El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) ha dictado la Sentencia 134\/2025, de 18 de septiembre (recurso n\u00fam. 128\/2022), que resuelve el recurso contencioso-administrativo presentado por ADENSVA (Asociaci\u00f3n para la Defensa de la Naturaleza al Sur de Valencia) frente a la Consejer\u00eda de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El recurso se dirige contra la inactividad de la Administraci\u00f3n, ya que esta no resolvi\u00f3 la solicitud de informaci\u00f3n ambiental presentada por ADENSVA dentro del plazo establecido para ello.<\/p>\n\n\n\n
Entre las disposiciones invocadas por la asociaci\u00f3n destaca la Ley 27\/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informaci\u00f3n, de participaci\u00f3n p\u00fablica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (LIPPJMA). En esta ley se centran asimismo los razonamientos del tribunal.<\/p>\n\n\n\n
Silencio positivo<\/strong><\/p>\n\n\n\n El art\u00edculo 10 LIPPJMA regula las solicitudes de informaci\u00f3n ambiental y establece un plazo m\u00e1ximo de un mes para resolverlas. Pero este precepto no hace referencia alguna al silencio administrativo, es decir, no aclara si, transcurrido el plazo para dictar resoluci\u00f3n sin que haya reca\u00eddo esta, el silencio tendr\u00e1 efecto estimatorio o desestimatorio.<\/p>\n\n\n\n La asociaci\u00f3n que interpone el recurso sostiene que, por esta raz\u00f3n, resulta de aplicaci\u00f3n la regla general de silencio positivo fijada por el art\u00edculo 24.1 de la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas (LPAC). Por tanto, entiende que, como \u201cla estimaci\u00f3n por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideraci\u00f3n de acto administrativo finalizador del procedimiento\u201d (art. 24.2), la resoluci\u00f3n expresa posterior \u201csolo podr\u00e1 dictarse de ser confirmatoria del mismo\u201d (art. 24.3.a).<\/p>\n\n\n\n La aplicaci\u00f3n del silencio positivo a las solicitudes de informaci\u00f3n ambiental no estuvo exenta de inconvenientes. A este respecto, la Gu\u00eda del derecho de acceso a la informaci\u00f3n ambiental<\/em> del Defensor del Pueblo Andaluz, publicada en diciembre de 2012, se preguntaba lo siguiente: \u201c\u00bfC\u00f3mo hacer efectivo el derecho de acceso adquirido por silencio? En este punto radica el verdadero problema porque la efectividad del derecho de acceso exige de una actuaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n, como es la puesta a disposici\u00f3n del solicitante de la informaci\u00f3n requerida, algo que no se ha producido, ni existe la menor garant\u00eda de que vaya a producirse por el mero hecho de haberse concretado el silencio estimatorio. En otras palabras, con el silencio positivo tenemos ganado el derecho pero no podemos ejercerlo. \u00bfQu\u00e9 hacer entonces?\u201d (ep\u00edgrafe 6.1.2, \u201c\u00bfQu\u00e9 hacer en los casos de silencio administrativo?\u201d, pp. 97-98).<\/p>\n\n\n\n Silencio negativo<\/strong><\/p>\n\n\n\n En cualquier caso, el TSJCLM rechaza la tesis del silencio positivo de forma contundente: \u201cEl sentido del silencio ante una solicitud de informaci\u00f3n medioambiental realizada al amparo de la Ley 27\/2006, formulada tras la entrada en vigor de la Ley 19\/2013, debe ser interpretado en sentido negativo\u201d.<\/p>\n\n\n\n El TSJCLM rechaza la tesis del silencio positivo de forma contundente.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n As\u00ed lo estableci\u00f3 como doctrina jurisprudencial la STS 4\/2023, de 9 de enero (recurso n\u00fam. 1509\/2022), que el TSJCLM invoca en su sentencia. La parte demandante hab\u00eda defendido la aplicaci\u00f3n del silencio positivo en el \u00e1mbito del acceso a la informaci\u00f3n ambiental, bas\u00e1ndose en una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica del art\u00edculo 10 LIPPJMAy los art\u00edculos 3 y 4 de la directiva que incorpora dicha ley. El Tribunal Supremo rechaza el argumento porque considera que se impone la regla del silencio negativo del art\u00edculo 20.4 de la Ley 19\/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y buen gobierno (LTAIBG), dado el car\u00e1cter supletorio de esta en los aspectos no regulados por la legislaci\u00f3n sectorial.<\/p>\n\n\n\n \u201cEn contra de lo que se ha alegado en ocasiones\u201d, dice el TS, \u201cla existencia de un r\u00e9gimen espec\u00edfico propiamente tal no excluye la aplicaci\u00f3n supletoria de la Ley de transparencia\u201d. La disposici\u00f3n adicional primera dispone literalmente lo contrario, tanto en el apartado 2 como en el apartado 3, \u201cque se refiere de forma expresa al car\u00e1cter supletorio de la Ley de Transparencia en el sector medioambiental, que tiene un r\u00e9gimen espec\u00edfico de acceso a la informaci\u00f3n de rango legal\u201d, contenido en la LIPPJMA. Confirmada la supletoriedad de la LTAIBG respecto de la LIPPJMA \u2014prosigue el razonamiento del TS\u2014, y dado que el art\u00edculo 20.4 LTAIBG dispone que \u201ctranscurrido el plazo m\u00e1ximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resoluci\u00f3n expresa se entender\u00e1 que la solicitud ha sido desestimada\u201d, \u201cnecesariamente debemos concluir afirmando que el silencio de la Administraci\u00f3n ante una solicitud de informaci\u00f3n medioambiental formulada en 2019 \u2014esto es, tras la entrada en vigor de la Ley 19\/2013\u2014 debe ser interpretado en sentido negativo\u201d.