{"id":4146,"date":"2025-02-28T07:30:00","date_gmt":"2025-02-28T06:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=4146"},"modified":"2025-02-24T09:10:41","modified_gmt":"2025-02-24T08:10:41","slug":"la-administracion-no-puede-beneficiarse-de-su-inactividad-para-extender-el-plazo-de-prescripcion-de-las-deudas-tributarias-sentencia-del-tribunal-supremo-1215-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/la-administracion-no-puede-beneficiarse-de-su-inactividad-para-extender-el-plazo-de-prescripcion-de-las-deudas-tributarias-sentencia-del-tribunal-supremo-1215-2024\/","title":{"rendered":"La Administraci\u00f3n no puede beneficiarse de su inactividad para extender el plazo de prescripci\u00f3n de las deudas tributarias. Sentencia del Tribunal Supremo 1215\/2024"},"content":{"rendered":"\n

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secci\u00f3n Segunda) n\u00fam. 1215\/2024, de 8 de julio (ECLI:ES:TS:2024:3836)<\/a><\/a><\/a>:<\/p>\n\n\n\n

RECURSO DE CASACI\u00d3N: ANTECEDENTES<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En el presente recurso de casaci\u00f3n, interpuesto por el Real Autom\u00f3vil Club de Catalu\u00f1a (en lo sucesivo, RACC) contra el Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio, se recurr\u00eda la sentencia de 5 de diciembre de 2022, dictada, en apelaci\u00f3n, por la secci\u00f3n novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). En este \u00faltimo pronunciamiento, a su vez, se impugnaba una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.\u00ba 1 de Madrid en la que se hab\u00eda desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la parte recurrente contra una resoluci\u00f3n del concejal de Hacienda de dicho municipio, al considerar que la deuda tributaria objeto de la controversia hab\u00eda prescrito.<\/p>\n\n\n\n

En los antecedentes del asunto se deja constancia de que la parte actora present\u00f3, el 8 de octubre de 2014, la correspondiente autoliquidaci\u00f3n del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Al d\u00eda siguiente, el RACC remiti\u00f3 a la Administraci\u00f3n local una solicitud de aplazamiento del pago de la deuda, requiri\u00e9ndosele por parte de aquella, en una resoluci\u00f3n notificada el 24 de octubre, que presentase las oportunas garant\u00edas. El 29 de octubre de ese mismo a\u00f1o se remiti\u00f3 la documentaci\u00f3n acreditativa de la constituci\u00f3n de dichas garant\u00edas. Cuatro a\u00f1os m\u00e1s tarde, el 25 de octubre de 2018, el concejal de Hacienda dict\u00f3 un decreto concediendo el aplazamiento solicitado, por un per\u00edodo de 4 a\u00f1os, que hab\u00eda concluido el 20 de octubre de 2018. La v\u00eda administrativa se agot\u00f3 con la interposici\u00f3n del recurso de reposici\u00f3n, por parte del contribuyente, en donde se alegaba que la deuda tributaria ya hab\u00eda prescrito y que la entidad local ya no pod\u00eda reclamar su pago.<\/p>\n\n\n\n

En v\u00eda judicial, tanto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo como el TSJM dictan sentencia desestimando la pretensi\u00f3n del RACC. En ambas instancias, las respectivas autoridades judiciales acogen favorablemente el posicionamiento del municipio demandado, afirmando que el inicio del c\u00f3mputo del plazo de prescripci\u00f3n ha de calcularse tomando como referencia la fecha en la que se produjo la desestimaci\u00f3n presunta de la petici\u00f3n de aplazamiento (9 de abril de 2015). En cambio, la parte actora sosten\u00eda que la desestimaci\u00f3n presunta es una mera ficci\u00f3n jur\u00eddica, que carece de efectos para interrumpir la prescripci\u00f3n, por lo que el inicio de dicho plazo deb\u00eda computarse desde la \u00faltima actuaci\u00f3n formal realizada para obtener el cobro de la deuda, que, en este caso, coincide con la fecha en que se aportaron las garant\u00edas (29 de octubre de 2014).<\/p>\n\n\n\n

JUICIO DE LA SALA<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Las cuestiones que presentan inter\u00e9s casacional objetivo para la formaci\u00f3n de jurisprudencia estriban:<\/p>\n\n\n\n

Por un lado, en precisar si el mero transcurso del plazo de seis meses desde la presentaci\u00f3n de una solicitud de aplazamiento de pago de la deuda tributaria sin que la Administraci\u00f3n le haya dado respuesta expresa solamente determina que pueda considerarse desestimada, a los efectos de interponer el recurso que proceda; o si, por el contrario, a la mera ficci\u00f3n de la desestimaci\u00f3n presunta por silencio pueda atribu\u00edrsele efecto interruptivo de la prescripci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Y, por otro lado, en determinar si cuando se solicite un aplazamiento de la deuda tributaria, no resuelto en el plazo de seis meses, debe situarse como d\u00eda inicial del c\u00f3mputo del plazo, a efectos de interrumpir la prescripci\u00f3n del derecho a recaudarla, el d\u00eda en que se pueda entender desestimada la petici\u00f3n por silencio; o, por el contrario, debe situarse en la \u00faltima actuaci\u00f3n formal dirigida al cobro de la deuda tributaria, realizada con anterioridad al incumplimiento.<\/p>\n\n\n\n

