El Decreto-ley sujeta al r\u00e9gimen de licencia urban\u00edstica previa el destino de las viviendas al uso tur\u00edstico en los municipios con problemas de acceso a la vivienda y los municipios en riesgo de romper el equilibrio del entorno urbano por una alta concentraci\u00f3n de viviendas de uso tur\u00edstico. El propio Decreto-ley enumera los municipios a los que es de aplicaci\u00f3n dicho r\u00e9gimen de licencia, que tiene una duraci\u00f3n de 5 a\u00f1os prorrogable por periodos sucesivos.<\/p>\n\n\n\n
La demanda imputa la vulneraci\u00f3n del principio de autonom\u00eda local al hecho de que el Decreto-ley \u201cno reserva a los municipios afectados ninguna intervenci\u00f3n en el dise\u00f1o normativo de tal r\u00e9gimen jur\u00eddico ni en la delimitaci\u00f3n de su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n, sino que les imponen la exigencia de licencia sin que exista proporci\u00f3n entre dicha imposici\u00f3n y el elevado grado de intensidad de los intereses locales en la materia\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Con el fin de resolver la cuesti\u00f3n planteada, el Tribunal Constitucional, como ya viene siendo habitual, confecciona un apretado resumen de su propia doctrina que considera aplicable al caso, aunque no se limita a ello, sino que tambi\u00e9n incorpora nuevas consideraciones. Y en efecto, aqu\u00ed radica el inter\u00e9s de esta sentencia, puesto que aporta una significativa novedad, que se concreta en el p\u00e1rrafo siguiente:<\/p>\n\n\n\n
\u201cA partir, especialmente, de la STC 41\/2016, la doctrina constitucional sobre la autonom\u00eda local viene prescindiendo del concepto de garant\u00eda institucional para referirse a la autonom\u00eda local como un principio en sentido t\u00e9cnico-jur\u00eddico<\/em>. La garant\u00eda constitucional de la autonom\u00eda local comprende, en definitiva, un n\u00facleo m\u00ednimo de autonom\u00eda que no puede ser desconocido por los poderes p\u00fablicos \u2013en particular, por los legisladores estatal y auton\u00f3mico, cada uno en el \u00e1mbito de sus competencias\u2013, pero tambi\u00e9n les dirige un mandato de optimizaci\u00f3n para la consecuci\u00f3n de los mayores niveles posibles de autonom\u00eda local<\/em>\u201d (FJ 6.b).<\/p>\n\n\n\n De esta manera, el Tribunal, por una parte, viene a reconocer que la aplicaci\u00f3n de la figura de la garant\u00eda institucional, ampliamente criticada por la doctrina cient\u00edfica, resulta insuficiente por su orientaci\u00f3n meramente defensiva o negativa; aunque se resiste a prescindir de la misma, por m\u00e1s que afirme lo contrario, puesto que sigue utilizando la idea de \u201cun n\u00facleo m\u00ednimo de autonom\u00eda que no puede ser desconocido por los poderes p\u00fablicos\u201d.<\/p>\n\n\n\n Por otra parte, y aqu\u00ed est\u00e1 lo m\u00e1s novedoso, el Tribunal especifica que el principio de autonom\u00eda local incluye el mandato dirigido a los poderes p\u00fablicos, en particular a los legisladores estatal y auton\u00f3mico, de promover y conseguir el mayor grado posible de autonom\u00eda local. Este es el significado de la \u201coptimizaci\u00f3n\u201d a que alude el Tribunal Constitucional, por primera vez, en la Sentencia 64\/2025, y que, seg\u00fan \u00e9l, exige que, en materias de inter\u00e9s municipal, \u201cla falta de atribuci\u00f3n de competencias a los municipios o su restricci\u00f3n cuente con una justificaci\u00f3n suficiente\u201d.<\/p>\n\n\n\n Este es el significado de la \u201coptimizaci\u00f3n\u201d a que alude el Tribunal Constitucional, por primera vez, en la Sentencia 64\/2025, y que, seg\u00fan \u00e9l, exige que, en materias de inter\u00e9s municipal, \u201cla falta de atribuci\u00f3n de competencias a los municipios o su restricci\u00f3n cuente con una justificaci\u00f3n suficiente\u201d.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n No obstante, a la hora de aplicar esta doctrina al caso enjuiciado, la Sentencia, como he dicho, no prescinde de seguir utilizando la t\u00e9cnica de la garant\u00eda institucional, pues lo primero que valora es que la incidencia de las previsiones impugnadas sobre las competencias urban\u00edsticas municipales \u201cno llega al punto de eliminar toda capacidad de intervenci\u00f3n de los municipios en el r\u00e9gimen de las viviendas de uso tur\u00edstico\u201d.<\/p>\n\n\n\n En cuanto a la \u201cjustificaci\u00f3n suficiente\u201d de la intervenci\u00f3n del legislador, el Tribunal analiza, entre otros aspectos, el contenido de la memoria de elaboraci\u00f3n del Decreto-ley impugnado \u2014lo que denota la relevancia de este documento\u2014, as\u00ed como el conjunto de competencias municipales en materia urban\u00edstica que no se ven afectadas por la regulaci\u00f3n, para concluir que a los municipios todav\u00eda \u201cse les asegura un importante nivel de participaci\u00f3n en este \u00e1mbito, correlativo a la intensidad de sus intereses en la materia\u201d. Intereses locales que no son exclusivos porque \u2014declara la Sentencia\u2014 \u201ctanto la vivienda como la ordenaci\u00f3n del territorio y el urbanismo son materias de fuerte inter\u00e9s supramunicipal, hecho que determina que sean objeto de sendas competencias exclusivas auton\u00f3micas\u201d.