{"id":4511,"date":"2025-10-01T07:30:00","date_gmt":"2025-10-01T05:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=4511"},"modified":"2025-09-26T10:13:29","modified_gmt":"2025-09-26T08:13:29","slug":"los-criterios-de-adjudicacion-con-arraigo-territorial-en-la-contratacion-publica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/los-criterios-de-adjudicacion-con-arraigo-territorial-en-la-contratacion-publica\/","title":{"rendered":"Los criterios de adjudicaci\u00f3n con arraigo territorial en la contrataci\u00f3n p\u00fablica"},"content":{"rendered":"\n<p>La Resoluci\u00f3n 910\/2025, de 19 de junio, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), retoma la problem\u00e1tica de los criterios de adjudicaci\u00f3n con arraigo territorial.<\/p>\n\n\n\n<p>Debe entenderse que se incurre en arraigo territorial cuando se estipula en los pliegos de contrataci\u00f3n una exigencia por la cual el licitador ha de disponer de establecimientos, delegaciones o sedes ubicados en un \u00e1mbito territorial determinado y pr\u00f3ximo al lugar de realizaci\u00f3n de las prestaciones objeto del contrato, o cuando dicha circunstancia se barema para la adjudicaci\u00f3n del contrato. El arraigo territorial puede configurarse, por tanto, bien como criterio de solvencia, compromiso de adscripci\u00f3n de medios materiales o condici\u00f3n de ejecuci\u00f3n, bien como criterio de adjudicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>El arraigo territorial puede configurarse, por tanto, bien como criterio de solvencia, compromiso de adscripci\u00f3n de medios materiales o condici\u00f3n de ejecuci\u00f3n, bien como criterio de adjudicaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>La raz\u00f3n de estas cl\u00e1usulas se halla, la mayor\u00eda de las veces, en la voluntad de establecer un mayor control de la ejecuci\u00f3n del contrato o en favorecer a las empresas o trabajadores locales. Sin embargo, la Comisi\u00f3n Nacional de los Mercados y la Competencia alerta sobre los riesgos inherentes a las cl\u00e1usulas de arraigo territorial, en la medida en que desbordan las garant\u00edas de unidad de mercado; de ah\u00ed que la doctrina administrativa y la jurisprudencia hayan sido remisas en su admisi\u00f3n, fundamentalmente, como requisito de solvencia o como criterio de adjudicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>La Comisi\u00f3n Nacional de los Mercados y la Competencia alerta sobre los riesgos inherentes a las cl\u00e1usulas de arraigo territorial, en la medida en que desbordan las garant\u00edas de unidad de mercado<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>La precitada Resoluci\u00f3n 910\/2025 recuerda que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea viene considerando que estas cl\u00e1usulas de arraigo territorial no deben considerarse discriminatorias de forma autom\u00e1tica, sino que debe valorarse su vinculaci\u00f3n al objeto del contrato, y nos muestra cuatro par\u00e1metros que deben ponderarse para decidir sobre su admisi\u00f3n: que se apliquen de manera no discriminatoria; que est\u00e9n justificadas por razones imperiosas de inter\u00e9s general; que sean adecuadas para garantizar la realizaci\u00f3n del objetivo que persiguen; y que no vayan m\u00e1s all\u00e1 de lo necesario para alcanzar dicho objetivo. Se cita igualmente el Informe<em> <\/em>9\/2009, de 31 de marzo, de la Junta Consultiva de Contrataci\u00f3n Administrativa del Estado, seg\u00fan el cual \u201cel origen, domicilio social o cualquier otro indicio de arraigo territorial de una empresa no puede ser considerado como condici\u00f3n de aptitud para contratar con el sector p\u00fablico, circunstancias que igualmente no pueden ser utilizadas como criterio de valoraci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Bajo dicha estela, el TACRC ha validado la exigencia de \u201cdelegaciones de zona\u201d, pero como compromiso de adscripci\u00f3n de medios a incluir en el pliego de cl\u00e1usulas administrativas particulares, o como condici\u00f3n de ejecuci\u00f3n del contrato en el pliego de prescripciones t\u00e9cnicas, enfatizando adem\u00e1s la intrascendencia del t\u00edtulo jur\u00eddico de disposici\u00f3n; aunque \u2014matiza la Resoluci\u00f3n 910\/2023, de 6 de julio\u2014 siempre que su imposici\u00f3n no sea contraria a los principios de concurrencia e igualdad ni al de proporcionalidad, y que la acreditaci\u00f3n de la posesi\u00f3n del medio material solo se exija al que se haya propuesto como adjudicatario.<\/p>\n\n\n\n<p>En el Tribunal Administrativo de Contrataci\u00f3n P\u00fablica de la Comunidad de Madrid anida una doctrina an\u00e1loga, sirviendo de muestra su Resoluci\u00f3n 109\/2024, de 14 de marzo, que proscribe las cl\u00e1usulas de arraigo territorial que se apliquen como criterios de solvencia o criterios de valoraci\u00f3n de las ofertas:\u201cse sanciona que el arraigo territorial coloque a unos licitadores en una posici\u00f3n de ventaja sobre otros, ya sea como criterio de solvencia para concurrir a la licitaci\u00f3n, ya sea por colocarles en una posici\u00f3n de ventaja al obtener de salida una mayor puntuaci\u00f3n que los licitadores que no encuentren ubicados en el territorio se\u00f1alado por los Pliegos\u201d;aunqueprecisaque no deben considerarse discriminatorias de forma autom\u00e1tica, sino que debe valorarse su vinculaci\u00f3n al objeto del contrato.