{"id":4685,"date":"2026-02-11T07:30:00","date_gmt":"2026-02-11T06:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=4685"},"modified":"2026-02-09T08:01:30","modified_gmt":"2026-02-09T07:01:30","slug":"sobre-la-legitimacion-de-los-ayuntamientos-como-acusacion-particular-y-el-papel-de-los-interventores-en-los-procesos-por-malversacion-de-fondos-publicos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/sobre-la-legitimacion-de-los-ayuntamientos-como-acusacion-particular-y-el-papel-de-los-interventores-en-los-procesos-por-malversacion-de-fondos-publicos\/","title":{"rendered":"Sobre la legitimaci\u00f3n de los ayuntamientos como acusaci\u00f3n particular y el papel de los interventores en los procesos por malversaci\u00f3n de fondos p\u00fablicos"},"content":{"rendered":"\n

RECURSO DE CASACI\u00d3N: ANTECEDENTES<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La STS 604\/2025, de 1 de julio (ECLI:ES:TS:2025:3266), pone fin al proceso del que dimana la SAP de Oviedo (Secci\u00f3n 2.\u00aa) 219\/2022, de 29 de junio. En la resoluci\u00f3n de primera instancia se conden\u00f3 a M., alcalde del municipio en el que sucedieron los hechos entre 2007 y 2013, como responsable de un delito continuado de prevaricaci\u00f3n, en concurso medial con otro de malversaci\u00f3n, a la pena de cuatro a\u00f1os y nueve meses de prisi\u00f3n e inhabilitaci\u00f3n especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y para empleo o cargo p\u00fablico en las entidades locales o relacionadas con la gesti\u00f3n de fondos p\u00fablicos durante nueve a\u00f1os. En esa sentencia tambi\u00e9n se conden\u00f3 a P. y O., concejales en el mismo ayuntamiento, como autores de un delito de prevaricaci\u00f3n, a la pena de siete a\u00f1os de inhabilitaci\u00f3n especial para empleo o cargo p\u00fablico en las entidades locales.<\/p>\n\n\n\n

De los tres condenados, el \u00fanico que recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n fue el alcalde, desestimando el TSJ de Asturias la impugnaci\u00f3n en su sentencia 39\/2022, de 24 de noviembre, contra la que formul\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n que dio lugar a la sentencia ahora comentada.<\/p>\n\n\n\n

El alcalde fue condenado porque hab\u00eda ordenado entre 2012 y 2013 el pago de diversas facturas por valor de 18 743,75 euros a un despacho de abogados para que le asesorasen en una serie de procesos penales. La secretaria-interventora del Ayuntamiento formul\u00f3 diversos reparos a tales decisiones porque, en su opini\u00f3n, la entidad local no deb\u00eda hacerse cargos de ellos, sino que se trataba de gastos particulares del alcalde. Pese a estas advertencias, tanto el alcalde, a trav\u00e9s de la aprobaci\u00f3n de varios decretos en esta direcci\u00f3n, como el pleno de la corporaci\u00f3n \u2014en el que participaron los dos concejales condenados en la primera instancia\u2014, a trav\u00e9s de la adopci\u00f3n de un acuerdo destinado a este fin, levantaron los reparos de la interventora y ordenaron los pagos al despacho en cuesti\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Tras la p\u00e9rdida de la condici\u00f3n de alcalde por parte de M. en junio de 2015, la nueva alcaldesa present\u00f3 denuncia contra los acusados ante la Fiscal\u00eda en julio de 2017, dando lugar a las actuaciones de las que trae causa la sentencia objeto de comentario.<\/p>\n\n\n\n

JUICIO DE LA SALA<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El recurso de casaci\u00f3n de M. vers\u00f3 sobre muy distintos motivos. De entre ellos, interesa destacar dos por su trascendencia para la praxis: uno, sobre la legitimaci\u00f3n del propio ayuntamiento para personarse en la causa como acusaci\u00f3n particular, y otro, sobre el papel de los interventores en los procesos seguidos por delitos de malversaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

1. Sobre la litimaci\u00f3n del Ayuntamiento para personarse como acusaci\u00f3n particular<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En el primer motivo de su recurso, M. solicit\u00f3 la nulidad de actuaciones. Esta petici\u00f3n se sostuvo en dos argumentos. El primero, que la denuncia de la alcaldesa se interpuso sin que existiera ning\u00fan acuerdo del pleno que as\u00ed lo ordenase. El segundo, que la personaci\u00f3n del Ayuntamiento como acusaci\u00f3n particular en la causa era improcedente por haberse practicado sin la previa elaboraci\u00f3n de un dictamen por el secretario, la asesor\u00eda jur\u00eddica o un letrado de la corporaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El primero de los argumentos es r\u00e1pidamente descartado en el Fundamento de Derecho (en adelante, FD) 2.\u00ba de la STS. En \u00e9l, la Sala Segunda recuerda su muy asentada doctrina sobre la denuncia como mero acto de transmisi\u00f3n de la notitia criminis<\/em> que, en tanto tal, no est\u00e1 sujeto a especiales exigencias formales. De ah\u00ed que el TS considere que la ausencia del acuerdo del pleno para interponer la denuncia no sea una situaci\u00f3n que viciara de nulidad lo actuado.<\/p>\n\n\n\n

