{"id":4401,"date":"2025-07-30T07:30:00","date_gmt":"2025-07-30T05:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=4401"},"modified":"2025-07-02T09:44:34","modified_gmt":"2025-07-02T07:44:34","slug":"la-nulidad-de-disposiciones-generales-locales-no-implica-la-de-los-actos-administrativos-derivados-de-aquellas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/la-nulidad-de-disposiciones-generales-locales-no-implica-la-de-los-actos-administrativos-derivados-de-aquellas\/","title":{"rendered":"La nulidad de disposiciones generales locales no implica la de los actos administrativos derivados de aquellas"},"content":{"rendered":"\n

Son varias las razones que justifican la anterior afirmaci\u00f3n, todas ellas evidentes por la comparaci\u00f3n entre el apartado 1 y el apartado 2 del art\u00edculo 47 de la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas (en adelante, LPAC), junto a lo dispuesto en el art\u00edculo 48 LPAC.<\/p>\n\n\n\n

\n

El art\u00edculo 47.1 LPAC recoge los supuestos de nulidad que afectan a los actos administrativos, en diversas letras cuya interpretaci\u00f3n ha de hacerse de forma restrictiva.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

As\u00ed, el art\u00edculo 47.1 LPAC recoge los supuestos de nulidad que afectan a los actos administrativos, en diversas letras cuya interpretaci\u00f3n ha de hacerse de forma restrictiva, porque de lo que se trata es de limitar el principio de autotutela de las Administraciones p\u00fablicas para la expulsi\u00f3n de actos declarativos de derechos sin necesidad de acudir, en principio, a los tribunales. Por ello, la regla general de ineficacia de los actos administrativos resulta ser la anulabilidad, conforme se desprende del art\u00edculo 48.1 LPAC. Es m\u00e1s, de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del art\u00edculo 48 se deriva el principio general de validez de los actos administrativos que incurran en defectos formales o que hayan sido dictados fuera de plazo.<\/p>\n\n\n\n

\n

Del art\u00edculo 48 se deriva el<\/strong> principio general de validez de los actos administrativos que incurran en defectos formales o que hayan sido dictados fuera de plazo.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Tales alternativas no existen en el caso de las disposiciones administrativas en las que la nulidad es el \u00fanico tipo de ineficacia previsto para aquellas que \u201c[\u2026] vulneren la Constituci\u00f3n, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\n

Tales alternativas no existen en el caso de las disposiciones administrativas en las que la nulidad es el \u00fanico tipo de ineficacia previsto.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Se comprueba as\u00ed que la nulidad de las disposiciones administrativas se fundamenta en un principio de jerarqu\u00eda normativa no extrapolable al acto que, por no ser norma, \u00fanicamente podr\u00e1 \u201cjerarquizarse\u201d entre sus iguales por naturaleza, es decir, respecto de otros actos, en funci\u00f3n de la autoridad de la que estos dimanan. Este punto de discontinuidad entre la jerarqu\u00eda de actos y la de reglamentos administrativos est\u00e1 positivamente reflejado en el principio de \u201cinderogabilidad singular de los reglamentos\u201d previsto en el art\u00edculo 37.1 de la LPAC.<\/p>\n\n\n\n

En segundo lugar, debe recordarse que la declaraci\u00f3n judicial de nulidad de una disposici\u00f3n general no impide mantener la validez de los actos administrativos dictados en su ejecuci\u00f3n, cuando estos han adquirido la condici\u00f3n de firmes, si bien ahora con el matiz de que tal firmeza se derive, en el caso de procedimientos distintos al penal o al administrativo sancionador, del efecto de cosa juzgada material y no constituya simplemente firmeza administrativa (STC 108\/2022, de 26 de septiembre).<\/p>\n\n\n\n

\n

La declaraci\u00f3n judicial de nulidad de una disposici\u00f3n general no impide mantener la validez de los actos administrativos dictados en su ejecuci\u00f3n, cuando estos han adquirido la condici\u00f3n de firmes, si bien ahora con el matiz de que tal firmeza se derive del efecto de cosa juzgada material y no constituya simplemente firmeza administrativa.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Ilustraremos esta afirmaci\u00f3n con un par de ejemplos tomados de dict\u00e1menes aprobados por el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.<\/p>\n\n\n\n

A) EL DICTAMEN 151\/2023, DE 25 DE MAYO<\/p>\n\n\n\n

En este dictamen se sometieron a revisi\u00f3n de oficio, por parte de un ayuntamiento, un precepto reglamentario y un acto administrativo.<\/p>\n\n\n\n

El precepto reglamentario se inclu\u00eda en el Acuerdo Marco de su personal funcionario, aprobado por el Pleno de la Corporaci\u00f3n, previa negociaci\u00f3n con los representantes del personal, y publicado en el BOP. En dicho precepto se permit\u00eda a los funcionarios con una antig\u00fcedad m\u00ednima de veinte a\u00f1os de servicios, y sesenta de edad cumplidos a la entrada en vigor del Acuerdo, optar por la jubilaci\u00f3n voluntaria anticipada con diferentes compensaciones econ\u00f3micas, dependiendo de que esta decisi\u00f3n fuera tomada al cumplir los 60 a\u00f1os o, sucesivamente, hasta cumplir los 64, a la vista de que los 65 a\u00f1os se establec\u00edan como edad de jubilaci\u00f3n forzosa. <\/p>\n\n\n\n

