La vigente Ley 9\/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P\u00fablico (LCSP) ha supuesto un cambio muy significativo en el tratamiento de las caracter\u00edsticas medioambientales en el seno de la contrataci\u00f3n p\u00fablica. Hasta entonces solo pod\u00edan emplearse como criterios de solvencia, mientras que, con el actual r\u00e9gimen contractual, pueden erigirse en criterios de adjudicaci\u00f3n, bajo ciertos requisitos.<\/p>\n\n\n\n
La reciente Resoluci\u00f3n 114\/2025, de 21 de marzo, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andaluc\u00eda, nos recuerda esta circunstancia, aludiendo a una primera doctrina que vedaba la posibilidad de reconducir como criterios de adjudicaci\u00f3n la aportaci\u00f3n de certificados de calidad o de gesti\u00f3n medioambiental. Se remeda as\u00ed la Resoluci\u00f3n 105\/2015, de 17 de marzo, del mismo tribunal, que propel\u00eda esos iniciales postulados, en concordancia con lo que se ven\u00eda sustentando en otros tribunales administrativos.<\/p>\n\n\n\n
Como decimos, el panorama ha mudado, anunci\u00e1ndose as\u00ed en el pre\u00e1mbulo de la LCSP, advirtiendo la obligaci\u00f3n que pesa sobre los \u00f3rganos de contrataci\u00f3n de velar en el dise\u00f1o de los criterios de adjudicaci\u00f3n, en el sentido de permitir obtener obras, suministros y servicios mediante la inclusi\u00f3n de aspectos cualitativos medioambientales. Esta medida se acompa\u00f1a de otra, relativa a la necesidad de establecer en el pliego una de las condiciones especiales de ejecuci\u00f3n que se listan en el art\u00edculo 202 de la LCSP, entre las que se hallan las de tipo medioambiental.<\/p>\n\n\n\n
La importancia de estas caracter\u00edsticas ambientales es tal que se lleva al primer precepto de la LCSP, dedicado a su objeto y finalidad, de suerte que la denominada contrataci\u00f3n estrat\u00e9gica pasa por incorporar, de manera trasversal y preceptiva, criterios medioambientales (tambi\u00e9n sociales), \u201cen la convicci\u00f3n de que su inclusi\u00f3n proporciona una mejor relaci\u00f3n calidad-precio en la prestaci\u00f3n contractual\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Todo ello tiene su reflejo principal en el art\u00edculo 145.2 de la LCSP, en el entendido de que los criterios cualitativos establecidos por el \u00f3rgano de contrataci\u00f3n para evaluar la mejor relaci\u00f3n calidad-precio pueden albergar aspectos medioambientales, especificando despu\u00e9s que estos podr\u00e1n referirse \u2014relaci\u00f3n numerus apertus<\/em>\u2014 a la reducci\u00f3n del nivel de emisi\u00f3n de gases de efecto invernadero; al empleo de medidas de ahorro y eficiencia energ\u00e9tica y a la utilizaci\u00f3n de energ\u00eda procedente de fuentes renovables; o al mantenimiento o mejora de los recursos naturales que puedan verse afectados por la ejecuci\u00f3n del contrato.<\/p>\n\n\n\n En cualquier caso, debe anidar una vinculaci\u00f3n del aspecto medioambiental incorporado con el objeto contractual, no solo por la imposici\u00f3n general del art\u00edculo 145.5, sino por las espec\u00edficas exigencias rese\u00f1adas en los art\u00edculos 145.2 y 1.3, todos de la LCSP.<\/p>\n\n\n\n El art\u00edculo 145.6 vindica, por su parte, que un criterio de adjudicaci\u00f3n est\u00e1 vinculado al objeto del contrato cuando se refiera o integre las prestaciones que deban realizarse en virtud de dicho contrato, en cualquiera de sus aspectos y en cualquier etapa de su ciclo de vida. Ha de recordarse en este punto el considerando 97 de la Directiva 2014\/24\/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contrataci\u00f3n p\u00fablica, en cuanto nos alecciona sobre el requisito de la vinculaci\u00f3n con el objeto contractual que \u201cexcluye los criterios y condiciones relativos a la pol\u00edtica general de responsabilidad corporativa [\u2026] En consecuencia, los poderes adjudicadores no pueden estar autorizados a exigir a los licitadores que tengan establecida una determinada pol\u00edtica de responsabilidad social o medioambiental de la empresa\u201d.