La legitimaci\u00f3n, entendida como la capacidad reconocida por el ordenamiento jur\u00eddico a una persona o entidad para ejercer un derecho o acci\u00f3n en un procedimiento, tiene especial repercusi\u00f3n en el r\u00e9gimen local con dos figuras propias, que ampl\u00edan el concepto de legitimaci\u00f3n activa y pasiva.<\/p>\n\n\n\n
La legitimaci\u00f3n activa se recoge en el art\u00edculo 19.1 de la Ley 29\/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso-Administrativa (en adelante, LJCA), si bien, dada su extensi\u00f3n, la letra a) reconoce legitimaci\u00f3n a las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas que ostenten derechos o intereses leg\u00edtimos. En particular, la letra e) la reconoce a las entidades locales \u201cpara impugnar los actos y disposiciones que afecten al \u00e1mbito de su autonom\u00eda, emanados de las Administraciones del Estado y de las Comunidades Aut\u00f3nomas, as\u00ed como los de Organismos p\u00fablicos con personalidad jur\u00eddica propia vinculados a una y otras o los de otras Entidades locales\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Este r\u00e9gimen se completa con la Ley 7\/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del R\u00e9gimen Local (en adelante, LRBRL), cuyo art\u00edculo 63.1 b) reconoce legitimaci\u00f3n activa a los concejales que hubieran votado contra los acuerdos adoptados en el seno de su corporaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
\nla Ley 7\/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del R\u00e9gimen Local<\/strong> reconoce legitimaci\u00f3n activa a los concejales que hubieran votado contra los acuerdos adoptados en el seno de su corporaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\nEn este sentido, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 210\/2009, de 26 de noviembre, estableci\u00f3: \u201c[\u2026] constatada la existencia de un inter\u00e9s concreto de la demandante respecto del objeto del proceso del que deriva este recurso de amparo [\u2026]<\/em> y no pudiendo existir duda alguna de que ese inter\u00e9s, por estar dirigido a la consecuci\u00f3n de un funcionamiento ajustado a Derecho de la corporaci\u00f3n local de la que forma parte, [\u2026] es un inter\u00e9s leg\u00edtimo, la conclusi\u00f3n no puede ser otra que la imposibilidad de compartir la soluci\u00f3n adoptada por la Sala en la Sentencia impugnada que, al negar legitimaci\u00f3n a la concejal demandante [\u2026] cerr\u00f3 el acceso a la jurisdicci\u00f3n de quien, por existir una expresa previsi\u00f3n legal que presupon\u00eda dicha legitimaci\u00f3n, ostentaba un inter\u00e9s concreto y leg\u00edtimo para impetrar en su defensa la tutela judicial efectiva\u201d.<\/em><\/em><\/p>\n\n\n\nLa mayor diferencia con el r\u00e9gimen general se contempla en el art\u00edculo 68 de la LRBRL, que faculta a los vecinos a ejercer judicialmente acciones en defensa de los bienes y derechos locales ante la inacci\u00f3n municipal.<\/p>\n\n\n\n
\nLa mayor diferencia con el r\u00e9gimen general se contempla en el art\u00edculo 68 de la LRBRL, que faculta a los vecinos a ejercer judicialmente acciones en defensa de los bienes y derechos locales ante la inacci\u00f3n municipal.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\nPara ello, es necesario un doble requisito: que el vecino que ejerza la acci\u00f3n goce de plenitud de derechos civiles y pol\u00edticos, y que dirija a la corporaci\u00f3n un requerimiento previo de ejercicio de acciones que no sea atendido por aquella en el plazo de treinta d\u00edas h\u00e1biles desde su registro.<\/p>\n\n\n\n
En consecuencia, esta posibilidad supone una especialidad propia de las entidades locales, permitiendo una mayor protecci\u00f3n de sus intereses, lo que, en caso de \u00e9xito, se traduce para el vecino en el reembolso de las costas procesales m\u00e1s la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios causados.<\/p>\n\n\n\n
