{"id":4644,"date":"2026-01-07T07:30:00","date_gmt":"2026-01-07T06:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=4644"},"modified":"2025-12-19T11:00:11","modified_gmt":"2025-12-19T10:00:11","slug":"cuando-la-administracion-entra-en-tu-ordenador-limites-juridicos-al-control-digital-del-funcionario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/cuando-la-administracion-entra-en-tu-ordenador-limites-juridicos-al-control-digital-del-funcionario\/","title":{"rendered":"Cuando la Administraci\u00f3n entra en tu ordenador: l\u00edmites jur\u00eddicos al control digital del funcionario"},"content":{"rendered":"\n

Los avances tecnol\u00f3gicos plantean importantes desaf\u00edos para la efectividad de los derechos fundamentales del funcionario, que no se ven mermados por la existencia de una relaci\u00f3n especial de sujeci\u00f3n con la Administraci\u00f3n. Afectan particularmente a su derecho a la intimidad, en la medida en que ampl\u00edan de forma significativa las potestades de vigilancia y supervisi\u00f3n digital de la Administraci\u00f3n. Nos muestran una nueva faceta de la Administraci\u00f3n, que podr\u00eda actuar como un \u201cgran hermano\u201d, como una Administraci\u00f3n pan\u00f3ptica que todo lo ve, que puede videovigilar a sus empleados,  geolocalizarlos e incluso grabar sus conversaciones bajo ciertas circunstancias. No solo puede acceder al correo electr\u00f3nico corporativo del funcionario, conocer su historial de navegaci\u00f3n por internet o acceder a los contenidos de su ordenador, sino que tambi\u00e9n puede utilizar lo all\u00ed obtenido como prueba contundente de una eventual infracci\u00f3n administrativa en un procedimiento disciplinario.<\/p>\n\n\n\n

Este post<\/em> analiza, desde una perspectiva jur\u00eddica y jurisprudencial, hasta d\u00f3nde puede llegar la Administraci\u00f3n cuando accede a los equipos inform\u00e1ticos que pone a disposici\u00f3n de sus funcionarios, y qu\u00e9 garant\u00edas resultan imprescindibles para que ese acceso sea leg\u00edtimo. Ya tenemos algunos ejemplos de ello en nuestro ordenamiento jur\u00eddico, que se traducen en el ejercicio de la potestad disciplinaria y la imposici\u00f3n de una sanci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, en la Sentencia de la Audiencia Nacional de 6 de febrero de 2024, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secci\u00f3n 7.\u00aa, el acceso al ordenador de un funcionario de Hacienda ha permitido probar c\u00f3modamente la comisi\u00f3n de varias infracciones disciplinarias que se han traducido en la suspensi\u00f3n de empleo y sueldo durante diez meses. Recuerda la Sala que no existe un derecho omn\u00edmodo a la intimidad respecto a los datos contenidos en los equipos inform\u00e1ticos que son puestos a disposici\u00f3n del funcionario, sino que este derecho es instrumental para la realizaci\u00f3n de las actividades propias del cargo. Por ello, si existe la sospecha de una utilizaci\u00f3n indebida de los equipos inform\u00e1ticos, en actuaciones que pudieran ser constitutivas de infracci\u00f3n administrativa, es procedente el acceso a dichos equipos para garantizar la prueba necesaria sobre las actuaciones del funcionario. En este caso exist\u00eda una instrucci\u00f3n interna de la Administraci\u00f3n que advert\u00eda de los usos del ordenador, de la posibilidad de ser inspeccionados y de que sus resultados pudieran incorporarse a un expediente disciplinario o aportarse a un procedimiento judicial.<\/p>\n\n\n\n

Por el contrario, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 10 de junio de 2022, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secci\u00f3n 1.\u00aa, ha declarado il\u00edcita la prueba aportada por el Ayuntamiento de Algemes\u00ed para sancionar a su funcionaria, la tesorera del ayuntamiento. Aparecieron unos documentos en la impresora y en la memoria del esc\u00e1ner que podr\u00edan suponer que la funcionaria realizaba actividades profesionales para una empresa privada dentro de la jornada de trabajo, que ni ten\u00edan nada que ver con sus funciones de tesorera ni resultaban compatibles con ellas. La alcaldesa orden\u00f3 al departamento de inform\u00e1tica que investigara los documentos del ordenador personal de trabajo para aclarar esos hechos. El inform\u00e1tico, sin necesidad de acudir f\u00edsicamente al ordenador, con su clave de administrador, inspeccion\u00f3 su ordenador y copi\u00f3 varias carpetas de documentos personales que permitieron acreditar que, efectivamente, estaba trabajando para otra empresa privada, pero tambi\u00e9n se hab\u00eda hecho copia de datos personales especialmente sensibles y de datos de salud.<\/p>\n\n\n\n