<\/p>\n\n\n\n Dicho acervo normativo hizo reaccionar al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en su Resoluci\u00f3n 786\/2019, de 11 de julio, que cambi\u00f3 las tornas de su propia doctrina, admitiendo, por primera vez, la configuraci\u00f3n de los criterios de adjudicaci\u00f3n medioambientales. Desde esta inicial Resoluci\u00f3n se pone de manifiesto la perentoriedad de la vinculaci\u00f3n con el objeto del contrato. Debe exigirse que el aspecto medioambiental incorporado como criterio de adjudicaci\u00f3n tenga repercusi\u00f3n en el resultado de la concreta prestaci\u00f3n solicitada, permitiendo una evaluaci\u00f3n comparativa de las ofertas respecto de su calidad intr\u00ednseca.<\/p>\n\n\n\n Debe exigirse que el aspecto medioambiental incorporado como criterio de adjudicaci\u00f3n tenga repercusi\u00f3n en el resultado de la concreta prestaci\u00f3n solicitada, permitiendo una evaluaci\u00f3n comparativa de las ofertas respecto de su calidad intr\u00ednseca.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n De este modo, los certificados de calidad y gesti\u00f3n ambiental pueden constituirse en criterios de adjudicaci\u00f3n, siempre que guarden una directa relaci\u00f3n con el objeto y caracter\u00edsticas propias del contrato, pues, en caso contrario, deber\u00e1n ser configurados como requisito de solvencia t\u00e9cnica.<\/p>\n\n\n\n En dicho contexto debemos comprender las previsiones de la Ley 7\/2021, de 20 de mayo, de Cambio Clim\u00e1tico y Transici\u00f3n Energ\u00e9tica, que incluye diversas medidas en materia de contrataci\u00f3n del sector p\u00fablico estatal, como la inclusi\u00f3n en los pliegos de criterios de adjudicaci\u00f3n vinculados con la lucha contra el cambio clim\u00e1tico (art\u00edculo 31).<\/p>\n\n\n\n Resulta esencial distinguir cu\u00e1ndo la caracter\u00edstica medioambiental puede actuar como criterio de adjudicaci\u00f3n y cu\u00e1ndo debe ser relegada al \u00e1mbito de la solvencia, resultando muy ilustrativa la Resoluci\u00f3n 103\/2022, de 15 de junio, del \u00d3rgano Administrativo de Recursos Contractuales del Pa\u00eds Vasco, seg\u00fan la cual ha de diferenciarse lo que constituye una caracter\u00edstica subjetiva, que afecta a la capacidad de la empresa licitadora, de lo que es un criterio de adjudicaci\u00f3n que afecta al objeto del contrato.<\/p>\n\n\n\n Algunos tribunales administrativos consideraron que, con car\u00e1cter general, los certificados de calidad y de gesti\u00f3n ambiental conciernen a la solvencia (art\u00edculos 93 y 94 de la LCSP), pero ello no enerva la posibilidad de su configuraci\u00f3n como criterios de adjudicaci\u00f3n. Lo principal es que la implementaci\u00f3n de los certificados que acrediten determinados est\u00e1ndares de calidad y gesti\u00f3n medioambiental pudiera llegar a tener incidencia en el resultado de las prestaciones objeto del contrato, siendo imprescindible, por tanto, estar al caso concreto, esto es, al contenido material de los certificados evaluables, a fin de que quede acreditada la vinculaci\u00f3n con el objeto del contrato de tales criterios, en el sentido de que permitan una evaluaci\u00f3n comparativa de las ofertas, redunden en una mejor ejecuci\u00f3n de la prestaci\u00f3n y pueda deducirse un mayor valor medioambiental en una determinada oferta que re\u00fana dicho requisito. Es decir, que con la oferta puedan sobresalir esos valores medioambientales.<\/p>\n\n\n\n Se revela especialmente descollante la motivaci\u00f3n de tales circunstancias en el expediente, lo que se anuda al refuerzo de las obligaciones de publicidad activa que imprime la LCSP.<\/p>\n\n\n\n Abunda la Resoluci\u00f3n 519\/2025, de 4 de abril, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en la necesidad de justificar y concretar en cada contrato c\u00f3mo incide la aplicaci\u00f3n de los certificados de calidad medioambiental en el objeto del contrato y de qu\u00e9 manera incide directamente en una mejora en la calidad de la prestaci\u00f3n del servicio.<\/p>\n\n\n\n\n
\n