{"id":4582,"date":"2025-11-26T07:30:00","date_gmt":"2025-11-26T06:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=4582"},"modified":"2025-11-24T15:16:36","modified_gmt":"2025-11-24T14:16:36","slug":"transparencia-algoritmica-e-impulso-al-derecho-a-la-informacion-publica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/transparencia-algoritmica-e-impulso-al-derecho-a-la-informacion-publica\/","title":{"rendered":"Transparencia algor\u00edtmica e impulso al derecho a la informaci\u00f3n p\u00fablica"},"content":{"rendered":"\n<p>La Fundaci\u00f3n Ciudadana Civio solicit\u00f3 en 2018 al Ministerio para la Transici\u00f3n Ecol\u00f3gica (MITECO) el acceso al c\u00f3digo fuente de la aplicaci\u00f3n inform\u00e1tica BOSCO, que permite a los comercializadores comprobar que el solicitante del bono social de electricidad cumple los requisitos de consumidor vulnerable. Ante la negativa del MITECO, Civio recurri\u00f3 ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que estim\u00f3 parcialmente la reclamaci\u00f3n, concediendo acceso a especificaciones t\u00e9cnicas y pruebas realizadas con el algoritmo, pero deneg\u00f3 el acceso al c\u00f3digo fuente alegando razones de propiedad intelectual y seguridad.<\/p>\n\n\n\n<p>Acudi\u00f3 entonces Civio a la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa. Tanto el Juzgado como la Audiencia desestimaron sus recursos, pero en \u00faltima instancia el Tribunal Supremo ha admitido el inter\u00e9s casacional y ha revocado las sentencias previas. Reconoce, pues, el derecho de la Fundaci\u00f3n Civio de acceder al c\u00f3digo fuente de BOSCO, frente a los l\u00edmites de propiedad intelectual y seguridad p\u00fablica alegados (STS n.\u00ba 1119\/2025).\u00a0<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>La<\/strong> <strong>STS n.\u00ba 1119\/2025<\/strong> <strong>rebate la argumentaci\u00f3n de la Abogac\u00eda del Estado, que aleg\u00f3 motivos de seguridad p\u00fablica para denegar el acceso, afirmando lo contrario: que el acceso p\u00fablico puede redundar en una mejora sustancial de la seguridad del c\u00f3digo fuente.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Esta sentencia supone un fuerte apoyo para las pol\u00edticas de transparencia y acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica impulsadas por la mayor\u00eda de las Administraciones p\u00fablicas espa\u00f1olas y anheladas por muchos actores de la sociedad civil.&nbsp; No solo permite el acceso a una entidad sin \u00e1nimo de lucro al c\u00f3digo fuente de un algoritmo con el que se deciden ayudas sociales, sino que resalta el derecho constitucional de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica m\u00e1s all\u00e1 de su condici\u00f3n de principio rector, y ahonda en el equilibrio de intereses a tener en cuenta cuando se quieren aplicar los l\u00edmites de propiedad intelectual y de seguridad p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n<p>Aunque extenso, el texto es claro, estructurado y did\u00e1ctico. Tras hacer referencia a toda la jurisprudencia aplicable, va desgranando el funcionamiento del algoritmo al que se pretende acceder, para luego explicar claramente los motivos por los que se ha de permitir su acceso. Va incluso m\u00e1s all\u00e1 y rebate la argumentaci\u00f3n de la Abogac\u00eda del Estado, que aleg\u00f3 motivos de seguridad p\u00fablica para denegar el acceso, afirmando lo contrario: que el acceso p\u00fablico puede redundar en una mejora sustancial de la seguridad del c\u00f3digo fuente. Dice literalmente: \u201cque la transparencia sobre el mismo puede contribuir, en iguales t\u00e9rminos potenciales, a la mejora del c\u00f3digo y fortalecimiento de su seguridad puesto que, por un lado, incentiva a la Administraci\u00f3n a extremar las cautelas de seguridad en el propio dise\u00f1o y control del programa inform\u00e1tico y, por otro lado, su escrutinio por actores diversos e independientes permite aflorar vulnerabilidades inicialmente inadvertidas y posibilitar su correcci\u00f3n temprana\u201d (FJ Octavo 2).<\/p>\n\n\n\n<p>El sentido del acceso es sencillo y la llamada transparencia algor\u00edtmica queda perfectamente detallada. En una \u201cdemocracia digital\u201d (FJ Sexto A.2), las Administraciones p\u00fablicas han de explicitar de manera clara y comprensible los algoritmos que usan para tomar decisiones. El creciente uso de desarrollos tecnol\u00f3gicos en la gesti\u00f3n de servicios p\u00fablicos ha de venir acompa\u00f1ado de una mayor transparencia algor\u00edtmica, por la relevancia que los c\u00f3digos fuente suponen. Y en este punto destaca la relevancia que el texto otorga a la sociedad civil frente a las carencias de las estructuras institucionales tradicionales: \u201cno existen autoridades de supervisi\u00f3n independientes que garanticen el correcto funcionamiento de dichas aplicaciones telem\u00e1ticas [\u2026]\u201d (FJ S\u00e9ptimo 2), y valora el importante papel desempe\u00f1ado por la Fundaci\u00f3n Ciudadana Civio en todo el proceso.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>En una \u201cdemocracia digital\u201d (FJ Sexto A.2), las Administraciones p\u00fablicas han de explicitar de manera clara y comprensible los algoritmos que usan para tomar decisiones.