{"id":4689,"date":"2026-02-18T07:30:00","date_gmt":"2026-02-18T06:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=4689"},"modified":"2026-02-17T08:54:51","modified_gmt":"2026-02-17T07:54:51","slug":"la-buena-administracion-y-la-transformacion-de-la-administracion-publica-la-ley-catalana-9-2025-de-13-de-noviembre","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/la-buena-administracion-y-la-transformacion-de-la-administracion-publica-la-ley-catalana-9-2025-de-13-de-noviembre\/","title":{"rendered":"La buena administraci\u00f3n y la transformaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n p\u00fablica: la Ley catalana 9\/2025, de 13 de noviembre"},"content":{"rendered":"\n<p>1. <strong>Introducci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/diario_boe\/txt.php?id=BOE-A-2025-24940\">Ley 9\/2025, de 13 de noviembre, de modificaci\u00f3n de la Ley 26\/2010, de 3 de agosto<\/a>, de r\u00e9gimen jur\u00eddico y de procedimiento de las Administraciones p\u00fablicas de Catalu\u00f1a, ha introducido cuatro novedades vinculadas al derecho a una buena administraci\u00f3n previsto en el art. 30 del Estatuto de Autonom\u00eda de Catalu\u00f1a:<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Se establece la prohibici\u00f3n expresa de imponer la obligaci\u00f3n de cita previa para acceder a los servicios presenciales de la Administraci\u00f3n, determinando que esta solo puede utilizarse como una medida para mejorar la atenci\u00f3n a las personas.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Se incorpora el derecho a la claridad y comprensibilidad del lenguaje administrativo, <a href=\"https:\/\/www.planetadelibros.com\/libro-el-derecho-a-comprender-el-lenguaje-del-poder\/431978\">en l\u00ednea con el movimiento que desde hace a\u00f1os est\u00e1 tomando fuerza en Espa\u00f1a<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Se refuerzan los principios generales de actuaci\u00f3n administrativa, incorporando el principio, y derecho, de proactividad y personalizaci\u00f3n en la prestaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos, y se regulan las condiciones de prestaci\u00f3n de los servicios proactivos y personalizados en el marco de la legislaci\u00f3n de protecci\u00f3n de datos.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; Y, por primera vez en Espa\u00f1a, se reconoce el denominado \u201cderecho al error\u201d, sobre el que vamos a centrar nuestro an\u00e1lisis.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta regulaci\u00f3n sistem\u00e1tica de los errores es necesaria, ante la creciente relevancia de estos, debido a distintos factores.<\/p>\n\n\n\n<p>As\u00ed, influyen la complejidad creciente del ordenamiento jur\u00eddico y la multiplicaci\u00f3n de obligaciones jur\u00eddicas, a veces contradictorias y demasiado a menudo dif\u00edciles de identificar y de comprender; un contexto en el que los gestores p\u00fablicos se encuentran inmersos en lo que ha sido denominado como el <em>miedo a la firma<\/em>, en el marco de la llamada <a href=\"https:\/\/rednmr.wordpress.com\/2024\/02\/22\/burocracia-defensiva-mal-gobierno-y-mala-administracion-especial-consideracion-al-entorno-digital-y-al-uso-de-inteligencia-artificial\/\">burocracia defensiva<\/a>, que paraliza la gesti\u00f3n p\u00fablica por las posibles responsabilidades, sobre todo de tipo penal y contable, que se puedan exigir, como nos explica el <a href=\"https:\/\/marcialpons-openaccess.es\/index.php\/juridicas\/catalog\/book\/burocracia-defensiva\">profesor Antonio Bueno en una reciente obra<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>El Comit\u00e9 de personas expertas que elabor\u00f3 el Libro Blanco para la reforma del servicio tributario, en 2022, recogi\u00f3 la recomendaci\u00f3n de aligerar las sanciones en casos de errores o incumplimientos menores, como lo hacen otros pa\u00edses.