La sentencia anul\u00f3 la prueba y la sanci\u00f3n porque la actuaci\u00f3n del ayuntamiento se hizo sin respetar su expectativa razonable de privacidad. En este caso el ayuntamiento no hab\u00eda informado previamente a sus empleados de la utilizaci\u00f3n de los equipos inform\u00e1ticos, con la advertencia de la existencia de medidas de control o supervisi\u00f3n del ordenador y de las comunicaciones de los empleados. Adem\u00e1s, tampoco existi\u00f3 proporcionalidad en el acceso, pues el ayuntamiento accedi\u00f3 a todas las carpetas y archivos sin discriminar su contenido, de una forma especialmente invasiva, afectando a datos de salud y a otros documentos privados de la reclamante.<\/p>\n\n\n\n

Esta doctrina ha sido confirmada por la STS de 7 de octubre de 2024, Sala contencioso-administrativa, Secci\u00f3n 3.\u00aa, que trasvasa al \u00e1mbito de la funci\u00f3n p\u00fablica la jurisprudencia social y la doctrina constitucional sobre el valor de los derechos fundamentales de los trabajadores en las relaciones laborales. Toma directamente como referencia la interpretaci\u00f3n realizada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el caso Copland contra el Reino Unido<\/a>, donde afirm\u00f3 que los correos electr\u00f3nicos y el uso de internet desde el lugar de trabajo est\u00e1n protegidos por el derecho al respeto de la vida privada. Asimismo, aplica directamente al \u00e1mbito del empleo p\u00fablico la doctrina de la sentencia del TEDH en el conocido asunto B\u0103rbulescu II<\/a>, de 5 de septiembre de 2017, subrayando, en consecuencia, la relevancia decisiva de la informaci\u00f3n previa al trabajador sobre la posibilidad y el alcance del control para apreciar si se ha producido o no una vulneraci\u00f3n de este derecho fundamental (el llamado test B\u0103rbulescu).<\/p>\n\n\n\n

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Toma directamente como referencia la interpretaci\u00f3n realizada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el caso Copland contra el Reino Unido, donde afirm\u00f3 que los correos electr\u00f3nicos y el uso de internet desde el lugar de trabajo est\u00e1n protegidos por el derecho al respeto de la vida privada.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Marco legal de la protecci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La Ley Org\u00e1nica 3\/2018, de 5 de diciembre, de Protecci\u00f3n de Datos Personales y garant\u00eda de los derechos digitales<\/a>, ha supuesto un punto de inflexi\u00f3n en esta materia al recoger la prolija doctrina constitucional sobre los derechos fundamentales en el entorno laboral y unificar los derechos de los trabajadores y de los funcionarios en este \u00e1mbito. Por una parte, adapt\u00f3 el derecho fundamental a la intimidad a los nuevos desaf\u00edos digitales para que este derecho pudiera seguir siendo efectivo. Para ello, introdujo en el listado de derechos individuales de los empleados p\u00fablicos que consagra el art. 14 del Estatuto B\u00e1sico del Empleado P\u00fablico<\/a> un nuevo derecho \u201cdigital\u201d en su letra j.bis), reconoci\u00e9ndoles expl\u00edcitamente el derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales que la Administraci\u00f3n pone a su disposici\u00f3n, lo que, obviamente, incluye los ordenadores de trabajo.<\/p>\n\n\n\n

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La Ley Org\u00e1nica 3\/2018, de 5 de diciembre, de Protecci\u00f3n de Datos Personales y garant\u00eda de los derechos digitales,<\/strong> introdujo en<\/strong> el listado de derechos individuales de los empleados p\u00fablicos que consagra el art. 14 del Estatuto B\u00e1sico del Empleado P\u00fablico un nuevo derecho \u201cdigital\u201d en su letra j.bis), reconoci\u00e9ndoles expl\u00edcitamente el derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales que la Administraci\u00f3n pone a su disposici\u00f3n, lo que, obviamente, incluye los ordenadores de trabajo.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Por otra parte, su art. 87 atribuy\u00f3 expresamente las potestades de actuaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n en esta materia al habilitarla para acceder a los contenidos derivados del uso de los medios digitales facilitados a sus empleados, pero \u00fanicamente con dos finalidades leg\u00edtimas: controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales o estatutarias y garantizar la integridad de los dispositivos. Esta habilitaci\u00f3n no es incondicionada. Va acompa\u00f1ada de una serie de exigencias que act\u00faan como aut\u00e9nticos l\u00edmites jur\u00eddicos al poder de vigilancia digital de la Administraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

