{"id":4378,"date":"2026-01-28T07:30:00","date_gmt":"2026-01-28T06:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=4378"},"modified":"2025-12-19T09:30:03","modified_gmt":"2025-12-19T08:30:03","slug":"la-motivacion-de-los-proyectos-normativos-de-caracter-reglamentario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/la-motivacion-de-los-proyectos-normativos-de-caracter-reglamentario\/","title":{"rendered":"La motivaci\u00f3n de los proyectos normativos de car\u00e1cter reglamentario"},"content":{"rendered":"\n

A la exigencia de motivaci\u00f3n suficiente del ejercicio de la potestad reglamentaria no se refiere de forma expresa el t\u00edtulo VI de la Ley del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de 2015, ni tampoco el art\u00edculo 49 de la Ley Reguladora de las Bases del R\u00e9gimen Local. Por su parte, el art\u00edculo 4.1 de la Ley de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico de 2015 (LRJSP) alude a la necesidad de la motivaci\u00f3n de las medidas administrativas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad; en concreto, deber\u00e1 justificarse \u201csu necesidad para la protecci\u00f3n del inter\u00e9s p\u00fablico\u201d, as\u00ed como \u201csu adecuaci\u00f3n para lograr los fines que se persiguen\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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La exigencia de motivaci\u00f3n de las propuestas normativas se deriva del car\u00e1cter discrecional que ostenta la potestad reglamentaria.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Dicho esto, lo cierto es que la exigencia de motivaci\u00f3n de las propuestas normativas se deriva del car\u00e1cter discrecional que ostenta la potestad reglamentaria, que, junto con el procedimiento, act\u00faa como elemento reglado a efectos de su control judicial. Es decir, la falta de motivaci\u00f3n suficiente[1]<\/a> ser\u00e1 constitutiva de arbitrariedad (art. 9.3 CE) y puede acarrear la declaraci\u00f3n de nulidad de la norma reglamentaria, aunque en su tramitaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n se hayan cumplido todos los tr\u00e1mites preceptivos. As\u00ed, el requisito o exigencia de motivaci\u00f3n ostenta entidad propia para fundamentar la declaraci\u00f3n de nulidad del reglamento.<\/p>\n\n\n\n

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El requisito o exigencia de motivaci\u00f3n ostenta entidad propia para fundamentar la declaraci\u00f3n de nulidad del reglamento.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

En este sentido se expresa el Tribunal Supremo cuando dice: \u201cEs decir, el debate se suscita, no en sede de procedimiento, sino en el ejercicio de la potestad reglamentaria y la obligada exigencia de motivaci\u00f3n en su ejercicio que, para no incurrir en arbitrariedad, debe aparecer suficientemente motivada, lo cual es posible mediante la obtenci\u00f3n de todos los elementos determinantes afectados por dicha potestad [\u2026]\u201d (Sentencia 1372\/2023, de 2 de noviembre, ECLI:ES:TS:2023:4853).<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, el Alto Tribunal ha precisado que la exigencia de motivaci\u00f3n de la propuesta normativa responde a la necesidad de evitar que su contenido sea incongruente o contradictorio con la realidad que se pretende regular, con la \u00abnaturaleza de las cosas\u00bb o la esencia de las instituciones, o que el sentido de la decisi\u00f3n no tenga una \u201cmotivaci\u00f3n respetable, sino -pura y simplemente- la conocida sit pro ratione voluntas<\/em> o la que ofrece lo es tal que escudri\u00f1ando su entra\u00f1a, denota, a poco esfuerzo de constataci\u00f3n, su car\u00e1cter realmente indefinible y su inautenticidad\u201d. Y a\u00f1ade que la motivaci\u00f3n, \u201cpor la que se hace expl\u00edcita las razones de la ordenaci\u00f3n, es garant\u00eda de la propia legalidad, ya que, incluso, la razonabilidad, al menos como marco o l\u00edmite externo a la decisi\u00f3n administrativa v\u00e1lida, sirve de par\u00e1metro para el enjuiciamiento del Tribunal y puede justificar, en su caso, la anulaci\u00f3n de la norma reglamentaria\u201d (STS 404\/2019, de 25 de marzo).<\/p>\n\n\n\n

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La exigencia de motivaci\u00f3n de la propuesta normativa responde a la necesidad de evitar que su contenido sea incongruente o contradictorio con la realidad que se pretende regular, con la \u00abnaturaleza de las cosas\u00bb o la esencia de las instituciones.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

