{"id":4295,"date":"2025-05-21T07:30:00","date_gmt":"2025-05-21T05:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=4295"},"modified":"2025-05-21T08:53:13","modified_gmt":"2025-05-21T06:53:13","slug":"los-concejales-estan-legitimados-para-personarse-como-codemandados-en-los-recursos-contencioso-administrativos-interpuestos-contra-el-ayuntamiento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/los-concejales-estan-legitimados-para-personarse-como-codemandados-en-los-recursos-contencioso-administrativos-interpuestos-contra-el-ayuntamiento\/","title":{"rendered":"Los concejales est\u00e1n legitimados para personarse como codemandados en los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra el ayuntamiento"},"content":{"rendered":"\n

Recurso de casaci\u00f3n: antecedentes<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dos empresas interpusieron recurso contencioso-administrativo contra la inactividad del Ayuntamiento de Porri\u00f1o por el impago de unas facturas. En el procedimiento se person\u00f3 como codemandado un concejal de la corporaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.\u00ba 1 de Pontevedra dict\u00f3 la Sentencia 20\/2020, de 1 de febrero, por la que desestim\u00f3 el recurso interpuesto y reconoci\u00f3 la legitimaci\u00f3n pasiva como codemandado del concejal, al entender que ten\u00eda un inter\u00e9s leg\u00edtimo en el resultado del procedimiento, en la medida en que entre sus funciones est\u00e1 la de fiscalizaci\u00f3n pol\u00edtica de la actividad del Gobierno.<\/p>\n\n\n\n

Los actores interpusieron recurso de apelaci\u00f3n ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que dict\u00f3 la Sentencia n.\u00ba 444\/2021, de 12 de noviembre, por la que desestim\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, pero declar\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n pasiva del concejal en el procedimiento, con anulaci\u00f3n de la sentencia de instancia en este punto, por los siguientes motivos:<\/p>\n\n\n\n

a) El conjunto de facultades que asisten al concejal como representante p\u00fablico se recogen en la Ley 7\/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del R\u00e9gimen Local (LRBRL), entre las que no se encuentra la de ostentar la condici\u00f3n de coadyuvante del ayuntamiento ni la de asumir una posici\u00f3n semejante en un procedimiento judicial. Dicha ley regula expresamente la legitimaci\u00f3n de un miembro de la corporaci\u00f3n para impugnar un acuerdo local, exigiendo que se hubiera opuesto con su voto a la adopci\u00f3n del mismo (art\u00edculo 63.1.b LRBRL), y tambi\u00e9n prev\u00e9, espec\u00edficamente, a qui\u00e9n corresponde la defensa de la legalidad de los actos de la corporaci\u00f3n, que con car\u00e1cter general se atribuye al Alcalde (art\u00edculo 21.1.k LRBRL) o al Pleno (art\u00edculo 22.2.j LRBRL) en funci\u00f3n de la materia.<\/p>\n\n\n\n

b) La jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa no es el \u00e1mbito donde se ventilan las responsabilidades pol\u00edticas, sino de control de la legalidad, de forma que el concejal no puede ejercer una posici\u00f3n de fiscalizaci\u00f3n pol\u00edtica en donde el principio de oportunidad resulta desplazado por el de legalidad.<\/p>\n\n\n\n

Contra esta sentencia, el concejal interpuso recurso de casaci\u00f3n ante el Tribunal Supremo, cuya Sala de lo Contencioso-Administrativo admiti\u00f3 a tr\u00e1mite y estableci\u00f3 que la cuesti\u00f3n que reviste inter\u00e9s casacional objetivo para la formaci\u00f3n de jurisprudencia es la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 21.1.b) de la Ley 29\/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa (LJCA), a fin de determinar si los concejales ostentan legitimaci\u00f3n para comparecer como codemandados en procedimientos sobre reclamaci\u00f3n econ\u00f3mica dirigidos frente al ayuntamiento.<\/p>\n\n\n\n