No obstante, el Tribunal Supremo, interpretando esta cuesti\u00f3n, acoge el precepto en t\u00e9rminos literales y excluye su aplicaci\u00f3n a las acciones administrativas. As\u00ed, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, Secci\u00f3n 4, n.\u00ba 34\/1996, de 10 de enero, Recurso 4482\/1991, estableci\u00f3 que \u201cla sustituci\u00f3n procesal consecuencia del ejercicio de la acci\u00f3n vecinal a que se refiere el art\u00edculo 68,2 de la Ley B\u00e1sica de R\u00e9gimen Local se aplica al ejercicio de acciones civiles o de otra \u00edndole en defensa de los bienes y derechos de la Corporaci\u00f3n, pero es improcedente emplearla tramitando de forma privada un expediente administrativo frente a actos de la propia Corporaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, el aspecto m\u00e1s novedoso se centra en la legitimaci\u00f3n pasiva del art\u00edculo 21 LJCA, que con car\u00e1cter general considera como parte demandada:<\/p>\n\n\n\n
\u201ca) Las Administraciones p\u00fablicas o cualesquiera de los \u00f3rganos mencionados en el art\u00edculo 1.3 contra cuya actividad se dirija el recurso.<\/p>\n\n\n\n
b) Las personas o entidades cuyos derechos o intereses leg\u00edtimos pudieran quedar afectados por la estimaci\u00f3n de las pretensiones del demandante\u201d.<\/p>\n\n\n\n
El art\u00edculo 21.1 b) tiene un \u00e1mbito que ha sido ampliado jurisprudencialmente. En especial, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 11 de marzo de 2025 (recurso de casaci\u00f3n 1069\/2022), permite a los concejales personarse como codemandados en un recurso contencioso-administrativo contra su propio ayuntamiento.<\/p>\n\n\n\n
\nLa Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 11 de marzo de 2025 (recurso de casaci\u00f3n 1069\/2022), permite a los concejales personarse como codemandados en un recurso contencioso-administrativo contra su propio ayuntamiento.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\nRespecto de los hechos, el recurso fue promovido por dos empresas contra el Ayuntamiento de O Porri\u00f1o (Pontevedra) por impago de facturas de servicios mediante contratos adjudicados verbalmente sin observarse la normativa de contrataci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n
Un concejal de la oposici\u00f3n, dudando de su legalidad, y ante el riesgo de que el Ayuntamiento no designase representante procesal o se allanase en el proceso, se person\u00f3 como codemandado, reconoci\u00e9ndose su personaci\u00f3n por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.\u00ba 1 de Pontevedra.<\/p>\n\n\n\n
El Juzgado, en su Sentencia 20\/2021, de 1 de febrero, encuentra fundada su personaci\u00f3n \u201ccomo parte codemandada por entender que cumple los requisitos establecidos en el art\u00edculo 21.1.b) de la Ley Jurisdiccional 29\/1998, al ostentar un inter\u00e9s leg\u00edtimo. Es miembro de la Corporaci\u00f3n local demandada, concejal y portavoz del principal partido de la oposici\u00f3n. Resulta afectado por la pretensi\u00f3n de la parte actora, en el contexto de la labor fiscalizadora de la acci\u00f3n municipal de gobierno\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Esta sentencia fue recurrida en apelaci\u00f3n ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que en su Sentencia 444\/2021, de 12 de noviembre, rechaza la personaci\u00f3n del concejal por considerar que no ostenta la condici\u00f3n de parte, al no existir acuerdo de la corporaci\u00f3n que lo legitime.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, manifiesta que el ejercicio de las acciones judiciales en representaci\u00f3n y defensa de los intereses municipales, previsto en los art\u00edculos 21.1 k) y 22.2 j) LRBRL, corresponde en exclusiva al alcalde o pleno.<\/p>\n\n\n\n
En \u00faltimo t\u00e9rmino, razona que la labor de fiscalizaci\u00f3n pol\u00edtica de los concejales debe circunscribirse a los \u00f3rganos de gobierno, se\u00f1alando que esta jurisdicci\u00f3n solo conoce sobre cuestiones relativas al control de legalidad y no de oportunidad.<\/p>\n\n\n\n
A pesar de ello, el concejal presenta recurso de casaci\u00f3n ante el Tribunal Supremo, admitido a tr\u00e1mite por Auto de 15 de junio de 2023, identificando como cuesti\u00f3n de inter\u00e9s casacional \u201cla posibilidad de que los concejales puedan comparecer como codemandados en procedimientos de reclamaciones de cantidad dirigidos frente al Consistorio del que son miembros\u201d.<\/p>\n\n\n\n
El Alto Tribunal finalmente dict\u00f3 Sentencia reconociendo la legitimaci\u00f3n pasiva del concejal, bas\u00e1ndose en la Sentencia del Tribunal Constitucional 173\/2004, de 18 de octubre, que, referida a la legitimaci\u00f3n de los concejales, afirma lo siguiente:<\/p>\n\n\n\n