M\u00e1s inter\u00e9s suscita la segunda cuesti\u00f3n. El argumento de M. ten\u00eda como base legal, en este punto, los arts. 54.3 del Real Decreto Legislativo 781\/1986, de 18 de abril, y 221.1 del Real Decreto 2568\/1986, de 28 de noviembre, en los que se establece que \u201c[l]os acuerdos para el ejercicio de acciones necesarias para la defensa de los bienes y derechos de las entidades locales deber\u00e1n adoptarse previo dictamen del Secretario o, en su caso, de la Asesor\u00eda Jur\u00eddica, y, en defecto de ambos, de un Letrado\u201d. En el caso debatido, este dictamen no se hab\u00eda emitido. En consecuencia, la personaci\u00f3n del Ayuntamiento ser\u00eda inv\u00e1lida y las diligencias de investigaci\u00f3n practicadas por su iniciativa ser\u00edan nulas.<\/p>\n\n\n\n

El TS rechaz\u00f3 la tesis de M. con base en dos ideas. La primera, que su reclamaci\u00f3n era extempor\u00e1nea: la nulidad de la personaci\u00f3n del Ayuntamiento no se hab\u00eda suscitado ni en instrucci\u00f3n, ni en primera instancia ni en apelaci\u00f3n. Solo eso ya bastar\u00eda para no entrar al fondo de la cuesti\u00f3n. Sin embargo, el TS esgrime una segunda idea para rechazar la petici\u00f3n de M., como es que en el proceso penal no cabe una interpretaci\u00f3n tan r\u00edgida de las reglas concernientes a la legitimaci\u00f3n como la propia de otros \u00f3rdenes jurisdiccionales.<\/p>\n\n\n\n

Haciendo suya la fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica de la SAP, el Alto Tribunal sostiene que en el proceso penal no toda irregularidad procesal constituye una causa de nulidad, sino solamente aquellas que generen indefensi\u00f3n; algo que no suceder\u00eda en el presente caso. La interpretaci\u00f3n amplia de la Sala Segunda sobre las reglas que disciplinan la personaci\u00f3n como acusaci\u00f3n particular queda plasmada en el siguiente p\u00e1rrafo del FD 2.\u00ba:<\/p>\n\n\n\n

\u201c[\u2026] los defectos formales del acto de personaci\u00f3n son siempre subsanables y, en el presente caso, la inequ\u00edvoca voluntad de la corporaci\u00f3n de ejercer la acci\u00f3n penal despliega un efecto sanador de la pretendida falta de competencia que le atribuye el motivo\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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\u201c[\u2026] los defectos formales del acto de personaci\u00f3n son siempre subsanables y, en el presente caso, la inequ\u00edvoca voluntad de la corporaci\u00f3n de ejercer la acci\u00f3n penal despliega un efecto sanador de la pretendida falta de competencia que le atribuye el motivo\u201d.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

2. Sobre el papel de los interventores en los procesos por malversaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En el tercer motivo de su recurso, M. puso de relieve que, si bien es cierto que la secretaria-interventora formul\u00f3 reparos a algunos de los gastos que acord\u00f3, no actu\u00f3 de esa manera con respecto a todos los que constituyeron el delito de malversaci\u00f3n. Por lo tanto, si la secretaria-interventora hab\u00eda quedado excluida de la causa, no se comprende por qu\u00e9 \u00e9l s\u00ed hab\u00eda resultado condenado.<\/p>\n\n\n\n

Al margen de la claridad de la meta perseguida por el recurrente con la formulaci\u00f3n de este motivo, esta reclamaci\u00f3n permiti\u00f3 al TS exponer sus reflexiones en torno al papel que tienen los reparos formulados por los interventores en procesos por malversaci\u00f3n. Como recuerda la Sala Segunda en el FD 3.\u00ba:<\/p>\n\n\n\n

\u201cNo todo lo autorizado por el interventor municipal garantiza la legalidad de la disposici\u00f3n, y, en el mismo sentido, no todo reparo convierte en delincuente al alcalde que decide sobre un determinado gasto municipal\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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\u201cNo todo lo autorizado por el interventor municipal garantiza la legalidad de la disposici\u00f3n, y, en el mismo sentido, no todo reparo convierte en delincuente al alcalde que decide sobre un determinado gasto municipal\u201d.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

As\u00ed, la Sala aclara que el reparo de la intervenci\u00f3n no constituye ni una condici\u00f3n de procedibilidad ni un elemento del tipo del delito de malversaci\u00f3n. Su ausencia en el caso concreto no convierte en leg\u00edtimos los gastos acordados por el alcalde. Y, de manera correlativa, el hecho de que se haya formulado esta objeci\u00f3n tampoco implica que, si finalmente el gasto se ordena, en contra del criterio de la intervenci\u00f3n, este sea, necesariamente, constitutivo de delito.<\/p>\n\n\n\n

Autor\/a: Jes\u00fas Mart\u00edn Mu\u00f1oz<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

imagen: <\/em>\u00abiStock.com\/Davizro\u00bb<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en materia de malversaci\u00f3n de fondos p\u00fablicos es inabarcable. Sin embargo, la STS 604\/2025, de 1 de julio, es una de esas raras ocasiones en las que la Sala aborda cuestiones marginales para la \u201cgran\u201d jurisprudencia, pero trascendentales para la pr\u00e1ctica administrativa de las entidades locales.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4687,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"Jes\u00fas Mart\u00edn Mu\u00f1oz","cargo-autor":"Profesor ayudante doctor de Derecho Penal. 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