Juicio de la Sala<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La Sala considera que el Tribunal de instancia ha realizado una interpretaci\u00f3n excesivamente rigorista del art\u00edculo 21.1.b) LJCA, que resulta contraria al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art\u00edculo 24.1 de la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola (CE), en su vertiente de acceso a la jurisdicci\u00f3n, al apreciar la falta de legitimaci\u00f3n del concejal para sustentar su posici\u00f3n de parte codemandada en el proceso judicial que derivaba de su condici\u00f3n de concejal del Ayuntamiento de Porri\u00f1o, con base, sustancialmente, en el argumento de que la LRBRL no atribuye a los miembros de la corporaci\u00f3n la facultad de ostentar la condici\u00f3n de coadyudante, correspondiendo al Alcalde o al Pleno la defensa de la legalidad de los actos municipales, pero no a un concejal particular.<\/p>\n\n\n\n

Esta interpretaci\u00f3n restrictiva, limitada a las previsiones del art\u00edculo 63.1.b) LRBRL, no resulta compatible con la noci\u00f3n de afectaci\u00f3n de los derechos o intereses leg\u00edtimos, que constituye el presupuesto para personarse como parte codemandada en un proceso contencioso-administrativo, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 21.1.b) de la LJCA, que \u201chabilita a las personas que ostenten la condici\u00f3n de concejal a personarse en el proceso como parte codemandada de la Administraci\u00f3n, m\u00e1s all\u00e1 de la previsi\u00f3n contenida en el art\u00edculo 63.1.b) de la LRBRL, cuando invoque la concurrencia de inter\u00e9s leg\u00edtimo derivado del ejercicio de su funci\u00f3n representativa como miembro de la corporaci\u00f3n local, y cuya actuaci\u00f3n se impugna\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\n

El art\u00edculo 21.1.b) de la LJCA<\/strong> \u201chabilita a las personas que ostenten la condici\u00f3n de concejal a personarse en el proceso como parte codemandada de la Administraci\u00f3n, m\u00e1s all\u00e1 de la previsi\u00f3n contenida en el art\u00edculo 63.1.b) de la LRBRL, cuando invoque la concurrencia de inter\u00e9s leg\u00edtimo derivado del ejercicio de su funci\u00f3n representativa como miembro de la corporaci\u00f3n local, y cuya actuaci\u00f3n se impugna\u201d.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Contin\u00faa argumentando la Sala que \u201cla interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 21.1.b) de la LJCA, cuando se trate del supuesto de la personaci\u00f3n como parte demandada de una persona que ostente la posici\u00f3n estatutaria de concejal en un proceso entablado contra una corporaci\u00f3n local de la que forma parte como representante electo de los vecinos, debe contextualizarse atendiendo a la consideraci\u00f3n del estatuto jur\u00eddico de los concejales, que, seg\u00fan refiere el Tribunal Constitucional en la Sentencia 173\/2004, les leg\u00edtima para impugnar la actuaci\u00f3n (y, en su caso, la inactividad) de la corporaci\u00f3n local a la que pertenece, \u2018por el inter\u00e9s concreto que ostenta en el correcto funcionamiento de la corporaci\u00f3n\u2019, en la medida que su acci\u00f3n va dirigida a la consecuci\u00f3n de un funcionamiento ajustado a Derecho de la corporaci\u00f3n local \u2018como medio de lograr la satisfacci\u00f3n de las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal\u2019, doctrina que es plenamente aplicable respecto del reconocimiento de la legitimaci\u00f3n pasiva\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Por ello, la exclusi\u00f3n del proceso del codemandado no tiene encaje con la regulaci\u00f3n estatutaria de los concejales, a quienes se encomienda la funci\u00f3n p\u00fablica de fiscalizar la acci\u00f3n del Gobierno municipal, cuyo fundamento se ampara en el art\u00edculo 140 CE, que configura a los concejales como miembros de una corporaci\u00f3n democr\u00e1tica que representa los intereses de los vecinos del municipio, y vinculado al ius in officium<\/em> que garantiza a todos los cargos p\u00fablicos el art\u00edculo 23.2 CE, que tiene una dimensi\u00f3n pol\u00edtica, a trav\u00e9s de los mecanismos que la LRBRL contempla, pero tambi\u00e9n una dimensi\u00f3n jur\u00eddica, que les habilita para ejercitar acciones judiciales, y personarse como parte codemandada en el proceso contencioso-administrativo, para procurar que sea efectivo el control encomendado a los tribunales de justicia por el art\u00edculo 106 CE.<\/p>\n\n\n\n

