{"id":4361,"date":"2025-06-20T07:30:00","date_gmt":"2025-06-20T05:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=4361"},"modified":"2025-06-18T10:28:16","modified_gmt":"2025-06-18T08:28:16","slug":"la-resolucion-sobrevenida-de-caducidad-de-un-procedimiento-administrativo-produce-efectos-en-el-proceso-jurisdiccional-entablado-sentencia-del-tribunal-supremo-22-2025","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/la-resolucion-sobrevenida-de-caducidad-de-un-procedimiento-administrativo-produce-efectos-en-el-proceso-jurisdiccional-entablado-sentencia-del-tribunal-supremo-22-2025\/","title":{"rendered":"La resoluci\u00f3n sobrevenida de caducidad de un procedimiento administrativo produce efectos en el proceso jurisdiccional entablado. Sentencia del Tribunal Supremo 22\/2025"},"content":{"rendered":"\n<p><a href=\"https:\/\/www.poderjudicial.es\/search\/AN\/openDocument\/c0b5ae503bd96a17a0a8778d75e36f0d\/20250203\"><strong>Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secci\u00f3n Tercera) n\u00fam. 22\/2025, de 15 de enero (ECLI:ES:TS:2025:240)<\/strong><\/a>:<strong><u><\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>RECURSO DE CASACI\u00d3N<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Son parte recurrente las entidades mercantiles S.A.M.U. S.L., T.S.B. S.L. y A. S.A., y parte recurrida la Administraci\u00f3n General de la Comunidad Aut\u00f3noma del Pa\u00eds Vasco.<\/p>\n\n\n\n<p>El recurso de casaci\u00f3n se fundamenta en la infracci\u00f3n del art\u00edculo 25.1 b) de la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas, en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 47.1 e) del citado texto legal.<\/p>\n\n\n\n<p>La parte recurrente aduce que la sentencia ha vulnerado los citados preceptos legales, al considerar que la declaraci\u00f3n de caducidad del procedimiento de prohibici\u00f3n de contratar no despliega ning\u00fan efecto sobre el procedimiento caducado ni sobre la resoluci\u00f3n de fondo dictada en el mismo, al estar en curso el proceso judicial en el cual se ha impugnado esta misma.<\/p>\n\n\n\n<p>Se alega la infracci\u00f3n de la jurisprudencia, cit\u00e1ndose, al respecto, las sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo n\u00fam. 438\/2018, de 19 de marzo (ECLI:ES:TS:2018:1148), y n\u00fam. 317\/2019, de 12 de marzo (ECLI:ES:TS:2019:832).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>JUICIO DE LA SALA<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La cuesti\u00f3n que reviste inter\u00e9s casacional objetivo para la formaci\u00f3n de jurisprudencia consiste en determinar qu\u00e9 repercusi\u00f3n puede deducirse de la sobrevenida resoluci\u00f3n de caducidad del procedimiento de declaraci\u00f3n de prohibici\u00f3n de contratar, una vez que la misma ha sido recurrida jurisdiccionalmente,<strong> <\/strong>y, en detalle, si es irrelevante por cuanto se ha recurrido la resoluci\u00f3n que declara la prohibici\u00f3n de contratar o si la caducidad vicia el procedimiento del que trae causa esta \u00faltima y sus efectos deben retrotraerse al momento en el que la caducidad se produjo.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>La cuesti\u00f3n que reviste inter\u00e9s casacional objetivo para la formaci\u00f3n de jurisprudencia consiste en determinar qu\u00e9 repercusi\u00f3n puede deducirse de la sobrevenida resoluci\u00f3n de caducidad del procedimiento de declaraci\u00f3n de prohibici\u00f3n de contratar, una vez que la misma ha sido recurrida jurisdiccionalmente.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Se identifican como normas jur\u00eddicas que, en principio, ser\u00e1n objeto de interpretaci\u00f3n las contenidas en los art\u00edculos 25.1.b) y 47.1.e) de la Ley 39\/2015, de 1 de octubre.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta sala considera que el Tribunal de instancia ha realizado una interpretaci\u00f3n descontextualizada de las reglas procesales que disciplinan la terminaci\u00f3n del proceso establecidas en los art\u00edculos 68, 70.2, 75 y 76 de la Ley 29\/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso-Administrativa, lesiva del derecho de la tutela judicial efectiva consagrado en el art\u00edculo 24 de la Constituci\u00f3n, en relaci\u00f3n con la regulaci\u00f3n procedimental del instituto de la caducidad plasmada en el art\u00edculo 25 de la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, cuya naturaleza y eficacia como causa determinante de la inexistencia e invalidez del procedimiento ha sido fijada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la sentencia n\u00fam. 438\/2018, de 19 de marzo (ECLI:ES:TS:2018:1148), al sostener que la resoluci\u00f3n de la viceconsejera de Administraci\u00f3n y Financiaci\u00f3n Sanitarias del Departamento de Salud del Gobierno Vasco de 30 de junio de 2020, por la que se declara la caducidad del procedimiento para imponer una prohibici\u00f3n de contratar a las entidades S.A.M.U. S.L., T.S.B. S.L. Y A. S.A., que ordena el archivo de las actuaciones, \u201cno supone la menor eficacia en este proceso\u201d, en la medida en que se entiende que la sentencia impugnada debi\u00f3 contener un pronunciamiento expl\u00edcito sobre este motivo de impugnaci\u00f3n, a pesar de la conducta err\u00e1tica de la parte demandante desde la perspectiva procesal, ya que dicha resoluci\u00f3n administrativa resultaba determinante para dictar una sentencia anulatoria de las resoluciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco de 10 de abril de 2019 y 18 de julio de 2019 impugnadas.