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Consideran los magistrados que, cuando una aplicaci\u00f3n inform\u00e1tica automatiza decisiones que afectan a derechos fundamentales o sociales, como es el caso, es imprescindible que su funcionamiento sea transparente. Realmente \u2014explica el Supremo\u2014 el algoritmo traduce los preceptos legales a lenguaje inform\u00e1tico; por ello, es fundamental poder comprobar que, efectivamente, se est\u00e1n cumpliendo las disposiciones normativas con su aplicaci\u00f3n. M\u00e1xime cuando de su uso directo se deriva la decisi\u00f3n sobre la concesi\u00f3n de una ayuda. La ciudadan\u00eda y cualquier actor de la sociedad civil han de poder comprobar que no existen sesgos, que se aplican las normas tal y como est\u00e1n redactadas y que se cumplen los principios de igualdad, legalidad y no discriminaci\u00f3n. En este caso concreto del bono social de electricidad, se pone de manifiesto m\u00e1s esa necesidad cuando parece que, en un primer momento, el algoritmo cometi\u00f3 algunos fallos que luego se subsanaron, denegando ayudas a las personas viudas o solicitando el consentimiento informado a las familias numerosas cuando la norma no lo preve\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>Realmente \u2014explica el Supremo\u2014 el algoritmo traduce los preceptos legales a lenguaje inform\u00e1tico; por ello, es fundamental poder comprobar que, efectivamente, se est\u00e1n cumpliendo las disposiciones normativas con su aplicaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Otro aspecto que el texto aborda con contundencia es el abuso del l\u00edmite de la propiedad intelectual frente al derecho de acceso. Es frecuente que las Administraciones p\u00fablicas recurran, sin mayores explicaciones, al art\u00edculo 14.1.j) de la LTAIBG sobre la propiedad intelectual. La sentencia deja claro queeste precepto no puede suponer un escudo absoluto frente al derecho de acceso: \u201cdepender\u00e1 de la ponderaci\u00f3n de los intereses concurrentes y de que resulte justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protecci\u00f3n\u201d (FJ S\u00e9ptimo 2).Ese ejercicio deber\u00e1 realizarse en cada caso particular. En el que nos ocupa, adem\u00e1s, no se dirime un posible uso comercial, sino que la Administraci\u00f3n la emplea para prestar un servicio p\u00fablico. En su exposici\u00f3n, el Supremo se apoya en las nuevas argumentaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que cambi\u00f3 de criterio a lo largo de todo el proceso y, ahora s\u00ed, considera que la transparencia algor\u00edtmica entra dentro del derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s de las relevantes implicaciones de la sentencia en cuanto a la transparencia algor\u00edtmica, es de enorme inter\u00e9s el an\u00e1lisis que realiza sobre el derecho constitucional de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica. Aqu\u00ed la Sala es muy clara, confirma sus sentencias anteriores y busca apoyos en la normativa europea para delimitar este como un derecho subjetivo ejercitable ante los poderes p\u00fablicos. Exige que cualquier limitaci\u00f3n est\u00e9 siempre justificada, ponderada y argumentada, y niega la posibilidad de invocar l\u00edmites de manera gen\u00e9rica. Y vuelve a \u201celevar\u201d el derecho del art\u00edculo 105.b) de nuestra Carta Magna, al considerar que este derecho constitucional subjetivo \u201cpresenta una \u00edntima conexi\u00f3n con derechos fundamentales y libertades p\u00fablicas, en la medida que su ejercicio puede condicionar la plena efectividad de estos, como el derecho de participaci\u00f3n pol\u00edtica (art\u00edculo 23 de la CE), el derecho a la libertad de informaci\u00f3n (art\u00edculo 20 de la CE) y el derecho a la tutela judicial efectiva (art\u00edculo 24 de la CE)\u201d (FJ Sexto A.1) y, por lo tanto, detalla su ejercicio, que \u201ctrasciende a su condici\u00f3n de principio objetivo rector de la actuaci\u00f3n de las Administraciones p\u00fablicas, para constituir un derecho constitucional ejercitable, como derecho subjetivo, frente a las Administraciones p\u00fablicas, derivado de exigencias de democracia y transparencia, e inseparablemente unido al Estado democr\u00e1tico y de Derecho\u201d (FJ Sexto A.1).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>El Tribunal ha querido reforzar su interpretaci\u00f3n del derecho de acceso y su vinculaci\u00f3n con la libertad de expresi\u00f3n usando referencias clave de la normativa internacional. Destaca la menci\u00f3n del art\u00edculo 42 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Uni\u00f3n Europea, que reconoce el derecho de acceso a los documentos de las instituciones, \u00f3rganos y organismos de la Uni\u00f3n, cualquiera que sea su forma; y la relaci\u00f3n con la libertad de expresi\u00f3n que expresa el art\u00edculo 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, as\u00ed como uno de los requisitos que exige el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su jurisprudencia sobre el acceso.<\/p>\n\n\n\n<p>Esperemos que esta sentencia suponga el paso definitivo para que los poderes p\u00fablicos comprendan la relevancia de permitir el acceso a la toma de decisiones que afectan especialmente a derechos fundamentales o sociales a trav\u00e9s de algoritmos, y sigan en la senda de favorecer el ejercicio del derecho constitucional de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n<p>Autor\/a:&nbsp;<strong>\u00c1ngela P\u00e9rez Brunete<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><em>imagen: <\/em><a href=\"https:\/\/www.istockphoto.com\/es\/search\/2\/image?artistexact=Galeanu%20Mihai&amp;family=creative\">\u00abiStock.com\/Galeanu Mihai\/\u00bb<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Tribunal Supremo ha otorgado un fuerte apoyo a las pol\u00edticas de transparencia y acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica impulsadas por la mayor\u00eda de las Administraciones p\u00fablicas espa\u00f1olas y anheladas por muchos actores de la sociedad 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