{"id":4206,"date":"2025-04-11T07:30:00","date_gmt":"2025-04-11T05:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=4206"},"modified":"2025-04-07T08:27:19","modified_gmt":"2025-04-07T06:27:19","slug":"la-memoria-economica-en-las-normas-reglamentarias-sentencia-del-tribunal-supremo-1032-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/la-memoria-economica-en-las-normas-reglamentarias-sentencia-del-tribunal-supremo-1032-2024\/","title":{"rendered":"La memoria econ\u00f3mica en las normas reglamentarias. Sentencia del Tribunal Supremo 1032\/2024"},"content":{"rendered":"\n

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secci\u00f3n Quinta) n\u00fam. 1032\/2024, de 11 de junio (ECLI:ES:TS:2024:3243)<\/strong><\/a>:<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n

RECURSO DE CASACI\u00d3N<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Se interpone el recurso de casaci\u00f3n 6896\/2022 por la Comunidad Aut\u00f3noma de Castilla y Le\u00f3n, contra la STSJ CYL 846\/2022, de 1 de julio, dictada en el recurso contencioso-administrativo 591\/2021, que hab\u00eda sido promovido por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Castilla y Le\u00f3n, en impugnaci\u00f3n del Decreto auton\u00f3mico 10\/2021, de 31 de marzo, en el que se aprobaba el Plan Sectorial de los Servicios de Prevenci\u00f3n, Extinci\u00f3n de Incendios y Salvamento de Castilla y Le\u00f3n (en adelante, Plan); servicios que son de titularidad local.<\/p>\n\n\n\n

La sentencia recurrida estima el recurso y declara la nulidad del Plan, acogiendo varios de los motivos de nulidad, si bien, a los efectos del presente recurso de casaci\u00f3n, debemos centrarnos en el de la \u00abla falta de previsi\u00f3n econ\u00f3mica\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

JUICIO DE LA SALA<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La cuesti\u00f3n que suscita inter\u00e9s casacional objetivo para la formaci\u00f3n de la jurisprudencia consiste en determinar si la memoria econ\u00f3mica, exigida en la aprobaci\u00f3n de toda norma reglamentaria, debe alcanzar un grado de concreci\u00f3n especial cuando la norma proyectada afecte a una Administraci\u00f3n p\u00fablica distinta de aquella que ejerce la potestad reglamentaria; m\u00e1s concretamente, cuando la norma emana de la Administraci\u00f3n auton\u00f3mica y tiene incidencia en las corporaciones locales.<\/p>\n\n\n\n

\n

La cuesti\u00f3n que suscita inter\u00e9s casacional objetivo para la formaci\u00f3n de la jurisprudencia consiste en<\/strong> determinar si la memoria econ\u00f3mica, exigida en la aprobaci\u00f3n de toda norma reglamentaria, debe alcanzar un grado de concreci\u00f3n especial cuando la norma proyectada afecte a una Administraci\u00f3n p\u00fablica distinta de aquella que ejerce la potestad reglamentaria; m\u00e1s concretamente, cuando la norma emana de la Administraci\u00f3n auton\u00f3mica y tiene incidencia en las corporaciones locales.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Las normas que deben ser objeto de interpretaci\u00f3n, entre otras que se consideren procedentes, son el art\u00edculo 129.7.\u00ba de la Ley de Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas, referido a los \u00abprincipios de buena regulaci\u00f3n\u00bb que deben observar todas las Administraciones p\u00fablicas en el ejercicio de la potestad reglamentaria, en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 9.3.\u00ba y 142 de la Constituci\u00f3n espa\u00f1ola, el art\u00edculo 7.3.\u00ba de la Ley Org\u00e1nica 2\/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y los art\u00edculos 12.1.\u00ba y 26.1.\u00bac) de la Ley Reguladora de las Bases del R\u00e9gimen Local.<\/p>\n\n\n\n