<\/p>\n\n\n\n<p>En efecto, partiendo de la doctrina jurisprudencial de esta secci\u00f3n de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo fijada en la sentencia n\u00fam. 438\/2018, de 19 de marzo (ECLI:ES:TS:2018:1148), que sostiene que la caducidad del procedimiento determina la invalidez de la resoluci\u00f3n administrativa dictada en el procedimiento caducado, en cuanto dicho procedimiento debe considerarse extinguido e inexistente, se mantiene que la declaraci\u00f3n de caducidad del procedimiento acordada sobrevenidamente, tras ser dictada la resoluci\u00f3n administrativa de fondo e iniciado el cauce procesal de impugnaci\u00f3n ante la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa, debe desplegar efectos en el proceso judicial entablado, obligando al \u00f3rgano judicial que enjuicia el recurso contencioso-administrativo a abordar esta cuesti\u00f3n (y en su caso, a trav\u00e9s de la formulaci\u00f3n de la tesis a que alude el art\u00edculo 33.2 de la Ley 29\/1998, de 13 de julio), pues no cabe desconocer la eficacia invalidante que la apreciaci\u00f3n de la caducidad comporta sobre la resoluci\u00f3n administrativa que puso fin al procedimiento administrativo, por la que se resolv\u00eda declarar una prohibici\u00f3n de contratar.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>No cabe desconocer la eficacia invalidante que la apreciaci\u00f3n de la caducidad comporta sobre la resoluci\u00f3n administrativa que puso fin al procedimiento administrativo, por la que se resolv\u00eda declarar una prohibici\u00f3n de contratar.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Conforme a los razonamientos jur\u00eddicos expuestos, esta sala, dando respuesta a las cuestiones planteadas en este recurso de casaci\u00f3n, que presentan inter\u00e9s casacional objetivo para la formaci\u00f3n de jurisprudencia, declara que la resoluci\u00f3n administrativa por la que la Administraci\u00f3n resuelve declarar la caducidad de un procedimiento, de conformidad con la regulaci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 25 de la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, aun cuando se adopte una vez dictada resoluci\u00f3n expresa, e iniciado el cauce procesal de impugnaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n administrativa expresa que concluya el expediente administrativo de prohibici\u00f3n de contratar, produce efectos en el proceso jurisdiccional entablado, y determina que el \u00f3rgano judicial de lo contencioso-administrativo que enjuicie el caso deba valorar si concurren los presupuestos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos exigidos para declarar la caducidad, atendiendo a la naturaleza del procedimiento y la regulaci\u00f3n del plazo m\u00e1ximo para dictar resoluci\u00f3n expresa, y dictar, en el supuesto de que aprecie la existencia de este vicio formal, en el marco del respeto al principio de congruencia, un pronunciamiento anulatorio de la resoluci\u00f3n administrativa recurrida.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>La resoluci\u00f3n administrativa por la que la Administraci\u00f3n resuelve declarar la caducidad de un procedimiento<\/strong> <strong>determina que el \u00f3rgano judicial de lo contencioso-administrativo que enjuicie el caso deba valorar si concurren los presupuestos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos exigidos para declarar la caducidad,<\/strong> <strong>y dictar, en el supuesto de que aprecie la existencia de este vicio formal, en el marco del respeto al principio de congruencia, un pronunciamiento anulatorio de la resoluci\u00f3n administrativa recurrida.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p><strong>Autor\/a:&nbsp;Miryam Quintanilla Navarro<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size\"><em>imagen: <\/em><a href=\"https:\/\/www.istockphoto.com\/es\/portfolio\/porcorex?mediatype=photography\">\u00abiStock.com\/porcorex\u00bb<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Tribunal Supremo sostiene que la resoluci\u00f3n de caducidad de un procedimiento, aun cuando se adopte una vez dictada resoluci\u00f3n expresa, e iniciado el cauce procesal de impugnaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n administrativa expresa que concluya el expediente administrativo de prohibici\u00f3n de contratar, produce efectos en el proceso jurisdiccional entablado.<br \/>\nSENTIDO DEL FALLO: Se estima el recurso de 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