\n

Determinar si cuando se solicite un aplazamiento de la deuda tributaria, no resuelto en el plazo de seis meses, debe situarse como d\u00eda inicial del c\u00f3mputo del plazo, a efectos de interrumpir la prescripci\u00f3n del derecho a recaudarla, el d\u00eda en que se pueda entender desestimada la petici\u00f3n por silencio; o, por el contrario, debe situarse en la \u00faltima actuaci\u00f3n formal dirigida al cobro de la deuda tributaria, realizada con anterioridad al incumplimiento.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

El Tribunal Supremo inicia su argumentaci\u00f3n afirmando que la tesis defendida por el Ayuntamiento, y respaldada por los tribunales de instancia y apelaci\u00f3n, es conceptualmente err\u00f3nea. En concreto, esta se fundamentaba en equiparar el plazo m\u00e1ximo de 6 meses del que dispone la Administraci\u00f3n para resolver la solicitud de aplazamiento con el per\u00edodo de pago voluntario de la deuda tributaria. Por tanto, una vez concluido dicho plazo, sin haber obtenido respuesta, se iniciar\u00eda el per\u00edodo de pago en v\u00eda ejecutiva, y, por tanto, se comenzar\u00eda a computar el plazo de prescripci\u00f3n desde esa misma fecha. No obstante, de acuerdo con el art. 62.2 LGT y el art. 52.4.a) del Reglamento General de Recaudaci\u00f3n, la presentaci\u00f3n de una solicitud de aplazamiento suspende el periodo de ingreso voluntario, de modo que, una vez dictada la resoluci\u00f3n expresa denegando dicha solicitud, debe concederse un nuevo plazo voluntario de pago.<\/p>\n\n\n\n

A fortiori<\/em>, dicho tribunal recuerda que el instituto del silencio administrativo se configura como una garant\u00eda del administrado, cuyo \u00fanico efecto es permitir la impugnaci\u00f3n de un acto presunto por parte del interesado. Por tanto, no cabe equipararlo a un verdadero acto administrativo, ni, mucho menos, reconocer que este sea susceptible de interrumpir la prescripci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

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A fortiori<\/em>, dicho tribunal recuerda que el instituto del silencio administrativo se configura como una garant\u00eda del administrado, cuyo \u00fanico efecto es permitir la impugnaci\u00f3n de un acto presunto por parte del interesado. Por tanto, no cabe equipararlo a un verdadero acto administrativo, ni, mucho menos, reconocer que este sea susceptible de interrumpir la prescripci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Por lo que respecta a la segunda cuesti\u00f3n, el Tribunal Supremo declara que, en estos supuestos, ha de fijarse el dies a quo<\/em> en la \u00faltima actuaci\u00f3n efectiva dirigida a ejercitar el derecho a recaudar. Por tanto, el plazo de prescripci\u00f3n debi\u00f3 computarse desde la presentaci\u00f3n de la documentaci\u00f3n acreditativa de las dificultades de tesorer\u00eda por parte del RACC.<\/p>\n\n\n\n

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Ha de fijarse el dies a quo<\/em> en la \u00faltima actuaci\u00f3n efectiva dirigida a ejercitar el derecho a recaudar. Por tanto, el plazo de prescripci\u00f3n debi\u00f3 computarse desde la presentaci\u00f3n de la documentaci\u00f3n acreditativa de las dificultades de tesorer\u00eda por parte del RACC.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Por todo ello, el Tribunal Supremo dicta sentencia estimando el recurso de casaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Autor\/a: Noelia Betetos Agrelo<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En la sentencia del Tribunal Supremo n\u00fam. 1215\/2024, de 8 de julio, se precisa que la fecha en la que se produce la desestimaci\u00f3n presunta de la solicitud de aplazamiento de una deuda tributaria no puede tomarse como referencia para calcular el inicio del c\u00f3mputo del plazo de prescripci\u00f3n.
\nSENTIDO DEL FALLO: desestimaci\u00f3n de los recursos contencioso-administrativo y de apelaci\u00f3n, estimaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4147,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"Noelia Betetos Agrelo","cargo-autor":"Profesora lectora en la Universidad de Barcelona","foto-autor":""}},"footnotes":""},"categories":[172],"tags":[142],"autor-post":[108],"class_list":["post-4146","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-jurisprudencia","tag-procedimiento-administrativo","autor-post-noelia-betetos-agrelo"],"yoast_head":"\nLa Administraci\u00f3n no puede beneficiarse de su inactividad para extender el plazo de prescripci\u00f3n de las deudas tributarias. 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