En el presente supuesto concurren en la norma reglamentaria impugnada peculiaridades que trascienden a los efectos de la exigencia formal que es el objeto de este recurso de casaci\u00f3n. En efecto, por la misma naturaleza del Plan que se aprueba en el Decreto auton\u00f3mico, la regulaci\u00f3n y las determinaciones que se establecen no inciden solo en la propia Administraci\u00f3n auton\u00f3mica, titular de la potestad reglamentaria que legitima la norma, sino tambi\u00e9n en las corporaciones locales de su \u00e1mbito territorial, provincia y municipios, dado que afectan a unos servicios (los de prevenci\u00f3n, extinci\u00f3n de incendios y salvamento) que son de titularidad municipal o provincial. Esa circunstancia comporta una relevancia peculiar para la exigencia de la memoria econ\u00f3mica que se impone en el ya mencionado art\u00edculo 129.7.\u00ba de la LPAC, porque en la medida en que con las determinaciones del Plan se est\u00e9n imponiendo nuevos costes del servicio, que gestionan dichas corporaciones municipales, la exigencia formal no es ya solo una cuesti\u00f3n que afecte a la buena regulaci\u00f3n, sino que incide de manera directa en la misma autonom\u00eda de estas entidades locales, que se garantiza en el art\u00edculo 140 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Dado que el debate se centra en determinar un vicio de procedimiento, es necesario partir de que reiteradamente hemos declarado (por todas, Sentencia 886\/2020, de 29 de junio, ECLI:ES:TS:2020:2120) que, en relaci\u00f3n con los requisitos de procedimiento que se imponen para la aprobaci\u00f3n de una norma reglamentaria, su cumplimiento ha de ser examinado, de una parte, atendiendo al cumplimiento o no en cada caso del concreto tr\u00e1mite de procedimiento impuesto, y, de otra, a si, en el supuesto concreto enjuiciado, cabe concluir que los vicios denunciados en la tramitaci\u00f3n comportan una vulneraci\u00f3n de los fines que el legislador ha pretendido con el referido estudio econ\u00f3mico. Es decir, ha de valorarse si la denuncia de incumplimiento trasciende materialmente a los fines con que dicho tr\u00e1mite fue establecido por el legislador, porque solo entonces puede llevar a declarar la nulidad de la norma reglamentaria.<\/p>\n\n\n\n

Sentado lo anterior, y estando sujeta la potestad reglamentaria al principio de buena regulaci\u00f3n, en concreto al principio de eficiencia, el titular de dicha potestad debe prever los gastos o ingresos p\u00fablicos que ha de suponer la aplicaci\u00f3n de la norma proyectada, as\u00ed como su repercusi\u00f3n a los efectos de salvaguardar los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera, que es lo que se impone en el ya mencionado art\u00edculo 129.7.\u00ba.<\/p>\n\n\n\n

No cabe exigir una ponderaci\u00f3n detallada y exacta de todos los costes que pueda suponer el reglamento, pues se trata de datos cuya completa determinaci\u00f3n puede resultar imposible en el momento de aprobarse aquel, pero al menos es precisa la elaboraci\u00f3n de una estimaci\u00f3n aproximada que tenga en cuenta las variables que puedan producirse.<\/p>\n\n\n\n

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No cabe exigir una ponderaci\u00f3n detallada y exacta de todos los costes que pueda suponer el reglamento, pues se trata de datos cuya completa determinaci\u00f3n puede resultar imposible en el momento de aprobarse aquel, pero al menos es precisa la elaboraci\u00f3n de una estimaci\u00f3n aproximada que tenga en cuenta las variables que puedan producirse.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Con tales premisas hemos de examinar si los razonamientos y conclusiones a que llega la Sala de instancia en su sentencia son contrarios a la exigencia formal que se considera vulnerada.<\/p>\n\n\n\n

Para ello es obligado comenzar por se\u00f1alar que el Plan encuentra legitimaci\u00f3n en el art\u00edculo 40 de la Ley auton\u00f3mica 4\/2007, de 28 de marzo, de Protecci\u00f3n Ciudadana de Castilla y Le\u00f3n, que atribuye a la Comunidad Aut\u00f3noma la coordinaci\u00f3n de los servicios de prevenci\u00f3n, extinci\u00f3n de incendios y salvamento mediante la elaboraci\u00f3n de un plan sectorial, pero no las competencias sobre dichos servicios, que son de competencia municipal, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 25.2.\u00baf) de la LBRL.<\/p>\n\n\n\n