<\/p>\n\n\n\n En primer lugar, hay que puntualizar que esta \u00faltima inferencia no parece correcta, puesto que el hecho de que esas materias sean objeto de competencia exclusiva auton\u00f3mica seg\u00fan el art\u00edculo 148 CE y los correspondientes preceptos del Estatuto de Autonom\u00eda nada tiene que ver con su car\u00e1cter \u201csupramunicipal\u201d, sino m\u00e1s bien con su car\u00e1cter \u201cinfraestatal\u201d.<\/p>\n\n\n\n En segundo lugar, el modo de razonar del Tribunal no se dirige en puridad a averiguar si se consigue \u201cel mayor nivel posible de autonom\u00eda\u201d, como exigir\u00eda el mandato de optimizaci\u00f3n seg\u00fan \u00e9l mismo dice, o, lo que es lo mismo, si se produce \u201cla menor restricci\u00f3n posible de la autonom\u00eda\u201d, obligada por la preservaci\u00f3n de otro principio o bien constitucional digno de mayor protecci\u00f3n en el caso concreto. Y no lo puede hacer, entre otras cosas, porque ello requerir\u00eda conocer y valorar si existen otras alternativas normativas menos restrictivas de la autonom\u00eda y de las competencias municipales. Por lo que se ha de quedar en el an\u00e1lisis de la \u201cjustificaci\u00f3n suficiente\u201d.<\/p>\n\n\n\n No obstante, la Sentencia no invoca en ning\u00fan momento ning\u00fan otro principio o bien constitucional de car\u00e1cter sustantivo ante el cual, despu\u00e9s de la debida ponderaci\u00f3n, deba ceder el principio de la autonom\u00eda local. \u00danicamente se limita a comprobar que la regulaci\u00f3n del uso tur\u00edstico de las viviendas encaja en la competencia de la comunidad aut\u00f3noma en las materias de vivienda, ordenaci\u00f3n del territorio y urbanismo, y que, como dije, todav\u00eda les asegura un \u201cimportante nivel de participaci\u00f3n en este \u00e1mbito, correlativo a la intensidad de sus intereses en la materia\u201d.<\/p>\n\n\n\n Desde luego, hay que valorar positivamente el nuevo perfil del concepto constitucional de la autonom\u00eda local que introduce la Sentencia, y que viene avalado por la doctrina cient\u00edfica desde hace tiempo (Francisco Velasco). Pero la concreta forma de su aplicaci\u00f3n, ya en la misma Sentencia, dista de ser coherente y operativa. En este sentido, el voto particular formulado a la Sentencia califica el concepto de la \u201coptimizaci\u00f3n\u201d de innecesario overruling<\/em>, que por lo dem\u00e1s es considerado una mera obiter dicta<\/em> porque no es aplicado en la resoluci\u00f3n del caso enjuiciado.<\/p>\n\n\n\n La efectividad del concepto de autonom\u00eda local como mandato de optimizaci\u00f3n va a requerir con toda seguridad un proceso de concreci\u00f3n en el m\u00e9todo interpretativo y en los procedimientos normativos. Porque, en el fondo, se tratar\u00eda de una derivaci\u00f3n, salvadas las distancias, del principio de proporcionalidad y de necesidad de la regulaci\u00f3n, al que ya estamos acostumbrados en el \u00e1mbito de los derechos y libertades personales y econ\u00f3micas, trasladado ahora a la incidencia sobre la autonom\u00eda y las competencias locales.<\/p>\n\n\n\n Precisamente en la protecci\u00f3n de aquellos derechos y libertades, en los \u00faltimos tiempos asistimos a una aplicaci\u00f3n muy exigente, y a veces excesiva, por parte de los tribunales contencioso-administrativos, de los principios de buena regulaci\u00f3n y de los requisitos documentales y procedimentales relativos a la elaboraci\u00f3n de las disposiciones administrativas de car\u00e1cter general, incluidos las ordenanzas y los reglamentos locales.<\/p>\n\n\n\n No es de descartar, a\u00fan con los tiempos que le son propios, que de una manera progresiva se pueda ir decantando la tendencia de que la garant\u00eda constitucional de la autonom\u00eda local no va a depender tanto del contenido normativo de la ley impugnada como de los elementos formales, documentales y procedimentales relativos a su elaboraci\u00f3n en los que se pueda encontrar la suficiente justificaci\u00f3n de que la ley impugnada ya consigue el m\u00e1ximo posible de autonom\u00eda local.<\/p>\n\n\n\n La garant\u00eda constitucional de la autonom\u00eda local no va a depender tanto del contenido normativo de la ley impugnada como de los elementos formales, documentales y procedimentales relativos a su elaboraci\u00f3n en los que se pueda encontrar la suficiente justificaci\u00f3n de que la ley impugnada ya consigue el m\u00e1ximo posible de autonom\u00eda local.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Autor\/a: Tom\u00e0s Font i Llovet<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 64\/2025, de 13 de marzo, ha resuelto el recurso interpuesto contra el Decreto-ley catal\u00e1n 3\/2023, de 7 de noviembre, de medidas urgentes sobre el r\u00e9gimen urban\u00edstico de las viviendas de uso tur\u00edstico. Dejamos ahora al margen sus pronunciamientos sobre los l\u00edmites constitucionales de los decretos leyes y sobre la garant\u00eda de la unidad de mercado, para centrarnos en sus consideraciones acerca de la eventual afectaci\u00f3n de la norma impugnada sobre la autonom\u00eda local.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4264,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"Tom\u00e0s Font i Llovet","cargo-autor":"Catedr\u00e1tico de Derecho Administrativo. 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