{"id":4592,"date":"2025-12-10T07:30:00","date_gmt":"2025-12-10T06:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=4592"},"modified":"2025-12-10T08:34:53","modified_gmt":"2025-12-10T07:34:53","slug":"en-el-recurso-de-casacion-contencioso-administrativo-no-cabe-la-terminacion-transaccional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/en-el-recurso-de-casacion-contencioso-administrativo-no-cabe-la-terminacion-transaccional\/","title":{"rendered":"En el recurso de casaci\u00f3n contencioso-administrativo no cabe la terminaci\u00f3n transaccional"},"content":{"rendered":"\n

1. Antecedentes<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El origen del aludido ATS se sit\u00faa en el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por la mercantil ATLL Concesionaria de la Generalitat de Catalu\u00f1a, S. A., contra la liquidaci\u00f3n del contrato de gesti\u00f3n del servicio de abastecimiento de agua en alta en el sistema Ter-Llobregat, acordada por la Consejer\u00eda de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalu\u00f1a. El pleito fue resuelto en \u00fanica instancia por el Tribunal Superior de Justicia de Catalu\u00f1a en su sentencia n\u00fam. 4480\/2022, de 15 de diciembre (rec. n\u00fam. 231\/2019), en sentido estimatorio parcial. Contra este \u00faltimo pronunciamiento judicial se interpuso recurso de casaci\u00f3n por parte del ATLL, el cual fue admitido a tr\u00e1mite por el ATS de 18 de abril de 2024 (rec. n\u00fam. 2485\/2023), en el que apreci\u00f3 inter\u00e9s casacional objetivo para la formaci\u00f3n de la jurisprudencia en relaci\u00f3n con la cuesti\u00f3n siguiente:<\/p>\n\n\n\n

\u201cSi, cuando se liquida un contrato administrativo nulo, respecto el que se ha acordado la obligaci\u00f3n de continuar por tratarse de un servicio p\u00fablico en virtud del art\u00edculo 35.3 de la Ley de Contratos del Sector P\u00fablico de 2011 (actual art\u00edculo 42 de la Ley de Contratos del Sector P\u00fablico de 2017), la garant\u00eda definitiva constituida para el contrato, queda afecta a las responsabilidades que puedan derivarse del per\u00edodo de continuaci\u00f3n del servicio por razones de inter\u00e9s general, y si debe responder de los incumplimientos de las obligaciones establecidas en las medidas acordadas al efecto\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Estando pendiente de resoluci\u00f3n el aludido recurso de casaci\u00f3n, y al amparo del art. 77 LJCA, las partes alcanzaron un acuerdo de fecha 18 de marzo de 2025 en el que pactaron una indemnizaci\u00f3n al tanto alzado en concepto de ejecuci\u00f3n de la STSJ Cat. 4480\/2022, de 15 de diciembre, as\u00ed como en concepto de \u201ctransacci\u00f3n de todas las discrepancias derivadas de la liquidaci\u00f3n del contrato y del resto de recursos referidos a la finalizaci\u00f3n del servicio\u201d. Dicho acuerdo transaccional fue sometido a homologaci\u00f3n por parte del Tribunal Supremo, que la rechaz\u00f3 primero mediante providencia de 3 de abril de 2025 y, finalmente, en resoluci\u00f3n de los recursos de reposici\u00f3n planteados por las partes, mediante el ATS de 21 de mayo de 2025 que motiva este comentario.<\/p>\n\n\n\n

2. Argumentaci\u00f3n del Tribunal Supremo<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El Tribunal Supremo rechaza la homologaci\u00f3n del acuerdo logrado por las partes con base en la consideraci\u00f3n de que en la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa no es jur\u00eddicamente leg\u00edtima la transacci\u00f3n como modo de terminaci\u00f3n del proceso en la fase de recurso de casaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Son dos los argumentos que sirven de fundamento a la interpretaci\u00f3n del alto \u00f3rgano jurisdiccional. Por un lado, el silencio tanto de la LOPJ como de la LJCA acerca de la posibilidad de transacci\u00f3n inter partes<\/em> una vez interpuesto el recurso de casaci\u00f3n. Y, por otro, la funci\u00f3n eminentemente nomofil\u00e1ctica que la LJCA atribuye al recurso de casaci\u00f3n tras la reforma de su r\u00e9gimen jur\u00eddico operada por la disposici\u00f3n final tercera de la Ley Org\u00e1nica 7\/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Org\u00e1nica 6\/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.<\/p>\n\n\n\n

