{"id":4783,"date":"2026-04-29T07:30:00","date_gmt":"2026-04-29T05:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=4783"},"modified":"2026-04-20T12:00:01","modified_gmt":"2026-04-20T10:00:01","slug":"el-derecho-a-no-reintegrar-las-prestaciones-otorgadas-por-error-administrativo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/el-derecho-a-no-reintegrar-las-prestaciones-otorgadas-por-error-administrativo\/","title":{"rendered":"El derecho a no reintegrar las prestaciones otorgadas por error administrativo"},"content":{"rendered":"\n<p style=\"margin-left:var(--wp--preset--spacing--60)\"><strong>I. La afirmaci\u00f3n del derecho a no reintegrar las prestaciones percibidas<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El aludido derecho implica que las personas que perciban indebidamente el pago de prestaciones destinadas a garantizar las necesidades esenciales de subsistencia no estar\u00e1n obligadas a su reintegro siempre que se cumplan las siguientes condiciones, establecidas en el primer apartado del citado art. 22 <em>ter<\/em>: <em>a)<\/em> que sean personas f\u00edsicas; <em>b)<\/em> que el cobro indebido derive de un error administrativo o de una actuaci\u00f3n administrativa indebida, sin la debida diligencia; <em>c)<\/em> que la persona beneficiaria no haya contribuido, por acci\u00f3n u omisi\u00f3n, a la producci\u00f3n del error administrativo; y <em>d)<\/em> que el error administrativo sea imputable exclusivamente a la Administraci\u00f3n. El derecho a no restituir es, adem\u00e1s, pleno, toda vez que se refiere tanto al principal como a los intereses.<\/p>\n\n\n\n<p>Es evidente que la indicada excepci\u00f3n al deber general de reintegro de ingresos indebidos obedece al loable designio de tratar de evitar que la exigencia de devoluci\u00f3n de las prestaciones esenciales de subsistencia indebidamente percibidas se traduzca en un agravamiento de la situaci\u00f3n de vulnerabilidad o menesterosidad en la que se encuentre su percipiente. De ese modo, el precepto se hace eco de la conocida como \u201cdoctrina \u010cakarevi\u0107\u201d, formulada por el TEDH<a href=\"#_ftn1\" id=\"_ftnref1\">[1]<\/a> y reiteradamente aplicada por nuestros tribunales<a href=\"#_ftn2\" id=\"_ftnref2\">[2]<\/a>, e intenta llevar a cabo una articulaci\u00f3n de la misma orientada \u2014creo que con dudoso \u00e9xito, como explicar\u00e9\u2014 a dotarla de un marco normativo y, por ende, de mayor certidumbre y seguridad jur\u00eddica para los implicados, Administraci\u00f3n y ciudadano. En s\u00edntesis, dicha doctrina entra\u00f1a que, en casos de reconocimiento err\u00f3neo de prestaciones b\u00e1sicas de subsistencia, no se puede hacer recaer el error exclusivamente en el ciudadano exigi\u00e9ndole la devoluci\u00f3n cuando ello sea desproporcionado desde el punto de vista de su supervivencia, dado que ello vulnera el derecho a disfrutar de los bienes propios reconocido por el <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/doc.php?id=BOE-A-1991-723\">art. 1 del Protocolo Adicional<\/a> al Convenio Europeo de Derechos Humanos.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>La indicada<\/strong> <strong>excepci\u00f3n al deber general de reintegro de ingresos indebidos obedece al loable designio de tratar de evitar que la exigencia de devoluci\u00f3n de las prestaciones esenciales de subsistencia indebidamente percibidas se traduzca en un agravamiento de la situaci\u00f3n de vulnerabilidad o menesterosidad en la que se encuentre su percipiente.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Las medidas legislativas exoneratorias del deber de devoluci\u00f3n de prestaciones indebidas en el \u00e1mbito de la acci\u00f3n social no son nuevas en el derecho catal\u00e1n. Por el contrario, y aunque con un alcance diverso, pueden referirse algunos precedentes en tal sentido. Tal es el caso, por ejemplo, de la <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=DOGC-f-2002-90024\">DA segunda del Texto Refundido de la Ley de Finanzas P\u00fablicas de Catalu\u00f1a<\/a> (Decreto Legislativo 3\/2002, de 24 de diciembre); y, con el mismo esp\u00edritu, del <a href=\"https:\/\/dogc.gencat.cat\/es\/document-del-dogc\/?documentId=1025507\">art\u00edculo \u00fanico del Decreto ley 20\/2025, de 30 de septiembre<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>Las medidas legislativas exoneratorias del deber de devoluci\u00f3n de prestaciones indebidas en el \u00e1mbito de la acci\u00f3n social no son nuevas en el derecho catal\u00e1n. Por el contrario, y aunque con un alcance diverso, pueden referirse algunos precedentes en tal sentido.