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>El Comit\u00e9 de personas expertas que elabor\u00f3 el <a href=\"https:\/\/www.hacienda.gob.es\/SGT\/GabSEHacienda\/cdc\/propuestas%20e%20informes\/2022-3-propuesta-derechoalerror.pdf\">Libro Blanco para la reforma del servicio tributario, en 2022<\/a>, recogi\u00f3 la recomendaci\u00f3n de aligerar las sanciones en casos de errores o incumplimientos menores, como lo hacen otros pa\u00edses. Por su parte, el Consejo de Defensa del Contribuyente emiti\u00f3 la Propuesta 3\/2022 sobre la incorporaci\u00f3n del derecho al error en el ordenamiento tributario espa\u00f1ol en una norma con rango de ley, para el caso de primeros errores no dolosos. <a href=\"https:\/\/ath21.com\/derecho-error\/\">La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 28 de noviembre de 2023<\/a> ha recogido esta figura en relaci\u00f3n con la valoraci\u00f3n de la culpabilidad del obligado tributario, teniendo en cuenta la complejidad de normas y procedimientos existente. La Comisi\u00f3n de Expertos para la Transformaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n de la Generalitat de Catalu\u00f1a (CETRA) <a href=\"https:\/\/web.gencat.cat\/es\/generalitat\/accio-govern\/transformacio-administracio\/estrategia-reforma-administracio\/50-propostes-reforma-administracio\/simplificacio-normativa-processos\">lo incluy\u00f3 entre sus 50 recomendaciones del pasado mes de&nbsp; noviembre<\/a>, como se indica expresamente en el pre\u00e1mbulo de la nueva ley, y varios <a href=\"https:\/\/rednmr.wordpress.com\/2025\/02\/07\/errar-en-la-gestion-publica-es-humano-pero-no-solo-perseverar-es-diabolico-y-rectificar-es-de-sabios-si-no-se-viola-el-derecho-a-una-buena-administracion-de-las-personas\/\">estudios<\/a> de la doctrina cient\u00edfica jur\u00eddica europea han abogado tambi\u00e9n por lo mismo.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>La Comisi\u00f3n de Expertos para la Transformaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n de la Generalitat de Catalu\u00f1a (CETRA) lo incluy\u00f3 entre sus 50 recomendaciones del pasado mes de&nbsp; noviembre<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>En este contexto ha nacido, por primera vez en nuestro sistema jur\u00eddico, un nuevo derecho, en virtud de la Ley 9\/2025. Derecho basado en un nuevo paradigma en la relaci\u00f3n entre Administraciones y ciudadanos, anclado en <a href=\"https:\/\/www.laterza.it\/scheda-libro\/?isbn=9788858145333\">la confianza<\/a>, y que, a efectos pr\u00e1cticos, estamos denominando ahora, sin la precisi\u00f3n necesaria, que s\u00ed utilizaremos enseguida, como \u201cderecho al error\u201d.<strong> <\/strong>Derecho ya reconocido desde hace tiempo en otros pa\u00edses europeos, como Francia \u2014Ley n.\u00ba 2018-727, de 10 de agosto de 2018\u2014.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>En este contexto ha nacido, por primera vez en nuestro sistema jur\u00eddico, un nuevo derecho, en virtud de la Ley 9\/2025. Derecho basado en un nuevo paradigma en la relaci\u00f3n entre Administraciones y ciudadanos, anclado en la confianza, y que, a efectos pr\u00e1cticos, estamos denominando ahora, sin la precisi\u00f3n necesaria, que s\u00ed utilizaremos enseguida, como \u201cderecho al error\u201d.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p><strong>2. La buena administraci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La Ley 9\/2025, conforme a la jurisprudencia, pone al d\u00eda el contenido del derecho y principio de buena administraci\u00f3n, incluido ya en su momento en el art. 22 de la Ley 26\/2010, haciendo ahora una conexi\u00f3n sistem\u00e1tica con el art. 31, relativo a los principios generales de la actuaci\u00f3n administrativa.