El ejercicio de la potestad sancionadora se suele identificar con la imposici\u00f3n al infractor de la obligaci\u00f3n de abonar una multa de car\u00e1cter econ\u00f3mico. Sin embargo, hay numerosas leyes sectoriales que, junto a la imposici\u00f3n de una multa, prev\u00e9n la posibilidad de adoptar otras medidas que buscan restaurar la situaci\u00f3n alterada, compensar da\u00f1os, asegurar la efectividad de la decisi\u00f3n administrativa, o que tienen un car\u00e1cter protector y preventivo, vinculado a la transparencia y a la informaci\u00f3n de terceros.<\/p>\n\n\n\n
En ese marco se entiende la expansi\u00f3n de medidas como la publicidad de las sanciones, como t\u00e9cnica para advertir, reforzar la confianza en el sistema y permitir que consumidores, clientes o inversores ajusten su conducta con conocimiento suficiente. Ahora bien, esa finalidad protectora convive con un efecto colateral que no se puede ignorar: la publicidad oficial puede producir en el infractor un da\u00f1o reputacional que, en la pr\u00e1ctica, puede durar m\u00e1s que la propia sanci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Hay un momento procesal especialmente delicado: cuando la sanci\u00f3n ya es firme en v\u00eda administrativa y la ley ordena su publicaci\u00f3n (en diarios y\/o webs oficiales), pero el particular ha interpuesto recurso contencioso-administrativo y, por lo tanto, todav\u00eda no es firme en v\u00eda jurisdiccional. Durante este lapso temporal (que puede prolongarse por meses o a\u00f1os) la reputaci\u00f3n del sancionado queda en entredicho porque se transmite una impresi\u00f3n de firmeza definitiva de la sanci\u00f3n, cuando a\u00fan no lo es por estar pendiente de resoluci\u00f3n judicial. Ese da\u00f1o reputacional, aun cuando posteriormente sea anulada la sanci\u00f3n por los tribunales, puede no ser reparado, ya que la publicidad en internet deja rastro y no siempre devuelve al particular su buen nombre.<\/p>\n\n\n\n
\nEse da\u00f1o reputacional, aun cuando posteriormente sea anulada la sanci\u00f3n por los tribunales, puede no ser reparado, ya que la publicidad en internet deja rastro y no siempre devuelve al particular su buen nombre.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
La doctrina tradicional del Tribunal Supremo (por todas, la STS de 23 de enero de 2008, recurso 5560\/2006) sostiene que la publicaci\u00f3n de una sanci\u00f3n no firme no genera por s\u00ed sola un da\u00f1o irreparable que justifique la suspensi\u00f3n cautelar. Se ha entendido que el perjuicio reputacional o de imagen forma parte de los efectos normales de la ejecuci\u00f3n de una sanci\u00f3n, y que el inter\u00e9s p\u00fablico en la transparencia prevalece sobre el inter\u00e9s del sancionado. El eventual da\u00f1o reputacional puede ser compensado o atenuado ex post <\/em>y, por tanto, no concurre el periculum in mora <\/em>exigido por el art\u00edculo 130 LJCA para poder acordar la suspensi\u00f3n cautelar.<\/p>\n\n\n\n
\nEl eventual da\u00f1o reputacional puede ser compensado o atenuado ex post <\/em>y, por tanto, no concurre el periculum in mora <\/em>exigido por el art\u00edculo 130 LJCA para poder acordar la suspensi\u00f3n cautelar.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
En este contexto se ubica la respuesta dada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en varias sentencias dictadas entre el 29 y el 31 de octubre de 2025, en las que matiza su jurisprudencia sobre la publicidad de sanciones y el alcance de la tutela cautelar por la posible existencia de un perjuicio reputacional. En concreto, por todas, por ser la primera de ellas, la Sentencia del Tribunal Supremo 5017\/2025, de 29 de octubre (ECLI:ES:TS:2025:5017, recurso de casaci\u00f3n 1293\/2025), cuya ponente es la magistrada Margarita Belad\u00edez, conoce de la impugnaci\u00f3n de la sanci\u00f3n impuesta por el Banco de Espa\u00f1a y del acuerdo de publicarla en el Bolet\u00edn Oficial del Estado (BOE) y en la p\u00e1gina web del Banco de Espa\u00f1a, seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 115 de la Ley 10\/2014, de 26 de junio, de ordenaci\u00f3n, supervisi\u00f3n y solvencia de entidades de cr\u00e9dito.<\/p>\n\n\n\n