<\/p>\n\n\n\n<p>M\u00e1s restrictivo se alza el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andaluc\u00eda, en su Resoluci\u00f3n de 27 de noviembre de 2024. Se razona que los criterios de arraigo territorial no pueden ser tenidos en cuenta ni como requisitos de solvencia ni como criterios de adjudicaci\u00f3n, pues ello resulta contrario a derecho y, en tanto que son discriminatorios y contrarios al principio de igualdad, vician de nulidad las cl\u00e1usulas que los permitan, salvo que los mismos est\u00e9n justificados por razones imperiosas de inter\u00e9s general.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo cierto es que, a pesar de que la regla general \u2014la proscripci\u00f3n del arraigo territorial como criterio de solvencia o de adjudicaci\u00f3n\u2014 admite ciertas excepciones, la casu\u00edstica demuestra que prevalece mayoritariamente el principio de igualdad y no discriminaci\u00f3n entre los licitadores y la defensa de la unidad de mercado, volviendo yermas las referidas excepciones.<\/p>\n\n\n\n<p>Habr\u00e1 que atender, empero, a la evoluci\u00f3n de esta doctrina a la luz de los nuevos planteamientos derivados de la Econom\u00eda Circular, en cuanto abrigan postulados como la promoci\u00f3n de la compra y contrataci\u00f3n de productos, materiales y servicios de proximidad como sistema de reducci\u00f3n de emisiones de gases de efecto invernadero inherentes al transporte, as\u00ed como el apoyo a los productores locales, circunstancias a las que pudiera reconocerse un inter\u00e9s general que justifique el arraigo territorial en la solvencia o criterios de adjudicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>Habr\u00e1 que atender, empero, a la evoluci\u00f3n de esta doctrina a la luz de los nuevos planteamientos derivados de la Econom\u00eda Circular, en cuanto abrigan postulados como la promoci\u00f3n de la compra y contrataci\u00f3n de productos, materiales y servicios de proximidad como sistema de reducci\u00f3n de emisiones de gases de efecto invernadero inherentes al transporte, as\u00ed como el apoyo a los productores locales, circunstancias a las que pudiera reconocerse un inter\u00e9s general que justifique el arraigo territorial en la solvencia o criterios de adjudicaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>En esta sinton\u00eda, cobra inter\u00e9s destacar la excepci\u00f3n que, en materia de residuos, ya se ha reconocido en la Sentencia 1447\/2021, de 9 de diciembre, del Tribunal Supremo, como consecuencia del principio de autosuficiencia y proximidad que inspira aquella regulaci\u00f3n. La controversia de origen versaba sobre la conformidad a derecho de la adjudicaci\u00f3n del contrato de servicios de recogida, transporte y eliminaci\u00f3n de desechos hospitalarios, al existir un criterio de adjudicaci\u00f3n que favorec\u00eda a las empresas prestadoras de dichos servicios que estaban establecidas en la comunidad aut\u00f3noma, en la medida en que se otorgaba determinada puntuaci\u00f3n a las empresas que contaran con una planta de gesti\u00f3n de residuos pr\u00f3xima a las capitales de las provincias.<\/p>\n\n\n\n<p>La sentencia analiza, en primer lugar, la normativa de residuos, sobre los cimientos de la Directiva 2008\/98\/CE, de 19 de noviembre de 2008, cuyo art\u00edculo 16 establece como principios relevantes en la gesti\u00f3n de residuos los de autosuficiencia y proximidad, que se incorporan igualmente en la primigenia Ley 22\/2011, de 28 de julio, de Residuos, interpretado por la Sentencia 216\/2017, de 9 de febrero, del Tribunal Supremo en el sentido de que los flujos de determinadas categor\u00edas de residuos \u201cdeber\u00e1n necesariamente eliminarse o valorizarse, seg\u00fan sea el caso, en el territorio de la comunidad aut\u00f3noma donde se generen, siempre que existan instalaciones habilitadas para ello. Y si no fuera as\u00ed, en aquellas instalaciones existentes en otras comunidades aut\u00f3nomas que geogr\u00e1ficamente se encuentren m\u00e1s pr\u00f3ximas al lugar de generaci\u00f3n de los residuos\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>En la adecuada conciliaci\u00f3n de dichos principios de autosuficiencia y proximidad con los de igualdad y no discriminaci\u00f3n en la contrataci\u00f3n p\u00fablica, el Tribunal Supremo otorga prevalencia a la normativa de residuos, porque considera que existe una raz\u00f3n de inter\u00e9s general para priorizar el criterio de proximidad, de manera que se fija como doctrina jurisprudencial que \u201cla utilizaci\u00f3n de un criterio de baremaci\u00f3n en un proceso de adjudicaci\u00f3n contractual de servicios de recogida, transporte y eliminaci\u00f3n de desechos hospitalarios que punt\u00faa, y por lo tanto prima, la cercan\u00eda de una instalaci\u00f3n respecto del lugar donde se genera el residuo, no puede considerarse contrario al derecho comunitario. Antes, al contrario, queda amparado por el principio de proximidad recogido en la normativa de la Uni\u00f3n, tal y como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea, y en la normativa nacional, sin que se aprecie vulneraci\u00f3n del principio de igualdad y no discriminaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Autor\/a:&nbsp;<strong>Fernando Luque Regueiro<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><em>imagen: <\/em><a href=\"https:\/\/www.istockphoto.com\/es\/portfolio\/greenleaf123?mediatype=photography\">\u00abiStock.com\/greenleaf123\/\u00bb<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La tradicional prohibici\u00f3n de los criterios de adjudicaci\u00f3n con arraigo territorial se ha diluido en materia de residuos y muy probablemente se flexibilice tambi\u00e9n con ocasi\u00f3n de los novedosos postulados de la Econom\u00eda 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