\u201cNo tendr\u00eda sentido admitir la legitimaci\u00f3n de ese miembro de una corporaci\u00f3n local, \u00fanicamente, cuando hubiera concurrido en sentido disidente a la formaci\u00f3n de la voluntad de un \u00f3rgano colegiado, para neg\u00e1rsela a quien no hubiera formado parte del \u00f3rgano por causas ajenas a su voluntad, o incluso por deliberado apartamiento de los representantes mayoritarios, y m\u00e1s a\u00fan cuando es id\u00e9ntico, en uno y otro caso, el inter\u00e9s en el correcto funcionamiento de la corporaci\u00f3n que subyace en el t\u00edtulo legitimador que ahora se examina\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Por tanto, esta legitimaci\u00f3n comprende intereses no patrimoniales; para ello, la Sentencia del Tribunal Constitucional 73\/2006, de 13 de marzo, define el inter\u00e9s como \u201cla titularidad potencial de una ventaja o de una utilidad jur\u00eddica, no necesariamente de contenido patrimonial, por parte de quien ejercita la pretensi\u00f3n, que se materializar\u00eda de prosperar \u00e9sta\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, el Tribunal Supremo critica la sentencia de segunda instancia por ser \u201cexcesivamente rigorista\u201d, puesto que no reconocer la legitimaci\u00f3n del concejal es contrario al derecho a la tutela judicial efectiva.<\/p>\n\n\n\n
Precisamente, invoca el art\u00edculo 140 de la Constituci\u00f3n, y lo relaciona con la participaci\u00f3n en los asuntos p\u00fablicos del art\u00edculo 23.1, reconoci\u00e9ndola cuando existen intereses p\u00fablicos en juego y una actuaci\u00f3n o inactividad municipal ajena al inter\u00e9s local.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed, el Tribunal Supremo interpreta el art\u00edculo 21.1 b) LJCA conforme al art\u00edculo 24 de la Constituci\u00f3n: \u201c[\u2026] los Concejales, en su condici\u00f3n de miembros electos que integran la Corporaci\u00f3n Local, est\u00e1n legitimados para personarse en un proceso contencioso-administrativo entablado contra el Ayuntamiento del que forman parte, cuando de la estimaci\u00f3n de las pretensiones deducidas puedan quedar afectados los derechos o intereses leg\u00edtimos del mismo\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Esta ampliaci\u00f3n del concepto de legitimaci\u00f3n pasiva representa un hito jurisprudencial en este orden, permitiendo que los concejales puedan ser codemandados junto con el Ayuntamiento del que forman parte, incluso sin necesidad de haber impugnado previamente el acuerdo recurrido si se ven afectados derechos o intereses leg\u00edtimos municipales, pudiendo participar como codemandados cuando ejerzan un cometido dirigido a la protecci\u00f3n del inter\u00e9s p\u00fablico y la buena gesti\u00f3n institucional.<\/p>\n\n\n\n
\nEsta ampliaci\u00f3n del concepto de legitimaci\u00f3n pasiva representa un hito jurisprudencial en este orden, permitiendo que los concejales puedan ser codemandados junto con el Ayuntamiento del que forman parte, incluso sin necesidad de haber impugnado previamente el acuerdo recurrido si se ven afectados derechos o intereses leg\u00edtimos municipales.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\nAutor\/a: Tom\u00e1s Antonio G\u00f3mez Saucedo<\/strong> <\/p>\n\n\n\nimagen: <\/em>\u00abiStock.com\/NanoStockk\/\u00bb<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"En el presente texto se explora la legitimaci\u00f3n activa y pasiva en el \u00e1mbito local, con especial referencia al papel de los concejales y vecinos en defensa de los intereses municipales, analizando c\u00f3mo la jurisprudencia ha ido configurando un sistema en aras de una mejor gesti\u00f3n local y un m\u00e1s f\u00e1cil acceso a la justicia.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4618,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"Tom\u00e1s Antonio G\u00f3mez Saucedo","cargo-autor":"Letrado de la Diputaci\u00f3n de C\u00f3rdoba","foto-autor":"4617"}},"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[194,94,245,111,243],"autor-post":[244],"class_list":["post-4616","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-gobernanza","tag-alcalde","tag-buena-administracion","tag-ciudadanos","tag-concejales","tag-jurisdiccion","autor-post-tomas-antonio-gomez-saucedo"],"yoast_head":"\n
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