Por lo que se refiere a la falta de previsi\u00f3n normativa expresa que habilite la transacci\u00f3n tras la interposici\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, el Tribunal Supremo rechaza el planteamiento arg\u00fcido por las partes, seg\u00fan el cual en tanto que el apartado 3 del precitado precepto no limita los estadios procesales en los que cabe la solicitud de homologaci\u00f3n de eventuales acuerdos transaccionales, hay que entender que la transacci\u00f3n tambi\u00e9n es posible en sede de recurso de casaci\u00f3n. Frente a dicha lectura, el ATS comentado impone una interpretaci\u00f3n conjunta de los tres apartados del art. 77 LJCA, de la que colige que la falta de previsi\u00f3n expresa de la transacci\u00f3n como modo de terminaci\u00f3n anormal del recurso de casaci\u00f3n ha de entenderse como una prohibici\u00f3n legal de la misma. As\u00ed las cosas, el Tribunal Supremo se preocupa por precisar que el art. 77.3 LJCA no tiene por objeto delimitar los \u00e1mbitos procesales en que la transacci\u00f3n es leg\u00edtima, sino que \u201cse limita a se\u00f1alar cu\u00e1les son los criterios que debe tener en cuenta el \u00f3rgano judicial para dictar auto acordando la homologaci\u00f3n del acuerdo transaccional, como son que no sea manifiestamente contrario al ordenamiento jur\u00eddico, ni lesivo para el inter\u00e9s p\u00fablico ni de terceros\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El argumento que acaba de quedar apuntado sirve a su vez al ATS comentado para rechazar la transacci\u00f3n en la casaci\u00f3n contencioso-administrativa con base en la aplicaci\u00f3n supletoria del art. 19 LEC, en el que dicha posibilidad se contempla expresamente en relaci\u00f3n con la casaci\u00f3n civil sin perjuicio de su funci\u00f3n fundamentalmente nomofil\u00e1ctica, afirmada reiteradamente por la Sala Primera del Tribunal Supremo. La Sala Tercera zanja esta cuesti\u00f3n, recordando que no est\u00e1 vinculada por la jurisprudencia de la Sala de lo Civil, e insistiendo en que la ausencia de una previsi\u00f3n expresa al respecto en la LOPJ y en la LJCA impide admitir la transacci\u00f3n en la casaci\u00f3n contencioso-administrativa.<\/p>\n\n\n\n

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La Sala Tercera zanja esta cuesti\u00f3n, recordando que no est\u00e1 vinculada por la jurisprudencia de la Sala de lo Civil, e insistiendo en que la ausencia de una previsi\u00f3n expresa al respecto en la LOPJ y en la LJCA impide admitir la transacci\u00f3n en la casaci\u00f3n contencioso-administrativa.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

En cuanto al car\u00e1cter fundamentalmente nomofil\u00e1ctico del recurso de casaci\u00f3n contencioso-administrativo, recuerda que la reforma de su r\u00e9gimen jur\u00eddico articulada por la Ley Org\u00e1nica 7\/2015, de 21 de julio, le confiri\u00f3 una \u201cdecidida vocaci\u00f3n de erigirse como un instrumento procesal volcado en la labor hermen\u00e9utica del Derecho P\u00fablico, administrativo y tributario, con el objetivo de proporcionar certeza y seguridad jur\u00eddica en la aplicaci\u00f3n de este sector del Ordenamiento, siendo su cometido principal fijar la interpretaci\u00f3n de aquellas normas estatales o la que tenga por establecida o clara de las de la Uni\u00f3n Europea sobre las que, en el auto de admisi\u00f3n a tr\u00e1mite, se consider\u00f3 necesario el pronunciamiento del Tribunal Supremo (ius constitutionis<\/em>), para seguidamente, con base a esta interpretaci\u00f3n y conforme a las restantes normas que fueran aplicables, resolver las cuestiones y pretensiones deducidas en el proceso (ius litigatoris<\/em>)\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En definitiva, la idea fuerza que subyace en el razonamiento del Tribunal Supremo es que, en la medida en que la resoluci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n trasciende la soluci\u00f3n del pleito concreto para fijar una interpretaci\u00f3n jurisprudencial del derecho con alcance general, no cabe dejar su resoluci\u00f3n al pacto entre las partes, esto es, a la terminaci\u00f3n convencional.<\/p>\n\n\n\n