Respecto de esta disposici\u00f3n general, el Consejo no tuvo ning\u00fan problema en declararla incursa en el vicio de nulidad contemplado en el art\u00edculo 47.2 de la LPAC, considerando no ajustadas a derecho disposiciones retributivas carentes de apoyo legal.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, cuando se tuvo que enfrentar al acto administrativo emitido por su Junta de Gobierno Local, mediante el cual se otorg\u00f3 la compensaci\u00f3n econ\u00f3mica a la beneficiaria por jubilaci\u00f3n anticipada, neg\u00f3 la concurrencia de la causa de nulidad invocada que el Ayuntamiento pretendi\u00f3 sustentar en el art\u00edculo 47.1 f) LPAC, conforme al cual son nulos de pleno derecho los actos \u201c[\u2026] dictados expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jur\u00eddico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisici\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En efecto, la interpretaci\u00f3n estricta de esta causa de nulidad se encuentra ligada a la ausencia de \u201cpresupuestos de hecho\u201d que han de concurrir necesariamente porque, de lo contrario, si cualquier \u201cilicitud\u201d tuviera que fundamentar la causa, estar\u00edamos emborronando las diferencias entre nulidad\/anulabilidad. Dicho de otra manera, para apreciar la concurrencia de esta causa era necesario que legalmente estuviera prevista una indemnizaci\u00f3n por jubilaci\u00f3n anticipada. Por no ser as\u00ed, no cab\u00eda de ning\u00fan modo adquirir derecho o facultad alguna, y, por lo tanto, resultaba incongruente decidir acerca de la concurrencia de los requisitos subjetivos, esenciales o no, que podr\u00edan haberlos legitimado.<\/p>\n\n\n\n

B) EL DICTAMEN 171\/2023, DE 29 DE JUNIO<\/p>\n\n\n\n

En este caso se someti\u00f3 a dictamen del Consejo Consultivo el expediente de revisi\u00f3n de oficio de todas las subvenciones otorgadas por una diputaci\u00f3n provincial, tanto en r\u00e9gimen de concurrencia competitiva como de adjudicaci\u00f3n directa, durante los a\u00f1os 2014 a 2017 por la causa com\u00fan de no estar soportadas en ning\u00fan caso por el preceptivo Plan Estrat\u00e9gico de Subvenciones (en adelante, PES), formalidad previa y de observancia obligada en virtud de lo dispuesto en los art\u00edculos 8.1 y 36.1 a) de la Ley 38\/2023, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, LGS).<\/p>\n\n\n\n

Se alega para justificar la causa de nulidad que el Tribunal Supremo ya hab\u00eda declarado en sentencia, de fecha 28 de enero de 2013 (RJ 2013\/1372), resolviendo recurso de casaci\u00f3n contra la sentencia de 14 de diciembre de 2011, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Pa\u00eds Vasco, Secci\u00f3n Primera, que la ausencia del mencionado plan determinaba la nulidad de las subvenciones concedidas. E id\u00e9ntica doctrina se derivar\u00eda de la STS de 13 de diciembre de 2022 (RJ 2021\/4683). En consecuencia, la Secretar\u00eda de la Diputaci\u00f3n identific\u00f3 dos posibles causas de nulidad concurrentes en los actos de concesi\u00f3n, amparados en las letras e) y g) del art\u00edculo 47.1 de la LPAC.<\/p>\n\n\n\n

Al analizar el fondo, el Consejo, en primer lugar, llama la atenci\u00f3n sobre el hecho de que las declaraciones judiciales de nulidad de las sentencias invocadas tuvieron como objeto un reglamento municipal y una ordenanza municipal, respectivamente, y que, por lo tanto, al ser ambos t\u00edpicas manifestaciones de la potestad normativa local, el \u00f3rgano jurisdiccional no ten\u00eda otra alternativa para calificar la ineficacia.<\/p>\n\n\n\n

Esta declaraci\u00f3n de nulidad, sin embargo, no pod\u00eda transmitirse a las subvenciones concedidas, puesto que ninguna de las posibles causas de nulidad invocadas, interpretadas restrictivamente, resultaba aplicable.<\/p>\n\n\n\n

En el caso del art\u00edculo 47.1 e) de la LPAC, la ausencia de PES no puede, en ning\u00fan caso, relacionarse con el incumplimiento de tr\u00e1mites formales del procedimiento de concesi\u00f3n de subvenciones, sino, en todo caso, de un presupuesto de aquel.<\/p>\n\n\n\n

Pero es que tampoco proced\u00eda considerar como causa de nulidad aplicable la prevista en el art\u00edculo 47.1 g) de la LPAC, pues para ello resultaba imprescindible adem\u00e1s que dicho incumplimiento estuviera declarado taxativamente por una ley como supuesto de nulidad (lo que no sucede con el art\u00edculo 8 de la LGS). Podr\u00eda haberse invocado, por ejemplo, en caso de inexistencia de cr\u00e9dito, cuya nulidad est\u00e1 expresamente prevista por el art. 36.1 b) de la LGS.<\/p>\n\n\n\n

Autor\/a: Carlos M.\u00aa Rodr\u00edguez S\u00e1nchez<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

imagen: <\/em>\u00abiStock.com\/Cameravit\/\u00bb<\/a><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

A veces, los \u00f3rganos consultivos auton\u00f3micos recibimos solicitudes de entidades locales interesando la revisi\u00f3n de oficio de actos administrativos, en virtud de la previa declaraci\u00f3n jurisprudencial de nulidad de las disposiciones generales que sirvieron a aquellos actos de apoyo normativo. En estos casos, sin embargo, la declaraci\u00f3n de nulidad del precepto no implica necesariamente la nulidad del acto derivado de aquel, que, incluso, podr\u00eda resultar inatacable.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4403,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"Carlos M.\u00aa Rodr\u00edguez S\u00e1nchez","cargo-autor":"Doctor en Derecho. 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