<\/p>\n\n\n\n<p>En concreto, la nueva Ley 9\/2025 prev\u00e9 la inclusi\u00f3n de un nuevo principio general de actuaci\u00f3n administrativa y, en base al mismo, de tres nuevas expresiones relacionadas con los errores del derecho a una buena administraci\u00f3n \u2014que, como es sabido, <a href=\"https:\/\/www.cepc.gob.es\/sites\/default\/files\/2023-09\/40211rap22106ponce-sole.pdf\">no es un simple paraguas de principios, sino generador de una obligaci\u00f3n nueva en Espa\u00f1a de diligencia debida administrativa<\/a>, de acuerdo con la jurisprudencia\u2014.<\/p>\n\n\n\n<p>Las exigencias de la buena administraci\u00f3n son ahora conectadas con el principio de confianza y el \u201cderecho al error\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>3. El principio de confianza y las distintas expresiones del derecho al error<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>a) El principio de confianza<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Por un lado, en primer lugar, ahora el art. 31.2 de la Ley 26\/2010 introduce el principio de confianza en las relaciones entre las Administraciones p\u00fablicas y las personas que se relacionan con ellas, al que se refiere la exposici\u00f3n de motivos, con un alcance m\u00e1s amplio y diferente al de confianza leg\u00edtima de los ciudadanos, ya existente.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>b) Derecho al error y empleados p\u00fablicos<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>En cuanto a estos, para evitar la paralizaci\u00f3n de su actividad, el art. 22, al precisar el derecho a la diligencia debida administrativa, introduce la previsi\u00f3n de que los empleados p\u00fablicos solo ser\u00e1n responsables por acciones u omisiones realizadas con dolo o con culpa o negligencia grave. Solo se considera que concurre esta con la \u201cflagrante violaci\u00f3n de las normas de prudencia, pericia y diligencia debida y la omisi\u00f3n de las precauciones, comprobaciones e informaciones previas normalmente exigibles en la actividad administrativa al funcionario p\u00fablico en funci\u00f3n de la competencia espec\u00edfica y en relaci\u00f3n con el caso concreto, teniendo en cuenta los est\u00e1ndares de buena administraci\u00f3n\u201d. Est\u00e1ndares que deben ser fijados en cartas de servicios, instrucciones o protocolos y otros documentos administrativos. Se excluye en caso de negligencia leve, pues, la exigencia de responsabilidades, tanto administrativas, como la acci\u00f3n de regreso del art. 36.4 de la LRJSP, como <a href=\"https:\/\/asocex.es\/supuestos-de-responsabilidad-contable\/\">contables<\/a>, conforme al <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-1982-11584\">art. 43 de la Ley del Tribunal de Cuentas<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>c) El derecho de las personas a rectificar sus errores ante la Administraci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Por otro lado, en tercer lugar, se incluye un derecho de las personas a rectificar sus errores ante la Administraci\u00f3n, tambi\u00e9n ahora en el art. 22 de la Ley 26\/2010, lo que supone una transformaci\u00f3n de la relaci\u00f3n que la Administraci\u00f3n mantiene con la sociedad catalana, pasando de la tradicional desconfianza a confiar en las personas que se relacionan con ella. Supone un cambio en la percepci\u00f3n de los ciudadanos: se establece a su favor una presunci\u00f3n de buena fe y una confianza leg\u00edtima en ellos, principios generales del derecho muy conocidos que se aplican con una nueva perspectiva y sin que falten elementos de control (haciendo realidad la expresi\u00f3n \u201cconf\u00eda, pero verifica\u201d).