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La idea fuerza que subyace en el razonamiento del Tribunal Supremo es que, en la medida en que la resoluci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n trasciende la soluci\u00f3n del pleito concreto para fijar una interpretaci\u00f3n jurisprudencial del derecho con alcance general, no cabe dejar su resoluci\u00f3n al pacto entre las partes, esto es, a la terminaci\u00f3n convencional.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

3. La interpelaci\u00f3n al legislador para que considere si es o no conveniente admitir la terminaci\u00f3n transaccional en fase de casaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El ATS concluye con lo que a mi juicio permite ser interpretado como una declaraci\u00f3n de la imposibilidad jur\u00eddica del Tribunal para resolver en un sentido diverso del adoptado o, dicho de otro modo, un reconocimiento de que su rechazo a la transacci\u00f3n en la casaci\u00f3n tiene su origen en la falta de habilitaci\u00f3n legal expl\u00edcita por parte de la LOPJ y de la LJCA sobre el particular. En ese sentido, hace una suerte de llamamiento al legislador (org\u00e1nico y ordinario) para determinar la conveniencia o no de introducir la transacci\u00f3n en la casaci\u00f3n contencioso-administrativa, con arreglo a la Recomendaci\u00f3n (2001) 9 del Comit\u00e9 de Ministros del Consejo de Europa, de alternativas a los procesos entre autoridades administrativas y particulares, de 5 de septiembre de 2001.<\/p>\n\n\n\n

Interesa recordar que el aludido documento hace una recomendaci\u00f3n general a que los Gobiernos de los Estados miembros promuevan el uso de medios alternativos para la resoluci\u00f3n de controversias entre las autoridades administrativas y los particulares, mediante la incorporaci\u00f3n en su legislaci\u00f3n y en su pr\u00e1ctica de los principios de buena praxis contenidos en su anexo. Con base en dicha Recomendaci\u00f3n, el Tribunal Supremo apela al legislador espa\u00f1ol a que eval\u00fae la conveniencia o no de incorporar al ordenamiento jur\u00eddico patrio la posibilidad de poner fin al recurso de casaci\u00f3n contencioso-administrativo mediante acuerdo entre las partes y, en su caso, paute el alcance y la configuraci\u00f3n de los requisitos objetivos, subjetivos, temporales y formales exigibles para la homologaci\u00f3n del pacto alcanzado.<\/p>\n\n\n\n

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El Tribunal Supremo<\/strong> apela al legislador espa\u00f1ol a que eval\u00fae la conveniencia o no de incorporar al ordenamiento jur\u00eddico patrio la posibilidad de poner fin al recurso de casaci\u00f3n contencioso-administrativo mediante acuerdo entre las partes.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Autor\/a: Antonio Ezquerra Huerva<\/strong><\/p>\n\n\n\n

imagen: <\/em>\u00abiStock.com\/CHARTCHAI KANTHATHAN\/\u00bb<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El reciente ATS de 21 de mayo de 2025 (rec. n\u00fam. 2485\/2023) establece que, hall\u00e1ndose en tramitaci\u00f3n el recurso de casaci\u00f3n, no es posible la terminaci\u00f3n transaccional del litigio.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4594,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"Antonio Ezquerra Huerva","cargo-autor":"Catedr\u00e1tico de Derecho administrativo. 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