Partiendo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea, del Tribunal Constitucional y del propio Tribunal Supremo, la citada STS 5017\/2025 considera que el da\u00f1o reputacional \u201cno siempre puede ser calificado como irreparable\u201d, porque \u201cel ordenamiento jur\u00eddico ofrece mecanismos suficientes para mitigar o reparar sus consecuencias\u201d: la posibilidad de publicar la interposici\u00f3n del recurso y su resultado (art\u00edculo 115.7 Ley 10\/2014), la difusi\u00f3n de la eventual anulaci\u00f3n del acto sancionador (art\u00edculo 107 LJCA) o, incluso, la reclamaci\u00f3n de responsabilidad patrimonial por los da\u00f1os sufridos (FD 7.B).<\/p>\n\n\n\n
\nLa citada STS 5017\/2025 considera que el da\u00f1o reputacional \u201cno siempre puede ser calificado como irreparable\u201d, porque \u201cel ordenamiento jur\u00eddico ofrece mecanismos suficientes para mitigar o reparar sus consecuencias\u201d.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
Entender que la existencia de un da\u00f1o reputacional derivado de la publicaci\u00f3n de una sanci\u00f3n exige, en todo caso, su suspensi\u00f3n cautelar \u201cestar\u00eda vaciando de contenido\u201d el art\u00edculo 115.5 de la Ley 10\/2014, que prev\u00e9 expresamente la ejecutividad de dicha publicaci\u00f3n una vez alcanzada la firmeza administrativa.<\/p>\n\n\n\n
Adicionalmente, la Sentencia, que rechaza el planteamiento de la cuesti\u00f3n prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea, analiza la conformidad del art\u00edculo 115.5 de la Ley 10\/2014 con el derecho de la Uni\u00f3n. En concreto, si la publicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n mientras se est\u00e1 sustanciando el proceso jurisdiccional puede frustrar la efectividad del art\u00edculo 68 de la Directiva 2013\/36\/UE, que prev\u00e9 que, cuando las sanciones sean recurridas, las autoridades competentes deben incluir en su web oficial informaci\u00f3n sobre el estado y el resultado del recurso. El legislador espa\u00f1ol ha incorporado esta exigencia en el apartado 7 del art\u00edculo 115 de la Ley 10\/2014, pero \u00fanicamente respecto de la publicaci\u00f3n en la p\u00e1gina web del Banco de Espa\u00f1a, no respecto de la publicaci\u00f3n en el BOE.<\/p>\n\n\n\n
Puesto que la publicaci\u00f3n en el BOE tiene una vocaci\u00f3n de permanencia que dif\u00edcilmente puede revertirse y que intensifica el impacto reputacional de la sanci\u00f3n, concluye la Sentencia que \u201cla omisi\u00f3n de la advertencia relativa a la pendencia judicial no puede reputarse conforme con el derecho de la Uni\u00f3n Europea\u201d. Para que el art\u00edculo 115 de la Ley 10\/2014 se acomode plenamente a la finalidad perseguida por el art\u00edculo 68 de la Directiva, debe interpretarse que la publicaci\u00f3n en el BOE de una sanci\u00f3n firme en v\u00eda administrativa, cuando ha sido impugnada en la v\u00eda judicial, \u201cha de incorporar expresamente la indicaci\u00f3n de que la sanci\u00f3n se encuentra recurrida judicialmente y, en consecuencia, no es firme en sede jurisdiccional. Solo de este modo la informaci\u00f3n difundida cumple con los objetivos de transparencia y disuasi\u00f3n que persigue la Directiva, sin inducir a error ni generar un perjuicio reputacional desproporcionado\u201d (FD 9).<\/p>\n\n\n\n
\nPuesto que la publicaci\u00f3n en el BOE tiene una vocaci\u00f3n de permanencia que dif\u00edcilmente puede revertirse y que intensifica el impacto reputacional de la sanci\u00f3n, concluye la Sentencia que \u201cla omisi\u00f3n de la advertencia relativa a la pendencia judicial no puede reputarse conforme con el derecho de la Uni\u00f3n Europea\u201d.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