En el caso enjuiciado, la Sala considera que la participaci\u00f3n adhesiva del concejal en el proceso resultaba congruente con la finalidad tuitiva de los intereses leg\u00edtimos de la colectividad local a la que representa, y con los intereses propios, al estar en juego tanto los intereses de la colectividad local que representa, por actuaciones del Ayuntamiento que comprometen la gesti\u00f3n municipal en materia de contrataci\u00f3n p\u00fablica, como el inter\u00e9s personal de evitar incurrir en supuestos de responsabilidad por las actuaciones u omisiones imputables a la corporaci\u00f3n, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 78 LRBRL, que pudieren causar da\u00f1os y perjuicios a la propia corporaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Conforme a los razonamientos jur\u00eddicos expuestos, la Sala declara:<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl art\u00edculo 21.1.b) de la Ley 29\/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso-Administrativa, debe interpretarse, conforme al principio de tutela judicial efectiva, consagrado en el art\u00edculo 24 de la Constituci\u00f3n, en el sentido de que los concejales, en su condici\u00f3n de miembros electos que integran la Corporaci\u00f3n Local, est\u00e1n legitimados para personarse en un proceso contencioso-administrativo entablado contra el Ayuntamiento del que forman parte, cuando de la estimaci\u00f3n de las pretensiones deducidas puedan quedar afectados los derechos o intereses leg\u00edtimos del mismo, en la medida que les ampare el titulo legitimador que se corresponde con el inter\u00e9s concreto de velar por el correcto funcionamiento de dicha Corporaci\u00f3n, que resulta evidenciable en aquellos supuestos en que est\u00e9 en riesgo la recta y regular gesti\u00f3n de la contrataci\u00f3n p\u00fablica, que incida lesivamente en la administraci\u00f3n de los caudales o efectos p\u00fablicos, susceptible de causar da\u00f1os y perjuicios a la propia Corporaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\n

\u201cLos concejales, en su condici\u00f3n de miembros electos que integran la Corporaci\u00f3n Local, est\u00e1n legitimados para personarse en un proceso contencioso-administrativo entablado contra el Ayuntamiento del que forman parte, cuando de la estimaci\u00f3n de las pretensiones deducidas puedan quedar afectados los derechos o intereses leg\u00edtimos del mismo, en la medida que les ampare el titulo legitimador que se corresponde con el inter\u00e9s concreto de velar por el correcto funcionamiento de dicha Corporaci\u00f3n\u201d.<\/strong><\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Por todo lo expuesto, la Sala estima el recurso del concejal, casando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia para desestimar \u00edntegramente el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto y confirmar en su totalidad la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.<\/p>\n\n\n\n

Se trata, sin duda, de una sentencia muy relevante que va a causar un gran impacto jur\u00eddico en la Administraci\u00f3n local, ya que ampl\u00eda la capacidad procesal de los concejales ante la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa para controlar y defender la legalidad de la actuaci\u00f3n municipal, reforzando as\u00ed su papel de garantes del buen funcionamiento de la corporaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Autor\/a: David Cabezuelo Valencia<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una importante sentencia en fecha 11 de marzo de 2025 (recurso de casaci\u00f3n n.\u00ba 1069\/2022), en la que fija la doctrina de que los concejales ostentan legitimaci\u00f3n pasiva para comparecer como parte codemandada en los procesos contencioso-administrativos entablados contra el ayuntamiento, en base al inter\u00e9s concreto que ostentan en el correcto funcionamiento de la corporaci\u00f3n por raz\u00f3n de su mandato representativo, de conformidad con la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4297,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"David Cabezuelo Valencia","cargo-autor":"Secretario de Administraci\u00f3n local, categor\u00eda superior. 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