Acorde a dichas previsiones legales, lo que se dispone en el art\u00edculo primero del Decreto auton\u00f3mico impugnado es que se procede a la aprobaci\u00f3n del referido plan, con la finalidad de \u00abde garantizar la homogeneidad en la prestaci\u00f3n de los citados servicios y la interoperatividad con el resto de los servicios del sistema de protecci\u00f3n ciudadana de Castilla y Le\u00f3n\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Obra en el expediente una memoria del Plan en la que se contiene un apartado (el cuarto) referido al \u00abimpacto econ\u00f3mico y presupuestario\u00bb (folio 14 del PDF) en el que se concluye que \u00abno tiene repercusi\u00f3n en el gasto p\u00fablico de los presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y Le\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Previsi\u00f3n bien diferente se establec\u00eda en la memoria con relaci\u00f3n a la incidencia del Plan para las entidades locales, \u00abque son las prestadoras del servicio\u00bb, para las que el \u00abproyecto de decreto puede tener impacto presupuestario, concretamente en las variaciones del gasto en funci\u00f3n del despliegue que hagan\u00bb. Es decir, en la misma elaboraci\u00f3n del Plan se tiene constancia de que las previsiones que en \u00e9l se imponen a los municipios tienen un aumento de coste. Ahora bien, el Plan parte de una decisi\u00f3n aut\u00f3noma de cada municipio, sin imposici\u00f3n obligatoria de las previsiones del Plan, porque esa adaptaci\u00f3n, que se considera que no es necesaria en todos los supuestos, se deja al criterio de cada corporaci\u00f3n: \u00aben todo caso y de acuerdo con el actual marco legal, ser\u00e1n acordes con sus disponibilidades presupuestarias, garantizando la estabilidad presupuestaria a la que est\u00e1n obligados\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed pues, previsi\u00f3n econ\u00f3mica existe, por m\u00e1s que se condicione a las decisiones de los municipios, que son, no se olvide, los titulares del servicio que la Administraci\u00f3n auton\u00f3mica ha de coordinar, no crear ni sufragar.<\/p>\n\n\n\n

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As\u00ed pues, previsi\u00f3n econ\u00f3mica existe, por m\u00e1s que se condicione a las decisiones de los municipios, que son, no se olvide, los titulares del servicio que la Administraci\u00f3n auton\u00f3mica ha de coordinar, no crear ni sufragar.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Es decir, el Plan pretende establecer la coordinaci\u00f3n de los servicios existentes, y contempla la posibilidad de que puedan realizarse inversiones para adecuarse a sus previsiones, para lo cual no se desentiende de los recursos econ\u00f3micos necesarios, sino que en el Plan se contemplan dichas fuentes de financiaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

De lo expuesto se concluye, a los efectos de dar respuesta a la cuesti\u00f3n casacional objetiva, que, suscitado el debate en el \u00e1mbito meramente formal denunciado en el recurso, y teniendo en cuenta que la norma reglamentaria impugnada afecta a las Administraciones locales, debe extremarse la exigencia de la memoria econ\u00f3mica, debiendo estimarse cumplimentada la exigencia cuando en el procedimiento de aprobaci\u00f3n de la norma reglamentaria auton\u00f3mica se elabora una memoria econ\u00f3mica con la previsi\u00f3n de los gastos que comporta y los medios para su financiaci\u00f3n por la Administraci\u00f3n que aprueba la norma, por m\u00e1s que se deje al criterio de la soberana decisi\u00f3n de las corporaciones municipales asumir el cumplimiento de la norma reglamentaria con la aceptaci\u00f3n de dicha financiaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Autor\/a: Miryam Quintanilla Navarro<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El Tribunal Supremo sostiene que cuando la norma reglamentaria emana de la Administraci\u00f3n auton\u00f3mica y tiene incidencia en las corporaciones locales debe extremarse la exigencia de la memoria econ\u00f3mica, debiendo estimarse cumplimentada con la previsi\u00f3n de los gastos que comporta y los medios para su financiaci\u00f3n.
\nSENTIDO DEL FALLO: No ha lugar al recurso de casaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4207,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"Miryam Quintanilla Navarro","cargo-autor":"Funcionaria de carrera y Doctora en Derecho","foto-autor":""}},"footnotes":""},"categories":[172],"tags":[94,45,27],"autor-post":[171],"class_list":["post-4206","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-jurisprudencia","tag-buena-administracion","tag-mejora-regulatoria","tag-potestad-reglamentaria","autor-post-miryam-quintanilla-navarro"],"yoast_head":"\nLa memoria econ\u00f3mica en las normas reglamentarias. 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