La Sentencia tambi\u00e9n analiza si la publicaci\u00f3n de sanciones en el BOE (ex<\/em> art\u00edculo 115.5 Ley 10\/2014) vulnera el Reglamento General de Protecci\u00f3n de Datos (RGPD), y sostiene que la doble publicaci\u00f3n (en el BOE y en la web del Banco de Espa\u00f1a) no puede considerarse una duplicidad innecesaria del tratamiento de datos personales contraria al principio de minimizaci\u00f3n de datos: no es redundante y contribuye a la transparencia del sistema financiero, a la rendici\u00f3n de cuentas de las autoridades supervisoras y a la confianza del p\u00fablico en la integridad del mercado bancario (FD 10.A). Tampoco aprecia que \u201cla publicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n en el BOE infrinja el principio de limitaci\u00f3n del plazo de conservaci\u00f3n\u201d, en tanto que se realiza en cumplimiento de una obligaci\u00f3n legal; persigue una finalidad leg\u00edtima y se complementa con mecanismos efectivos de tutela del derecho de protecci\u00f3n de datos, como el derecho al olvido (FD 10.B). Esto es, sin poner en cuesti\u00f3n la integridad del BOE como fuente oficial, limitar la accesibilidad universal por b\u00fasqueda nominal a trav\u00e9s de la desindexaci\u00f3n constituye un remedio adecuado y conforme con las previsiones del derecho de la Uni\u00f3n para evitar que la sanci\u00f3n se convierta en un estigma digital permanente, una vez agotada la finalidad que justific\u00f3 el tratamiento nominativo.<\/p>\n\n\n\n
\nEsto es, sin poner en cuesti\u00f3n la integridad del BOE como fuente oficial, limitar la accesibilidad universal por b\u00fasqueda nominal a trav\u00e9s de la desindexaci\u00f3n constituye un remedio adecuado y conforme con las previsiones del derecho de la Uni\u00f3n para evitar que la sanci\u00f3n se convierta en un estigma digital permanente, una vez agotada la finalidad que justific\u00f3 el tratamiento nominativo.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal concluye que la publicaci\u00f3n en el BOE de las resoluciones sancionadoras firmes en v\u00eda administrativa, pero impugnadas en v\u00eda judicial, no suscita dudas sobre su conformidad a la normativa europea \u201csi la publicaci\u00f3n contiene la indicaci\u00f3n de que la sanci\u00f3n se encuentra judicialmente recurrida y, por tanto, de que no es todav\u00eda una decisi\u00f3n firme\u201d (FD 11).<\/p>\n\n\n\n
En definitiva, cuando hay litigio pendiente, la publicaci\u00f3n de las sanciones exige una m\u00ednima lealtad informativa consistente en indicar que la sanci\u00f3n se encuentra judicialmente recurrida y, por tanto, que no ha adquirido firmeza judicial. La Sala llega a esta conclusi\u00f3n mediante una interpretaci\u00f3n conforme de la norma nacional a la luz del derecho europeo y de la l\u00f3gica de la tutela cautelar. Y, por ello, merece una valoraci\u00f3n muy positiva: sin suponer una ruptura con la jurisprudencia anterior, introduce un matiz que avanza en la necesidad de ponderar el coste de las medidas de publicidad vinculadas al ejercicio de la potestad sancionadora en t\u00e9rminos de garant\u00edas, proporcionalidad y tutela efectiva, evitando que el cumplimiento del fin leg\u00edtimo de la transparencia derive, en la pr\u00e1ctica, en una suerte de sanci\u00f3n social aut\u00f3noma, al imponer una pena reputacional anticipada y no depurada jurisdiccionalmente.<\/p>\n\n\n\n
\nEn definitiva, cuando hay litigio pendiente, la publicaci\u00f3n de las sanciones exige una m\u00ednima lealtad informativa consistente en indicar que la sanci\u00f3n se encuentra judicialmente recurrida y, por tanto, que no ha adquirido firmeza judicial.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n
Autor\/a: M\u00f3nica Dom\u00ednguez Mart\u00edn<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El Tribunal Supremo, en la Sentencia 5017\/2025, de 29 de octubre, matiza su doctrina sobre la publicidad sancionadora a la luz del derecho de la Union Europea: si la sanci\u00f3n es firme en v\u00eda administrativa, pero est\u00e1 recurrida judicialmente, la publicaci\u00f3n (en particular, en el BOE) debe advertirlo expresamente. Eso permite conciliar transparencia y tutela efectiva sin convertir la publicidad en una pena reputacional anticipada.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4772,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"M\u00f3nica Dom\u00ednguez Mart\u00edn","cargo-autor":"Profesora titular de Derecho Administrativo. Universidad Aut\u00f3noma de Madrid","foto-autor":"4771"}},"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[245,252],"autor-post":[72],"class_list":["post-4770","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-gobernanza","tag-ciudadanos","tag-potestad-sancionadora","autor-post-monica-dominguez-martin"],"yoast_head":"\n
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