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La primera de esas exigencias es la necesidad de que la Administraci\u00f3n establezca con car\u00e1cter previo criterios claros de utilizaci\u00f3n de los ordenadores con la imprescindible participaci\u00f3n de los representantes de los funcionarios y que informe de ello a sus funcionarios.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

La primera de esas exigencias es la necesidad de que la Administraci\u00f3n establezca con car\u00e1cter previo criterios claros de utilizaci\u00f3n de los ordenadores con la imprescindible participaci\u00f3n de los representantes de los funcionarios y que informe de ello a sus funcionarios. No basta con una referencia gen\u00e9rica al uso profesional de los equipos. Es imprescindible que el empleado conozca si el uso personal est\u00e1 permitido, en qu\u00e9 t\u00e9rminos y, sobre todo, si el ordenador puede ser objeto de controles y con qu\u00e9 alcance (finalidad del tratamiento). Cuando permita su uso para fines privados, debe especificarlo de forma precisa, estableciendo, por ejemplo, los per\u00edodos en que los dispositivos puedan utilizarse para estos fines. En ausencia de esa informaci\u00f3n, la jurisprudencia ha sido constante al reconocer que el funcionario mantiene una expectativa razonable de confidencialidad sobre los contenidos almacenados en su equipo.<\/p>\n\n\n\n

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En ausencia de esa informaci\u00f3n, la jurisprudencia ha sido constante al reconocer que el funcionario mantiene una expectativa razonable de confidencialidad sobre los contenidos almacenados en su equipo.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Aunque el precepto no se refiera expresamente a ello, es imprescindible la proporcionalidad del acceso en su triple contenido (necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto) y que la Administraci\u00f3n justifique por qu\u00e9 resulta necesario acceder al ordenador al no existir otros medios menos intrusivos para alcanzar el mismo objetivo. Nuestro ordenamiento jur\u00eddico no tolerar\u00eda un control indiscriminado de los ordenadores de sus funcionarios ni una copia masiva de todos sus archivos y carpetas, ni el acceso a datos sensibles ajenos a una investigaci\u00f3n concreta y leg\u00edtima. Ser\u00edan actuaciones excesivas, desproporcionadas e incompatibles con los derechos fundamentales.<\/p>\n\n\n\n

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Nuestro ordenamiento jur\u00eddico no tolerar\u00eda un control indiscriminado de los ordenadores de sus funcionarios ni una copia masiva de todos sus archivos y carpetas, ni el acceso a datos sensibles ajenos a una investigaci\u00f3n concreta y leg\u00edtima.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

En fin, el acceso de la Administraci\u00f3n a los ordenadores de sus funcionarios es jur\u00eddicamente posible, pero no es una potestad ilimitada. La informaci\u00f3n previa, la finalidad leg\u00edtima del tratamiento, la proporcionalidad en el acceso y el respeto a la expectativa razonable de privacidad deben ser los pilares sobre los que se construya la legitimidad de esta poderosa herramienta de control \u201cdigital\u201d del funcionario.<\/p>\n\n\n\n

Autor\/a: Josefa Cantero Mart\u00ednez<\/strong><\/p>\n\n\n\n

imagen: <\/em>\u00abiStock.com\/Nutthaseth Vanchaichana\/\u00bb<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La progresiva digitalizaci\u00f3n de las Administraciones p\u00fablicas ha convertido el ordenador en un instrumento absolutamente imprescindible para el ejercicio de las funciones p\u00fablicas. Contiene expedientes administrativos, comunicaciones internas y documentaci\u00f3n de trabajo, pero tambi\u00e9n, de forma habitual, informaci\u00f3n, documentos y datos de car\u00e1cter personal del funcionario, especialmente si la Administraci\u00f3n ha tolerado su uso para fines privados o no lo ha prohibido de manera expresa.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4646,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"Josefa Cantero Mart\u00ednez","cargo-autor":"Catedr\u00e1tica de Derecho Administrativo. 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