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p style=\"margin-left:var(--wp--preset--spacing--60)\"><strong>II. El car\u00e1cter confuso y contradictorio de la regulaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ol style=\"list-style-type:upper-roman\" class=\"wp-block-list\"><\/ol>\n\n\n\n<p>La claridad con la que el apartado 1 del art. 22 <em>ter<\/em> de la Ley 26\/2010 perfila el derecho a no reintegrar las prestaciones destinadas a garantizar las necesidades esenciales de subsistencia percibidas por error exclusivo de la Administraci\u00f3n se ve ensombrecida por la regulaci\u00f3n contenida en los apartados 2 y 3 del precepto.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>Las medidas legislativas exoneratorias del deber de devoluci\u00f3n de prestaciones indebidas en el \u00e1mbito de la acci\u00f3n social no son nuevas en el derecho catal\u00e1n. Por el contrario, y aunque con un alcance diverso, pueden referirse algunos precedentes en tal sentido.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Los aludidos apartados 2 y 3 disponen que en los casos previstos en el apartado 1 la Administraci\u00f3n deber\u00e1 proceder del siguiente modo:<\/p>\n\n\n\n<p style=\"margin-left:var(--wp--preset--spacing--60)\">a) Deber\u00e1 tramitar el procedimiento de reintegro del importe principal de la prestaci\u00f3n, pero sin poder exigir importe alguno en concepto de intereses de demora o recargos.<\/p>\n\n\n\n<p style=\"margin-left:var(--wp--preset--spacing--60)\">b) Con arreglo a los principios de proporcionalidad, equidad y buena administraci\u00f3n, deber\u00e1 efectuar planes de devoluci\u00f3n flexibles y ajustados a la capacidad econ\u00f3mica de las personas.<\/p>\n\n\n\n<p style=\"margin-left:var(--wp--preset--spacing--60)\">c) De acuerdo con los principios de seguridad jur\u00eddica y protecci\u00f3n de la confianza leg\u00edtima, deber\u00e1 valorar con la diligencia debida las circunstancias espec\u00edficas del caso y fundamentar y motivar adecuadamente la decisi\u00f3n de no exigir los intereses correspondientes.<\/p>\n\n\n\n<ol style=\"list-style-type:lower-alpha\" class=\"wp-block-list\"><\/ol>\n\n\n\n<p>La regulaci\u00f3n que acabo de exponer es a mi juicio confusa y contradictoria.<\/p>\n\n\n\n<p>Es una regulaci\u00f3n confusaporque parece evidente que restringe o acota el derecho de los perceptores a no restituir las prestaciones m\u00e1s all\u00e1 de las condiciones o requisitos establecidos en apartado 1. En efecto, de los apartados 2 y 3 se deriva que, aunque se cumplan las condiciones definidas en el apartado 1, el derecho a no restituir queda sometido a una valoraci\u00f3n administrativa previa mediante el preceptivo procedimiento administrativo de reintegro y a la luz de la capacidad econ\u00f3mica de la persona f\u00edsica afectada.<\/p>\n\n\n\n<p>Desde una perspectiva estrictamente material, es l\u00f3gico que as\u00ed sea, toda vez que carece de sentido y se aleja de los designios de la \u201cdoctrina \u010cakarevi\u0107\u201d que sea liberado del deber de devolver las prestaciones indebidas quien tiene capacidad para llevar a cabo dicha restituci\u00f3n sin que se vean agravadas sus condiciones b\u00e1sicas de subsistencia y, por ende, sin que se vea lesionado su derecho al disfrute de sus bienes. Dicho con otras palabras, lo sensato es que la exoneraci\u00f3n del deber de devoluci\u00f3n dependa de la capacidad econ\u00f3mica de la persona y no del mero hecho de que la prestaci\u00f3n percibida err\u00f3neamente tenga por objeto la garant\u00eda de las condiciones esenciales de subsistencia, como se deriva del apartado 1 del art. 22 <em>ter<\/em>. Ello sentado, desde una perspectiva formal y en un planteamiento exclusivamente de t\u00e9cnica normativa, provoca extra\u00f1eza que el criterio de la capacidad econ\u00f3mica como determinante del derecho a no reintegrar no aparezca formulado entre el resto de condiciones, esto es, en el citado apartado 1, y lo haga en cierto modo, y si se me permite la expresi\u00f3n, camuflado como par\u00e1metro de resoluci\u00f3n del procedimiento de reintegro.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>Desde una perspectiva formal y en un planteamiento exclusivamente de t\u00e9cnica normativa, provoca extra\u00f1eza que el criterio de la capacidad econ\u00f3mica como determinante del derecho a no reintegrar no aparezca formulado entre el resto de condiciones, esto es, en el citado apartado 1, y lo haga en cierto modo, y si se me permite la expresi\u00f3n, camuflado como par\u00e1metro de resoluci\u00f3n del procedimiento de reintegro.