{"id":4318,"date":"2025-06-04T07:30:00","date_gmt":"2025-06-04T05:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=4318"},"modified":"2025-06-02T10:31:15","modified_gmt":"2025-06-02T08:31:15","slug":"la-elaboracion-de-la-relacion-de-puestos-de-trabajo-a-traves-de-un-contrato-de-servicios","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/la-elaboracion-de-la-relacion-de-puestos-de-trabajo-a-traves-de-un-contrato-de-servicios\/","title":{"rendered":"La elaboraci\u00f3n de la Relaci\u00f3n de Puestos de Trabajo a trav\u00e9s de un contrato de servicios"},"content":{"rendered":"\n

La Sentencia del Tribunal Supremo 2024\/2024, de 19 de diciembre, analiza un contrato de servicios que ten\u00eda por objeto la elaboraci\u00f3n de la Relaci\u00f3n de Puestos de Trabajo de un ayuntamiento. Se trataba de un asunto que en primera instancia judicial se estim\u00f3 conforme a derecho, mientras que en apelaci\u00f3n se consider\u00f3 que infring\u00eda la doctrina jurisprudencial sobre la externalizaci\u00f3n de procedimientos administrativos asentada en la Sentencia 1160\/2020, de 14 de septiembre, y en la posterior 1265\/2020, de 7 de octubre.<\/p>\n\n\n\n

Debe recordarse que en cualquier externalizaci\u00f3n de procedimientos administrativos afloran unos l\u00edmites infranqueables que derivan de la retenci\u00f3n en exclusiva por parte de las Administraciones de todo lo referido al ejercicio de las potestades p\u00fablicas o ejercicio de autoridad, de manera que las funciones que afecten directa o indirectamente a este n\u00facleo indeclinable han de permanecer residenciadas y ejercitadas por el \u00f3rgano administrativo titular de la competencia, como reclama la normativa de contratos p\u00fablicos, de procedimiento administrativo y del r\u00e9gimen estatutario del empleado p\u00fablico, cuando precisa que \u201cel ejercicio de las funciones que impliquen la participaci\u00f3n directa o indirecta en el ejercicio de las potestades p\u00fablicas o en la salvaguardia de los intereses generales [\u2026] corresponden exclusivamente a los funcionarios p\u00fablicos\u201d(art. 9.2 del Estatuto B\u00e1sico del Empleado P\u00fablico).<\/p>\n\n\n\n

Los l\u00edmites en esta materia se hab\u00edan columbrado por el Tribunal Supremo en las precitadas sentencias, bajo ciertas premisas, y es que los procedimientos administrativos se han de tramitar bajo la responsabilidad de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones, y \u201cmal puede asumirse esa responsabilidad si el expediente se encuentra en poder f\u00edsico de una sociedad mercantil sujeta al derecho privado\u201d.La Administraci\u00f3n ha de actuar mediante \u00f3rganos encarnados por los funcionarios p\u00fablicos, \u201cquienes desempe\u00f1an funciones retribuidas en las Administraciones P\u00fablicas al servicio de los intereses generales\u201d. La relevancia de su intervenci\u00f3n se basa en que se hallan sometidos a una relaci\u00f3n estatutaria, como \u201cmanifestaci\u00f3n de la objetividad, imparcialidad y sometimiento al Derecho que debe regir en toda la actividad p\u00fablica\u201d, y \u201cbajo ning\u00fan concepto pueden excluirse de esa regla aquellas funciones que afecten, directa o indirectamente, a las potestades p\u00fablicas o a la protecci\u00f3n de los intereses generales, conceptos jur\u00eddicos indeterminados de los que ser\u00eda dif\u00edcil excluir alguna actividad administrativa\u201d. Se enfatizaba que \u201cen la misma tramitaci\u00f3n de los procedimientos administrativos, m\u00e1s a\u00fan en los sancionadores [\u2026] se act\u00faan potestades administrativas, con independencia de las potestades que se accionen en la resoluci\u00f3n que pone fin a los procedimientos, m\u00e1s a\u00fan, que en los procedimientos est\u00e1n empe\u00f1ados los intereses generales [\u2026] que [\u2026] constituyen el \u00e1mbito de actuaci\u00f3n reservado a los funcionarios p\u00fablicos\u201d. Se llegaba a vincular esa reserva funcionarial a las exigencias primigenias del Estado de derecho, aseverando que \u201cesa reserva de la actuaci\u00f3n del personal estatutario en la actividad administrativa va pareja a las garant\u00edas que han supuesto, en el Estado de Derecho, el Derecho Administrativo\u201d. La intervenci\u00f3n de los funcionarios p\u00fablicos es, a la postre, la garant\u00eda del sistema impuesta por la Ley \u2014se terminaba afirmando\u2014.<\/p>\n\n\n\n

En este contexto, solo se reconoce, como excepci\u00f3n, la posibilidad de que las Administraciones puedan acudir a personal ajeno en la tramitaci\u00f3n de procedimientos administrativos, cuando fuera necesario para la prestaci\u00f3n de servicios puntuales y accesorios en apoyo de la actuaci\u00f3n administrativa.<\/p>\n\n\n\n

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Solo se reconoce, como excepci\u00f3n, la posibilidad de que las Administraciones puedan acudir a personal ajeno en la tramitaci\u00f3n de procedimientos administrativos, cuando fuera necesario para la prestaci\u00f3n de servicios puntuales y accesorios en apoyo de la actuaci\u00f3n administrativa.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