La motivaci\u00f3n se contendr\u00e1 en las memorias, estudios, informes y dict\u00e1menes que conforman el expediente, de aqu\u00ed la importancia de su adecuada regulaci\u00f3n[2]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

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La motivaci\u00f3n se contendr\u00e1 en las memorias, estudios, informes y dict\u00e1menes que conforman el expediente, de aqu\u00ed la importancia de su adecuada regulaci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

El expediente es el soporte documental de la tramitaci\u00f3n y motivaci\u00f3n de la norma proyectada, que permite su control por los tribunales y la realizaci\u00f3n de los principios de publicidad activa y de acceso a la informaci\u00f3n. En este sentido, el Tribunal Supremo expresa que el control judicial debe realizarse \u201csobre la suficiencia de la documentaci\u00f3n del expediente, de modo que la omisi\u00f3n de tr\u00e1mites sustanciales o el cumplimiento defectuoso de los mismos de forma trascendente para el cumplimiento de su finalidad, arrastra la nulidad de la disposici\u00f3n que se dicte (SSTS 29 de febrero de 2012 (Recurso n\u00fam. 234\/2010), 12 de diciembre de 2016 (Recurso n\u00fam. 903\/2014), 15 de marzo de 2019 (Recurso n\u00fam. 618\/17) y 29 de junio de 2020 (Recurso n\u00fam. 113\/2019)\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Es decir, la motivaci\u00f3n del proyecto del reglamento o de la ordenanza debe constar en todo caso en la documentaci\u00f3n del expediente, si bien su intensidad depender\u00e1 de su contenido e impactos; por lo tanto, deber\u00e1 ser m\u00e1s intensa cuando la regulaci\u00f3n sea restrictiva de derechos o imponga requisitos para el ejercicio de actividades (art. 4.1 LRSJP) que cuando se trate de una norma organizativa sin efectos ad extra<\/em>. En todo caso, en palabras del Tribunal Supremo, la norma reglamentaria \u201cdebe aparecer suficientemente motivada, lo cual solo es posible mediante la obtenci\u00f3n de todos los elementos determinantes afectados por dicha potestad\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En definitiva, resulta esencial el cumplimiento de los tr\u00e1mites exigidos legalmente para la tramitaci\u00f3n del proyecto, pero tambi\u00e9n debe ofrecerse un an\u00e1lisis suficiente de su contenido e impactos[3]<\/a>, es decir, deben valorarse \u201ctodos los elementos determinantes afectados\u201d por la propuesta, que ser\u00e1n m\u00e1s numerosos y complejos cuando su contenido sea restrictivo de derechos, tal y como ha sucedido con la regulaci\u00f3n de las zonas de bajas emisiones \u2014en la que los tribunales han apreciado insuficiencia en la motivaci\u00f3n (STS 1372\/2023, de 2 de noviembre)\u2014, y m\u00e1s escasos y simples cuando se trate de una norma organizativa con efectos ad intra<\/em> y sin impacto presupuestario.<\/p>\n\n\n\n

Esta graduaci\u00f3n en la intensidad de la motivaci\u00f3n tiene su reflejo en la regulaci\u00f3n m\u00e1s reciente, efectuada por las comunidades aut\u00f3nomas, del procedimiento de elaboraci\u00f3n de disposiciones de car\u00e1cter general, en la que suelen diferenciarse dos tipos de memorias: una, m\u00e1s extensa, para los proyectos con destacados impactos \u2014econ\u00f3micos, sociales y medioambientales\u2014; y otra, m\u00e1s reducida, para los proyectos con impactos limitados[4]<\/a> \u2014en su caso, presupuestarios\u2014.<\/p>\n\n\n\n

Una regulaci\u00f3n en parecidos t\u00e9rminos resulta necesaria y urgente para las entidades locales, como herramienta para garantizar el acierto de su potestad normativa y, por ende, de sus pol\u00edticas p\u00fablicas.<\/p>\n\n\n\n