<\/p>\n\n\n\n Por tanto, tras la entrada en vigor de la LTAIBG, es esta, con su silencio negativo (art. 20.4), y no la LPAC, con su silencio positivo (art. 24.1), la norma a la que se debe acudir para determinar lo no previsto \u2014a saber, el sentido del silencio\u2014 por la LIPPJMA (art. 10).<\/p>\n\n\n\n Tras la entrada en vigor de la LTAIBG, es esta, con su silencio negativo (art. 20.4), y no la LPAC, con su silencio positivo (art. 24.1), la norma a la que se debe acudir para determinar lo no previsto \u2014a saber, el sentido del silencio\u2014 por la LIPPJMA (art. 10).<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Sentido de la resoluci\u00f3n expresa tard\u00eda<\/strong><\/p>\n\n\n\n La sentencia del TSJCLM que estamos analizando, al referirse en su fundamento jur\u00eddico segundo a la procedencia del recurso de inactividad en este caso, cita una sentencia del TSJ de Canarias anterior a la entrada en vigor de la LTAIBG. Se trata de la Sentencia 175\/2012, de 23 de noviembre (recurso n\u00fam. 225\/2011), de la cual reproduce el fundamento jur\u00eddico cuarto.<\/p>\n\n\n\n Dice esta sentencia que el silencio producido \u201cni puede amparar la obligaci\u00f3n de dar informaci\u00f3n de la que no se dispone, pues se tratar\u00eda de una obligaci\u00f3n de contenido imposible, ni la de dar informaci\u00f3n restringida por las causas que el art\u00edculo 13 establece, en cuanto afecta a bienes jur\u00eddicos, derechos e intereses leg\u00edtimos de terceros que la propia Ley trata de tutelar\u201d. \u201cLa Administraci\u00f3n demandada habr\u00e1 de facilitar la informaci\u00f3n solicitada que posea, pudiendo denegarla expresa y motivadamente s\u00f3lo por las causas previstas en el art\u00edculo 13 de la Ley, cumpliendo con lo ordenado en el mencionado precepto\u201d (el art. 13 LIPPJMA es el equivalente al art. 14 LTAIBG, que enuncia los l\u00edmites al derecho de acceso).<\/p>\n\n\n\n Como hemos dicho, la sentencia del TSJ de Canarias es anterior a la entrada en vigor de la LTAIBG que origin\u00f3 el cambio del sentido del silencio. En la actualidad, tras dicho cambio de criterio, resulta m\u00e1s claro a\u00fan que la Administraci\u00f3n, al resolver expresamente \u2014y fuera de plazo\u2014 una solicitud de informaci\u00f3n ambiental, puede tanto estimar como desestimar la solicitud. As\u00ed lo dispone la LPAC: \u201cEn los casos de desestimaci\u00f3n por silencio administrativo, la resoluci\u00f3n expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptar\u00e1 por la Administraci\u00f3n sin vinculaci\u00f3n alguna al sentido del silencio\u201d (art. 24.3.b).<\/p>\n\n\n\n Conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n En definitiva, es evidente que hoy en d\u00eda,se dicte cuando se dicte la resoluci\u00f3n sobre el acceso a la informaci\u00f3n ambiental \u2014es decir,sea o no dentro del plazo establecido\u2014, la Administraci\u00f3n debe facilitar, en principio, la informaci\u00f3n solicitada que obre en su poder; pero la puede denegar de forma motivada por las causas previstas en el art\u00edculo 13 de la LIPPJMA, que recoge las excepciones a la obligaci\u00f3n de proporcionar la informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Se dicte cuando se dicte la resoluci\u00f3n sobre el acceso a la informaci\u00f3n ambiental, la Administraci\u00f3n debe facilitar, en principio, la informaci\u00f3n solicitada que obre en su poder; pero la puede denegar de forma motivada por las causas previstas en el art\u00edculo 13 de la LIPPJMA.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Si concurre una excepci\u00f3n, se podr\u00e1 desestimar la solicitud de informaci\u00f3n ambiental, previa ponderaci\u00f3n motivada de los bienes jur\u00eddicos en presencia. A estos efectos, resulta irrelevante que la resoluci\u00f3n sea extempor\u00e1nea, aunque no lo sea, claro est\u00e1, desde la perspectiva del principio de buena administraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Autor\/a: Javier Calvo Garc\u00eda<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) ha dictado la Sentencia 134\/2025, de 18 de septiembre (recurso n\u00fam. 128\/2022), que resuelve el recurso contencioso-administrativo presentado por ADENSVA (Asociaci\u00f3n para la Defensa de la Naturaleza al Sur de Valencia) frente a la Consejer\u00eda de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 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