El objeto de la Sentencia 2024\/2024 es precisamente valorar si la contrataci\u00f3n de la elaboraci\u00f3n de la Relaci\u00f3n de Puestos de Trabajo (RPT) excede de esa consideraci\u00f3n como actuaci\u00f3n puramente accesoria o de apoyo a la actuaci\u00f3n administrativa, o dicho en los t\u00e9rminos empleados en la Sentencia, si dicha contrataci\u00f3n ha superado la \u201cintensidad\u201d admisible en la externalizaci\u00f3n de funciones p\u00fablicas. Debe precisarse que dicho pronunciamiento parte del corpus probatorio fijado en la segunda instancia judicial, que dispuso la ausencia de constancia documental alguna que probara la intervenci\u00f3n de los funcionarios del ayuntamiento en el seguimiento y control del procedimiento de elaboraci\u00f3n de la referida RPT, de modo que la actuaci\u00f3n de este se limit\u00f3 a aprobar en el pleno la propuesta confeccionada por la contratista. Sobre esta realidad f\u00e1ctica probada, el Tribunal Supremo concluye que excede de los l\u00edmites rese\u00f1ados por la jurisprudencia, al no poder conceptuarse la actividad contratada como una mera labor accesoria o de apoyo a las funciones que competen a la Administraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En verdad, el ayuntamiento recurrente propend\u00eda desvirtuar la prueba delimitada en segunda instancia, por considerar que sus funcionarios s\u00ed hab\u00edan estado en constante interacci\u00f3n con la contratista, en el entendido de que hab\u00edan mantenido reuniones constantes que reduc\u00edan su actuaci\u00f3n a la de mero apoyo, e implicaban un control efectivo del procedimiento administrativo por parte de los funcionarios. Sin embargo, la revaloraci\u00f3n probatoria excede de las funciones que compete realizar al Tribunal Supremo en sede casacional, y as\u00ed se explica en su pronunciamiento. Tampoco se considera aplicable la doctrina invocada por el ayuntamiento, inserta en la Sentencia del Tribunal Supremo 469\/2023, de 12 de abril, y en otras posteriores, en las que se flexibilizaron, en cierta medida, los contornos de la externalizaci\u00f3n bajo ciertas circunstancias excepcionales.<\/p>\n\n\n\n

La modulaci\u00f3n realizada en ese otro acopio jurisprudencial \u2014recordemos\u2014 se hab\u00eda justificado en las especiales circunstancias que acontec\u00edan en los casos all\u00ed enjuiciados, en los que concurr\u00eda \u201cuna situaci\u00f3n extraordinaria y coyuntural a la que no puede dar respuesta por sus propios medios\u201d.  Ciertamente aquellas sentencias se pronunciaron sobre unos encargos a medios propios para la tramitaci\u00f3n de un alto n\u00famero de procedimientos indemnizatorios que repentinamente hab\u00edan surgido con ocasi\u00f3n de una imprevisible modificaci\u00f3n normativa, cuya tramitaci\u00f3n se hac\u00eda inasumible por la Administraci\u00f3n; circunstancias extraordinarias que, sin embargo, no cabe predicar en la elaboraci\u00f3n de una RPT, seg\u00fan se afirma en la meritada Sentencia 2024\/2024.<\/p>\n\n\n\n

Aun as\u00ed, no podemos olvidar que la Sentencia 469\/2023 y las que la siguieron (sentencias 1340\/2023, de 26 de octubre, y 236\/2024, de 12 de febrero) establecieron como l\u00edmite infranqueable en la externalizaci\u00f3n de funciones p\u00fablicas la existencia del control efectivo del procedimiento y de su resultado final por la Administraci\u00f3n, requisitos que no se hab\u00edan respetado en la elaboraci\u00f3n de la RPT en el caso analizado, siempre sobre la base probatoria fijada en apelaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

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Aun as\u00ed,<\/strong> la Sentencia 469\/2023 y las que la siguieron<\/strong> establecieron como l\u00edmite infranqueable en la externalizaci\u00f3n de funciones p\u00fablicas la existencia del control efectivo del procedimiento y de su resultado final por la Administraci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Cabe colegir, no obstante, y a contrario sensu<\/em>, que si la intervenci\u00f3n de los funcionarios locales en el seguimiento y control de las labores de la contratista hubiera sido efectiva y as\u00ed se hubiera probado, muy probablemente la cuestionada contrataci\u00f3n hubiera superado los c\u00e1nones impuestos jurisprudencialmente en la externalizaci\u00f3n de procedimientos administrativos, al no alcanzar la \u201cintensidad\u201d que act\u00faa como frontera de su nulidad radical, en los t\u00e9rminos explicados, y hubiera sido declarada conforme a derecho.<\/p>\n\n\n\n

Autor\/a: Fernando Luque Regueiro<\/strong><\/p>\n\n\n\n

imagen: \u00abiStock.com\/bymuratdeniz\u00bb<\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El Tribunal Supremo confirma la nulidad de la elaboraci\u00f3n de la Relaci\u00f3n de Puestos de Trabajo a trav\u00e9s de un contrato de servicios, por exceder de los l\u00edmites que su jurisprudencia hab\u00eda establecido en torno a la externalizaci\u00f3n de procedimientos 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