedientes de resoluci\u00f3n contractual podr\u00eda ser sustituida por otra elaborada por las comunidades aut\u00f3nomas con competencia para ello, sin merma de la eficacia de los principios b\u00e1sicos en materia de contrataci\u00f3n p\u00fablica (STC 141\/1993, FJ 5)\u00bb (FJ 2).<\/p>\n\n\n\n<p>Por lo tanto, teniendo en cuenta esta distinci\u00f3n t\u00e9cnica sustantiva extra\u00edda del pronunciamiento del Alto Tribunal, se excluye la obligatoriedad general del plazo de ocho meses para los contratos suscritos por las comunidades aut\u00f3nomas, seg\u00fan lo dispuesto en la STC 68\/2021, de 18 de marzo (FJ 3). Conforme a la doctrina jurisprudencial citada, el fallo del Tribunal Supremo prescribe que, en procedimientos de resoluci\u00f3n de contratos de comunidades aut\u00f3nomas sin regulaci\u00f3n espec\u00edfica, rige el plazo m\u00e1ximo de tres meses para resolver y notificar (art\u00edculo 21.3 Ley 39\/2015), conllevando su incumplimiento la caducidad del procedimiento para evitar un presupuesto de inseguridad jur\u00eddica.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>Conforme a la doctrina jurisprudencial citada, el fallo del Tribunal Supremo prescribe que, en procedimientos de resoluci\u00f3n de contratos de comunidades aut\u00f3nomas sin regulaci\u00f3n espec\u00edfica, rige el plazo m\u00e1ximo de tres meses para resolver y notificar (art\u00edculo 21.3 Ley 39\/2015), conllevando su incumplimiento la caducidad del procedimiento para evitar un presupuesto de inseguridad jur\u00eddica.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>En el caso concreto que se enjuicia, el contrato se suscribi\u00f3 con la Comunidad de Madrid, que no ha regulado mediante norma con rango de ley la duraci\u00f3n espec\u00edfica para los expedientes de resoluci\u00f3n contractual. Consecuentemente, y ante la falta de una normativa auton\u00f3mica espec\u00edfica, el Tribunal Supremo determin\u00f3, de forma razonada, que procede aplicar de forma supletoria el plazo de tres meses previsto en el art\u00edculo 21.3 de la Ley 39\/2015, siguiendo el criterio enunciado en la STS n.\u00ba 138\/2024, de 29 de enero (rec. 1028\/2021).<\/p>\n\n\n\n<p>Para este supuesto, las fechas relevantes acreditan que el procedimiento administrativo para resolver el contrato \u2014incoado el 8 de enero de 2020 y notificada su resoluci\u00f3n el 5 de agosto de 2020\u2014 super\u00f3 los tres meses (en concreto, tres meses y catorce d\u00edas netos), tras descontar los periodos en los que el procedimiento estuvo legalmente suspendido [estado de alarma COVID-19 (2 meses y 16 d\u00edas) y dictamen de la Comisi\u00f3n Jur\u00eddica Asesora (28 d\u00edas)]. Dicho exceso conlleva la caducidad y la nulidad radical del acto. Por lo tanto, procede estimar el recurso de casaci\u00f3n, declarar la caducidad del procedimiento, anular la Sentencia de instancia, as\u00ed como la Orden de la Consejer\u00eda de Educaci\u00f3n y Juventud de la Comunidad de Madrid por la que se acord\u00f3 extinguir el contrato suscrito con dicha sociedad, la devoluci\u00f3n de las garant\u00edas incautadas que fueron depositadas por el contratista y la imposici\u00f3n de las costas a la Administraci\u00f3n auton\u00f3mica demandada.<\/p>\n\n\n\n<p>Declarada la caducidad por el Alto Tribunal, obliga a la Comunidad de Madrid a retrotraer las actuaciones o, en su caso, a iniciar un nuevo expediente si persiste la causa resolutoria, asumiendo la invalidez de sus decisiones previas.<\/p>\n\n\n\n<p>Autor\/a: <strong>Mar\u00eda Jos\u00e9 Molina Garc\u00eda<\/strong>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Tribunal Supremo reconoce la capacidad de las Administraciones p\u00fablicas para resolver contratos, dentro del plazo previsto por la legislaci\u00f3n general o auton\u00f3mica. La cuesti\u00f3n controvertida se centra en dilucidar cu\u00e1l es el plazo de caducidad aplicable, concretamente si procede el plazo de ocho meses previsto en el r\u00e9gimen especial de la Ley 9\/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P\u00fablico, para la tramitaci\u00f3n de este tipo de procedimientos (art\u00edculo 212.8) o, por el contrario, rige el plazo de tres meses que, con car\u00e1cter subsidiario, establece el art\u00edculo 21.3 de la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas. <br \/>\nSENTIDO DEL FALLO: Se estima el recurso de casaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4798,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"Mar\u00eda Jos\u00e9 Molina Garc\u00eda","cargo-autor":"Secretaria general de UNIE Universidad. 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La cuesti\u00f3n controvertida se centra en dilucidar cu\u00e1l es el plazo de caducidad aplicable, concretamente si procede el plazo de ocho meses previsto en el r\u00e9gimen especial de la Ley 9\/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P\u00fablico, para la tramitaci\u00f3n de este tipo de procedimientos (art\u00edculo 212.8) o, por el contrario, rige el plazo de tres meses que, con car\u00e1cter subsidiario, establece el art\u00edculo 21.3 de la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas. 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