Este post<\/em> tiene su origen en el art\u00edculo: \u201cLa potestad normativa de las entidades locales y el procedimiento para la aprobaci\u00f3n de las ordenanzas\u201d, publicado en la revista Cuadernos de Derecho Local <\/em>(QDL), n\u00fam. 68<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Autor\/a: Cayetano Prieto Romero<\/strong><\/p>\n\n\n\n

imagen: <\/em>\u00abiStock.com\/ArLawKa AungTun\u00bb<\/a><\/p>\n\n\n\n

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[1]<\/a>  \u201cLa fundamentaci\u00f3n adecuada de la decisi\u00f3n concretamente adoptada constituye as\u00ed un segundo nivel de diferenciaci\u00f3n entre lo discrecional y lo arbitrario, entendido esto \u00faltimo como lo que no aparece<\/em> (por inexistencia de motivaci\u00f3n o por motivaci\u00f3n insuficiente) o no est\u00e1<\/em> debidamente fundado (en el material incorporado al expediente a lo largo de la instrucci\u00f3n del procedimiento)\u201d. Arbitrariedad y Discrecionalidad<\/em> (1991), Tom\u00e1s-Ram\u00f3n Fern\u00e1ndez, Cuadernos Civitas, p\u00e1g. 111.<\/p>\n\n\n\n

[2]<\/a> En este sentido, puede verse la regulaci\u00f3n recientemente aprobada por la Junta de Andaluc\u00eda sobre las memorias de los proyectos normativos a trav\u00e9s del Decreto-ley 3\/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificaci\u00f3n y racionalizaci\u00f3n administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administraci\u00f3n de la Junta de Andaluc\u00eda y el impulso de la actividad econ\u00f3mica en Andaluc\u00eda; en concreto, el apartado VI de su exposici\u00f3n de motivos y el cap\u00edtulo II de la parte dispositiva.<\/p>\n\n\n\n

[3]<\/a> \u201cHasta d\u00f3nde puede llegar ese esfuerzo de fundamentaci\u00f3n de la decisi\u00f3n es algo que no puede afirmarse sin m\u00e1s a priori.<\/em> Depende, como es l\u00f3gico, de la naturaleza del asunto, de las concretas circunstancias que rodeen al mismo y, por supuesto, de la concreta estructura de la norma que habilita o crea el poder de actuar. Lo que, s\u00ed puede decirse en t\u00e9rminos generales, es que, a mayor libertad, m\u00e1s precisa y cuidadosa debe ser la fundamentaci\u00f3n de la decisi\u00f3n\u201d. Arbitrariedad y Discrecionalidad <\/em>(1991), Tom\u00e1s-Ram\u00f3n Fern\u00e1ndez, Cuadernos Civitas, p\u00e1g. 111.<\/p>\n\n\n\n

[4]<\/a> Art\u00edculo 60 de la Ley 1\/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears. Y art\u00edculos 6 y 7 del Decreto 52\/2021, de 24 de marzo, por el que se establece y simplifica el procedimiento de elaboraci\u00f3n de disposiciones de car\u00e1cter general de la Comunidad de Madrid.<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Los proyectos de reglamentos y ordenanzas han de tramitarse conforme al procedimiento legalmente establecido, que comprende un conjunto de tr\u00e1mites en garant\u00eda de su acierto, legalidad y motivaci\u00f3n suficiente de su contenido e impactos. En este sentido, la motivaci\u00f3n defectuosa es una de las causas principales invocadas por los tribunales para declarar la nulidad de la norma aprobada. La mejora de la regulaci\u00f3n en esta materia resulta imprescindible, en particular, respecto de las ordenanzas.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4381,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"Cayetano Prieto Romero","cargo-autor":"Funcionario de carrera y abogado","foto-autor":"4380"}},"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[45,167,27],"autor-post":[39],"class_list":["post-4378","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-gobernanza","tag-mejora-regulatoria","tag-ordenanzas-municipales","tag-potestad-reglamentaria","autor-post-cayetano-prieto-romero"],"yoast_head":"\nLa motivaci\u00f3n de los proyectos normativos de car\u00e1cter reglamentario - Fundaci\u00f3n Democracia y Gobierno Local<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/la-motivacion-de-los-proyectos-normativos-de-caracter-reglamentario\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"La motivaci\u00f3n de los proyectos normativos de car\u00e1cter reglamentario - Fundaci\u00f3n Democracia y Gobierno Local\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Los proyectos de reglamentos y ordenanzas han de tramitarse conforme al procedimiento legalmente establecido, que comprende un conjunto de tr\u00e1mites en garant\u00eda de su acierto, legalidad y motivaci\u00f3n suficiente de su contenido e impactos. 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