{"id":4106,"date":"2025-02-05T07:30:00","date_gmt":"2025-02-05T06:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/?p=4106"},"modified":"2025-01-30T09:31:29","modified_gmt":"2025-01-30T08:31:29","slug":"las-consecuencias-de-la-invalidez-de-los-contratos-publicos-del-enriquecimiento-a-la-restitucion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gobiernolocal.org\/acento-local\/las-consecuencias-de-la-invalidez-de-los-contratos-publicos-del-enriquecimiento-a-la-restitucion\/","title":{"rendered":"Las consecuencias de la invalidez de los contratos p\u00fablicos: del enriquecimiento a la restituci\u00f3n"},"content":{"rendered":"\n<p>El art. 42 de la LCSP establece que la declaraci\u00f3n de nulidad de los actos de preparaci\u00f3n o adjudicaci\u00f3n llevar\u00e1 consigo la del propio contrato, que entrar\u00e1 en fase de liquidaci\u00f3n y las partes deber\u00e1n restituirse rec\u00edprocamente las prestaciones o, si ello no es posible, su valor. Adem\u00e1s, la parte culpable deber\u00e1 indemnizar a la otra los da\u00f1os y perjuicios causados.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta obligaci\u00f3n de restituci\u00f3n, sin embargo, se ha visto desplazada (sin causa) por la prohibici\u00f3n del enriquecimiento injusto. As\u00ed, cuando el contratista reclama el pago de las prestaciones realizadas y la Administraci\u00f3n se niega esgrimiendo que el contrato es inv\u00e1lido, la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa no concluye que procede la restituci\u00f3n de la prestaci\u00f3n o, de no ser ello posible, de su valor, sino que condena al pago a la Administraci\u00f3n para evitar su enriquecimiento y el correlativo empobrecimiento del contratista. De este modo, suele afirmarse, se garantiza mejor la justicia material y simplifica los problemas.<\/p>\n\n\n\n<p>En mi opini\u00f3n, cuando se declara la invalidez no procede acudir al enriquecimiento o a la responsabilidad patrimonial de la Administraci\u00f3n, sino a la restituci\u00f3n por nulidad contractual, que es una instituci\u00f3n aut\u00f3noma y desvinculada de las anteriores. Primero, porque esa es la consecuencia jur\u00eddica que establece expresamente la legislaci\u00f3n de contratos p\u00fablicos para los supuestos de declaraci\u00f3n de invalidez. Segundo, porque el enriquecimiento injusto tambi\u00e9n plantea numerosos problemas y no resuelve mejor que la restituci\u00f3n problemas tales como si se ha de abonar al contratista el beneficio industrial o los intereses. M\u00e1s a\u00fan, creo que la restituci\u00f3n permite determinar mejor que el enriquecimiento el alcance o extensi\u00f3n de lo que debe devolverse al contratista cuando ha realizado su prestaci\u00f3n y (como suele ser habitual) no es posible su restituci\u00f3n <em>in natura<\/em> por la Administraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>Cuando se declara la invalidez no procede acudir al enriquecimiento o a la responsabilidad patrimonial de la Administraci\u00f3n, sino a la restituci\u00f3n por nulidad contractual.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>El art. 42.1 LCSP establece, en primer lugar, la restituci\u00f3n primaria o <em>in natura <\/em>de las prestaciones. Pero, en el \u00e1mbito de la contrataci\u00f3n p\u00fablica, la restituci\u00f3n de las prestaciones satisfechas es, en realidad, la excepci\u00f3n. Por eso, el propio precepto prev\u00e9 que cuando la restituci\u00f3n de las prestaciones <em>in natura<\/em> no sea \u201cposible se devolver\u00e1 su valor\u201d (restituci\u00f3n secundaria).<\/p>\n\n\n\n<p>Si ambas partes ya han recibido la prestaci\u00f3n y la restituci\u00f3n <em>in natura<\/em> no es posible, la restituci\u00f3n tiene poco recorrido, ya que se produce una compensaci\u00f3n entre las prestaciones realizadas (precio por obra, precio por cosa, precio por servicio). Las prestaciones intercambiadas no se restituyen porque se compensan. Lo que encuentra apoyo en la previsi\u00f3n del propio art. 42.1 LCSP de que el contrato entra en fase de liquidaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Si solo una de las partes recibi\u00f3 la prestaci\u00f3n, la restituci\u00f3n ser\u00e1 unilateral. Es lo que ocurre en el \u00e1mbito de la contrataci\u00f3n p\u00fablica, en la que generalmente solo el contratista ha realizado la prestaci\u00f3n que, adem\u00e1s, no se puede restituir <em>in natura<\/em>. Y entonces surge el problema de c\u00f3mo se determina ese valor que la Administraci\u00f3n debe abonar al contratista: \u00bfEs el coste de la prestaci\u00f3n?, \u00bfes el precio del contrato?, \u00bfincluye el beneficio industrial?, \u00bftambi\u00e9n los intereses legales o moratorios?<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>Y entonces surge el problema de c\u00f3mo se determina ese valor que la Administraci\u00f3n debe abonar al contratista: \u00bfEs el coste de la prestaci\u00f3n?, \u00bfes el precio del contrato?, \u00bfincluye el beneficio industrial?, \u00bftambi\u00e9n los intereses legales o moratorios?