<\/p>\n\n\n\n<p>La nueva regulaci\u00f3n catalana es prudente, estableciendo una serie de cautelas que permitan confiar, pero a la vez comprobar, evitando posibles actuaciones de mala fe o fraudulentas. <a href=\"https:\/\/rednmr.wordpress.com\/2025\/02\/07\/errar-en-la-gestion-publica-es-humano-pero-no-solo-perseverar-es-diabolico-y-rectificar-es-de-sabios-si-no-se-viola-el-derecho-a-una-buena-administracion-de-las-personas\/\">Por supuesto, el derecho al error se aplica tambi\u00e9n en el \u00e1mbito de la administraci\u00f3n digital<\/a>. En el caso franc\u00e9s, <a href=\"https:\/\/www.capgemini.com\/fr-fr\/perspectives\/blog\/le-droit-a-lerreur-au-coeur-de-la-transformation-de-laction-publique\/\">ha sido destacado c\u00f3mo el mismo puede tener una especial aplicaci\u00f3n en este \u00e1mbito<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>d) Derecho de las personas a no ser perjudicadas por un error administrativo en las prestaciones destinadas a garantizar las necesidades esenciales de subsistencia<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>En cuarto lugar, se introduce tambi\u00e9n en el art. 22 otro derecho relacionado con los errores: el de las personas f\u00edsicas vulnerables a no ser perjudicadas por los cometidos por las Administraciones en ciertos supuestos. Este derecho se configura en la Ley 9\/2025 catalana teniendo en cuenta <a href=\"https:\/\/hudoc.echr.coe.int\/eng#{%22itemid%22:[%22001-182445%22]}\">la jurisprudencia del TEDH reca\u00edda al respecto<\/a>, que establece un l\u00edmite en la reclamaci\u00f3n de prestaciones pagadas a los ciudadanos con violaci\u00f3n de la buena administraci\u00f3n, o <em>good governance<\/em>, como <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/biblioteca_juridica\/anuarios_derecho\/articulo.php?id=ANU-L-2024-00000002761\">impedimento para el reintegro de las mismas<\/a>. En esta l\u00ednea, <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/biblioteca_juridica\/anuarios_derecho\/articulo.php?id=ANU-L-2024-00000002761\">la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social<\/a>, ha se\u00f1alado ya lo mismo en varias sentencias.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta nueva regulaci\u00f3n del art. 22 proh\u00edbe la reclamaci\u00f3n del principal y de los intereses de lo indebidamente abonado por la Administraci\u00f3n si se detecta un pago indebido derivado de un error administrativo o de una actuaci\u00f3n administrativa indebida, sin la debida diligencia. Ello solo en las prestaciones destinadas a garantizar <em>las necesidades esenciales de subsistencia<\/em>, siempre que concurran las condiciones siguientes:<\/p>\n\n\n\n<p style=\"margin-left:var(--wp--preset--spacing--60)\">a) que la persona beneficiaria no haya contribuido, por acci\u00f3n u omisi\u00f3n, a la producci\u00f3n del error administrativo;<\/p>\n\n\n\n<p style=\"margin-left:var(--wp--preset--spacing--60)\">b) que el error administrativo sea imputable exclusivamente a la Administraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>4. Un necesario cambio legal y cultural<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Los cambios culturales, como lo es en definitiva el que supone el \u201cderecho al error\u201d, no se imponen solo con leyes, porque, como afirmaba Michel Crozier en su conocida obra, las sociedades no se cambian por decreto. Pero en un Estado democr\u00e1tico de derecho los cambios deben concretarse tambi\u00e9n en leyes, como en este caso. Leyes que deber\u00e1n ser conocidas, aplicadas y evaluadas para la mejora de la gesti\u00f3n p\u00fablica, tambi\u00e9n en el \u00e1mbito local.<\/p>\n\n\n\n<p>Autor\/a:&nbsp;<strong>Juli Ponce Sol\u00e9<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><em>imagen: <\/em><a href=\"https:\/\/www.istockphoto.com\/es\/portfolio\/champpixs?mediatype=photography\">\u00abiStock.com\/champpixs\u00bb<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Ley catalana 9\/2025, de 13 de noviembre, ha introducido varias novedades vinculadas al derecho a una buena administraci\u00f3n, que suponen un importante avance en la transformaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n conforme a las demandas de la sociedad actual. 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