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>La regulaci\u00f3n comentada es asimismo contradictoria y causa de incertidumbre, en particular en lo concerniente al alcance del deber de restituci\u00f3n en caso de que la misma sea procedente. Al respecto, el apartado 1 parece inequ\u00edvoco en el sentido de que el derecho a no reintegrar comprende tanto el principal como los intereses. Ahora bien, para los supuestos en que proceda el deber de devoluci\u00f3n, el apartado 2 establece que el preceptivo procedimiento administrativo de reintegro tendr\u00e1 por objeto el principal, sin que se pueda exigir importe alguno en concepto de intereses de demora ni de recargos. Frente a ello, el apartado 3 impone a la Administraci\u00f3n el deber de motivar adecuadamente la decisi\u00f3n de no exigir los intereses correspondientes.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>Creo que hay motivos para congratularse de que el legislador catal\u00e1n se haya hecho eco de la \u201cdoctrina \u010cakarevi\u0107\u201d y la haya incorporado al derecho positivo.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>A modo de conclusi\u00f3n, creo que hay motivos para congratularse de que el legislador catal\u00e1n se haya hecho eco de la \u201cdoctrina \u010cakarevi\u0107\u201d y la haya incorporado al derecho positivo. Al fin y al cabo, dicha doctrina, y por tanto la norma objeto de comentario, obedecen al noble objetivo de dispensar protecci\u00f3n a las personas en situaci\u00f3n de vulnerabilidad y entroncan, por tanto, con valores tan capitales como la dignidad de la persona, y con principios esenciales como la confianza leg\u00edtima, la equidad, la proporcionalidad y la buena administraci\u00f3n. Sin perjuicio de ello, en mi opini\u00f3n se trata de una regulaci\u00f3n mejorable desde el punto de vista t\u00e9cnico y de la seguridad jur\u00eddica que toda norma debe tener como aspiraci\u00f3n. Est\u00e1 pendiente, por tanto, la correspondiente labor interpretativa, que a buen seguro contribuir\u00e1 a arrojar luz sobre los numerosos puntos controvertidos que la regulaci\u00f3n analizada presenta.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>Sin perjuicio de ello, en mi opini\u00f3n<\/strong> <strong>se trata de una regulaci\u00f3n mejorable desde el punto de vista t\u00e9cnico y de la seguridad jur\u00eddica que toda norma debe tener como aspiraci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Autor\/a:&nbsp;<strong>Antonio Ezquerra Huerva<\/strong><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref1\" id=\"_ftn1\">[1]<\/a> <a href=\"https:\/\/hudoc.echr.coe.int\/eng#{%22itemid%22:[%22001-182445%22]}\">STEDH de 26 de abril de 2018, proceso 48921\/2013 (caso \u010cakarevi\u0107 contra Croacia)<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"#_ftnref2\" id=\"_ftn2\">[2]<\/a> <em>V. gr.<\/em>: <a href=\"https:\/\/www.poderjudicial.es\/search\/AN\/openDocument\/41822e0d023a6d26a0a8778d75e36f0d\/20241104\">STS (Social) 1186\/2024, de 15 de octubre (rec. 806\/2022)<\/a>; <a href=\"https:\/\/www.poderjudicial.es\/search\/AN\/openDocument\/e190e492a1ecc2eba0a8778d75e36f0d\/20251218\">STS (Social)&nbsp; 1136\/2025, de 26 de noviembre (rec. 1271\/2024)<\/a>; y <a href=\"https:\/\/www.poderjudicial.es\/search\/AN\/openDocument\/75d9f0b51264e719a0a8778d75e36f0d\/20260212\">STS (Social) 92\/2026, de 28 de enero (rec. 3239\/2024)<\/a>. Por su parte, la aludida \u201cdoctrina \u010cakarevi\u0107\u201d viene siendo aplicada con profusi\u00f3n por las salas de lo social de los tribunales superiores de justicia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La reciente Ley del Parlamento de Catalu\u00f1a 9\/2025, de 13 de noviembre, ha introducido en la Ley 26\/2010, de 3 de agosto, de r\u00e9gimen jur\u00eddico y de procedimiento de las administraciones p\u00fablicas de Catalu\u00f1a, un nuevo <a id=\"ContentPlaceHolderContenido_lsvNoticias_lnkEnlace_0\" class=\"a_ver\" href=\"https:\/\/dogc.gencat.cat\/es\/document-del-dogc\/?documentId=1029328\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">art. 22 ter<\/a>, en el que se regula el \u201cderecho de las personas a no ser perjudicadas por un error administrativo en las prestaciones destinadas a garantizar las necesidades esenciales de subsistencia\u201d.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4785,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"Antonio Ezquerra Huerva","cargo-autor":"Catedr\u00e1tico de Derecho Administrativo. 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