<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>El valor de la prestaci\u00f3n no es el coste o el gasto que la prestaci\u00f3n le ha supuesto al contratista. Tampoco es el precio del contrato, aunque este puede actuar como indicador objetivo del valor de la prestaci\u00f3n. El valor de la prestaci\u00f3n es su valor objetivo en el mercado. Por eso, aunque diversos \u00f3rganos consultivos y algunas resoluciones judiciales lo niegan, en ese valor de la prestaci\u00f3n debe incluirse el beneficio industrial que ha de tenerse en cuenta en el c\u00e1lculo del valor estimado de los contratos (art. 101.2 LCSP). De no incluirse en dicho valor, no se producir\u00eda el efecto restitutorio o repristinatorio propio de la declaraci\u00f3n de invalidez, que trata \u2014en la medida de lo posible\u2014 de colocar a las partes en la situaci\u00f3n anterior a la celebraci\u00f3n del contrato. L\u00f3gicamente, el beneficio industrial que debe incluirse en la restituci\u00f3n es el de la prestaci\u00f3n ya realizada e irrestituible <em>in natura<\/em>, no el beneficio industrial de las prestaciones del contrato anulado que quedasen por satisfacer.<\/p>\n\n\n\n<p>En el valor de restituci\u00f3n de la prestaci\u00f3n tambi\u00e9n han de incluirse los intereses legales, tal y como disponen los arts. 1303 y 1307 del CC. Tambi\u00e9n es la soluci\u00f3n general que establece en el derecho p\u00fablico la Ley General Presupuestaria, para los pagos indebidos y dem\u00e1s reintegros declarados inv\u00e1lidos (art. 77.4 en relaci\u00f3n con el art. 17). Son intereses restitutorios. Los intereses de demora, por el contrario, no forman parte del contenido de la obligaci\u00f3n de restituci\u00f3n, pues no tratan de restablecer el <em>statu quo ante contractus<\/em>. Surgen de la mora o retraso en el pago por parte de la Administraci\u00f3n. Su naturaleza no es restitutoria, sino resarcitoria (art. 1108 CC).<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>Los intereses de demora, por el contrario, no forman parte del contenido de la obligaci\u00f3n de restituci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Algunos \u00f3rganos consultivos y diversos autores han sostenido, sin embargo, que cuando el contratista no es ajeno a la causa que determina la anulaci\u00f3n del contrato debe recibir \u00fanicamente el coste de la prestaci\u00f3n realizada, que ha calcularse detrayendo el beneficio industrial y los intereses. Pero esta doctrina no tiene soporte normativo alguno y contradice el principio de neutralidad de la restituci\u00f3n. Si una de las partes ha sido la culpable de la invalidez debe indemnizar a la otra, como establece el \u00faltimo inciso del art. 42.1 LCSP, no restituir de modo diferente la prestaci\u00f3n o su valor.<\/p>\n\n\n\n<p>Concluyo. La interpretaci\u00f3n de las consecuencias de la invalidez de los contratos p\u00fablicos que est\u00e1n haciendo los \u00f3rganos consultivos y numerosas resoluciones judiciales (desplazando las consecuencias restitutorias previstas legalmente y detrayendo del valor de la prestaci\u00f3n el beneficio industrial y los intereses) est\u00e1 provocando que la Administraci\u00f3n tenga cada vez menos incentivos para respetar los estrictos requisitos de la contrataci\u00f3n y cuente con m\u00e1s alicientes para vulnerar tales exigencias, prorrogar <em>contra legem<\/em> los contratos, ordenar ilegalmente acuerdos de continuidad o mantener los efectos de los contratos a pesar de haber declarado de oficio su nulidad.<\/p>\n\n\n\n<p>Esto resulta contrario a la funci\u00f3n de direcci\u00f3n de la actividad administrativa que deben cumplir las normas que regulan la invalidez de los contratos p\u00fablicos y establecen sus efectos o consecuencias. Estas normas deben constituir un incentivo para que la Administraci\u00f3n respete el derecho de la contrataci\u00f3n p\u00fablica. Esa funci\u00f3n de incentivo y direcci\u00f3n no se cumple con la interpretaci\u00f3n que se est\u00e1 haciendo y he criticado, pues el mensaje que se manda a la Administraci\u00f3n es que puede seguir desarrollando su actuaci\u00f3n contractual de forma irregular, ya que paga menos si celebra contratos inv\u00e1lidos que si lo hace respetando la legalidad.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p><strong>El mensaje que se manda a la Administraci\u00f3n es que puede seguir desarrollando su actuaci\u00f3n contractual de forma irregular, ya que paga menos si celebra contratos inv\u00e1lidos que si lo hace respetando la legalidad.<\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Un tratamiento m\u00e1s extenso y fundado en: <a href=\"https:\/\/www.cepc.gob.es\/sites\/default\/files\/2025-01\/40705rap22505cano-campos.pdf\">https:\/\/www.cepc.gob.es\/sites\/default\/files\/2025-01\/40705rap22505cano-campos.pdf<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Autor\/a: <strong>Tom\u00e1s Cano Campos<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La invalidez de los contratos p\u00fablicos plantea el problema de sus efectos o consecuencias cuando el contratista ha realizado ya alguna prestaci\u00f3n, en particular la cantidad que por ello le ha de abonar la Administraci\u00f3n, en concepto de qu\u00e9 se satisface y, sobre todo, si en dicha cantidad deben incluirse el beneficio industrial y los intereses. El presente <i>post<\/i> trata de aclarar estas cuestiones, criticando la aplicaci\u00f3n del enriquecimiento injusto o la responsabilidad y reivindicando la aplicaci\u00f3n de las consecuencias restitutorias que contempla desde siempre nuestra legislaci\u00f3n de contratos.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4108,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"area-autor":{"item-0":{"nombre-del-autor":"Tom\u00e1s Cano Campos","cargo-autor":"Catedr\u00e1tico de Derecho Administrativo UCM. 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